Días después de que el procurador General del Estado (PGE), Íñigo Salvador, anunció que la institución que dirige buscaría que el juez que otorgó el cambio de régimen penitenciario por el que salió de la cárcel el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, le ordene además que pague lo definido en cada una de las sentencias, un juez de Garantías Penitenciarias de Santo Domingo de los Tsháchilas le da la razón.

Álex Bravo fue sentenciado en tres causas por actos de corrupción.

Mediante un comunicado público, la PGE dio a conocer que luego de una audiencia, el juez respectivo dispuso que Álex Bravo pague al Estado ecuatoriano el monto fijado como reparación integral y multa en las sentencias condenatorias ejecutoriadas en su contra. A partir del 5 de octubre pasado, que se dio la audiencia, el exgerente de Petroecuador tendrá 30 días para pagar esta obligación.

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La acumulación de penas le permite a Álex Bravo salir de la cárcel y beneficiarse del régimen semiabierto

Álex Bravo debe pagar al Estado ecuatoriano por multas, reparación integral y penas pecuniarias impuestas en tres procesos relacionados con actos de corrupción por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, caso que inicialmente se lo llevó por tráfico de influencias, y delincuencia organizada.

Por el delito de cohecho Bravo junto a doce personas condenadas más deben pagar un total $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12.6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria. En este caso, ha dicho Salvador, el Tribunal respectivo no ha definido aún la cifra exacta que deben pagar Bravo o los restantes procesados, entre quienes está el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.

Además, al exfuncionario del período correísta se le dispuso cancelar $ 364.000 como parte del fallo en firme por enriquecimiento ilícito. La Procuraduría está a cargo de la recuperación de los bienes en estos dos casos.

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Petroecuador, en cambio, tiene que hacerse cargo de recuperar los $ 1.3 millones que debe pagar Álex Bravo en el caso por delincuencia organizada en el que fue ubicado como colaborador, luego de acogerse al procedimiento abreviado. En esta última causa se ordenó el pago de una multa de $ 4.500 y una reparación de $ 1′298.520, dineros que debían ser depositados en las cuentas de Petroecuador.

La PGE sostiene que de no cumplir con la cancelación de los valores dispuestos, “en virtud de los previsto en el inciso sexto del artículo 670 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía deberá iniciar el proceso penal que corresponde y Álex Bravo podría volver a prisión”.

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La norma en cuestión define que en el caso de que los mecanismos de reparación integral a la víctima impliquen a instituciones públicas se ordenará su cumplimiento en un plazo de 30 días y se remitirá el expediente a la Fiscalía para su investigación.

El articulo 670 del COIP, en su quinto inciso, refiere que el trámite de los incidentes relativos al incumplimiento de todo o parte de la reparación integral a la víctima que consta en la sentencia, se desarrollará según este procedimiento, que podrá determinar la forma de cumplimiento en caso de indemnización; y en caso de probarse el incumplimiento total de los mecanismos de reparación integral hacia la víctima se informará a la Fiscalía para que inicie la acción penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tipificado en el artículo 282 del COIP.

Álex Bravo no ha pagado nada de los más de $ 6 millones que la justicia le ordenó devolver, pero el Estado ha recuperado algunos de sus bienes

El juez José Guzmán, de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias del cantón Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), dio paso al cambió de régimen cerrado a semiabierto para Bravo, luego de que se aprobó la acumulación de penas. El exgerente de Petroecuador durante la presidencia de Rafael Correa salió de la cárcel el pasado 2 de septiembre.

Los menos de dos años que le restan por completar de los 8 años y tres meses que se le definieron en la acumulación de penas, Álex Bravo los cumplirá usando un grillete electrónico, presentándose todos los sábados en el Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo de los Tsháchilas y con prohibición de salida del país. (I)

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