Para los candidatos a la alcaldía de Quito y Latacunga, Jorge Yunda y Jorge Guamán, respectivamente, parece ser que el objetivo electoral desaparece y sus prioridades vuelven a centrarse en los procesos penales que mantienen en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, ante supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en su paso por la función pública.

Aún el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado a conocer oficialmente los resultados finales de las votaciones dadas este 5 de febrero, pero las tendencias, al menos para las alcaldías de Quito y Latacunga, dejan a Yunda y Guamán en lugares que no esperaban, lejos de los ganadores.

Con esa situación, los pobladores de Quito y Latacunga no tendrán la realidad de que quien esté al mando de esos municipios está inmerso en procesos penales, por los cuales podrían en algún momento recibir una sentencia de culpabilidad, ir a la cárcel, generando un vacío de poder en esas instituciones seccionales.

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Jorge Yunda, un médico de 57 años de edad, buscaba por segunda ocasión liderar por los próximos cuatro años al Distrito Metropolitano de Quito. Él representaba a una alianza integrada por Pueblo Igualdad y Democracia, lista 4; movimiento Pachakutik (PK), lista 18; y movimiento Mover, lista 35. Mantenía abiertos dos frentes: un jurídico-penal y otro jurídico-electoral.

El cesado alcalde mantiene un proceso penal por el delito de peculado que no avanza, desde finales de septiembre de 2021, de la etapa de juicio. En esa causa se le ordenó usar grillete electrónico, tiene prohibido salir del país y debe presentarse ante las autoridades judiciales cuatro veces por semana.

Trece personas más, junto a Yunda, son procesados por un peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Todos esperan que se defina una fecha para iniciar de cero el juzgamiento y nuevos integrantes para el Tribunal de Juicio, pues el juez Fabián Fabara, fue recusado, y los jueces Wilson Lema, presidente del Tribunal, y Patlova Guerra, el 12 de octubre último, presentaron su excusa a seguir en el caso.

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Tampoco ha concluido para Jorge Yunda la fase de apelación que se lleva en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la denuncia presentada por el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ante una infracción electoral grave, la cual podría confirmar la suspensión de los derechos políticos del exalcalde.

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Yunda hasta el final defendió el derecho a posesionarse si ganaba. Por el lado electoral dijo que gozaba de sus derechos políticos y en lo judicial aclaró que a él no se le había destruído su estado de inocencia.

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Desde agosto del año pasado no ha podido ejecutarse una sentencia de segunda y definitiva instancia que además de la pérdida de derechos políticos por dos años para Yunda ordena el pago de una multa de 30 salarios básicos. Este fallo se emitió el 19 de agosto de 2022 por un Tribunal del TCE.

El analista político Jorge Peñafiel reconoce que el tema legal tuvo algún impacto en los resultados obtenidos por Yunda como por otros candidatos, pero califica que este impacto fue marginal.

“El común del ciudadano no comprende las dinámicas penales o los procesos que mantengan en la justicia, ni los grilletes. El ciudadano comprende simplemente la realidad que a él se le presenta en relación a los candidatos. En el caso de Jorge Yunda vendió la idea incluso de que el grillete y el porceso en su contra era una persecución política. A él le sirvió para impulsar su candidatra”, explicó.

En cambio, para el exprefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, a finales de febrero, una vez se proclamen oficialmente los resultados electorales que existe para la alcaldía de Latacunga -para la cual él optaba por el movimiento PK-, la tramitación del proceso penal que se le sigue por el delito de delincuencia organizada se reactivará.

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Esa fue la orden que dio el 11 de octubre pasado el juez que está a cargo del caso en Latacunga y que días después esa suspensión de tramitación se extendió a los nueve procesados restantes.

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Peñafiel sostiene que el elector no mira lo que está detrás del candidato, sino lo que el candidato le presenta en el momento que está pidiendo el voto. Por ello cree que las condiciones juridicas y judiciales que tengan los potenciales candidatos poco o nada sirven al momento de votar.

“El voto es emocional, no es un voto racional. El voto racional en el Ecuador no llegará ni al 10 % del electorado. El voto es emocional. Imáginese el resultado que obtiene la Revolución Ciudadana cuando su líder es una persona que tiene una sentencia en firme, otros juicios, una orden de prisión, etcétera, y ternmina venciendo por internet”, reflexionó Peñafiel.

La instrucción fiscal contra Guamán y otras nueve personas se abrió, a finales de julio pasado, ante una denuncia sobre que en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia.

Según la investgación de Fiscalía, la supuesta oranización delictiva habría tenido la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, previo a un acuerdo con personas relacionadas a esas empresas a través de la entrega de dinero u otro mecanismos de beneficio.

La teoría del caso de Fiscalía define a Guamán como quien ejercía la dirección y mando de la organización, es decir, era el encargado de disponer y aprobar todas las acciones ejecutadas por su colaborador directo Pablo V., quien era el encargado de ejecutar las disposiciones junto al resto de procesados.

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La idea de que para el electorado pasan desapercibidos los temas judiciales y penales que un candidato pueda mantener previo a su postulación, parece evidenciarse en el caso de Paúl Vélez, candidato a la alcaldía de Muisne que mantiene una sentencia de 25 años de cárcel -la cual aún nó está en firme- por el asesinato del quien ganó en 2014 como alcalde de Muiste, Walker Vera.

Con el 43 % de la votación del cantón Muisne escrutada, Vélez aparece como primero en la tendencia de voto en esa localidad. Este candidato salió de prisión debido a que se le otorgó un habeas corpus y pese a que sobre él existía un fallo judicial como autor intelectual del crimen de Vera.

Aún resta por conocer si se confirma esta tendencia, la cual significaría que Vélez vuelva a la alcaldia de Muisne, pero con un porceso penal encima que aún no concluye en todas sus etapas. (I)