Para la Fiscalía, la versión de Pedro Vicente Saona, rendida el 25 de marzo último, parece ser en el proceso penal por cohecho la confirmación de que la compañía LegalCont LLC de Estados Unidos se constituyó con el único fin de cristalizar la entrega de $ 1′335.935 por el desvanecimiento de una glosa de $ 22′645.008,32 a favor de la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda.

Desde el 28 de marzo pasado, Pedro Saona junto al excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y China CAMC son investigados por el delito de cohecho. Los tres primeros también forman parte del caso Las Torres en el que se investiga una delincuencia organizada que desvaneció glosas para facilitar el pago a empresas privadas y a cambio obtener beneficios económicos.

Saona se mantiene prófugo de la justicia en el caso Las Torres y, vía telemática, desde Santo Domingo, en la República Dominicana, dio su versión. En ella aclaró que su participación con las empresas LegalCont Ltda. de Ecuador y LegalCont LLC se debió a que su situación económica era “precaria”.

El 26 de abril pasado, dentro del proceso por delincuencia organizada Las Torres, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió un oficio a la Oficina Central de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se registre y emita las respectivas difusión y notificación roja para Saona y Roy Calero.

A finales de enero pasado, el juez de la CNJ, Felipe Córdova, llamó a juicio a trece personas, entre ellas, Saona, Calero, el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, pero contra los dos primeros suspendió la etapa de juzgamiento hasta que se presenten voluntariamente ante la autoridad o sean capturados. Ambos son considerados prófugos de la justicia y lo que se busca con la acción es que los dos procesados sean traídos a Ecuador para que se sometan a la justicia.

Saona y Calero fueron llamados a juicio en calidad de autores directos, pues habrían sido colaboradores de la “organización criminal” que se investiga. Esa lista se completa con Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

A los colaboradores se los acusó por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma que mantiene penas de cinco a siete años de cárcel.

Al estar desempleado, indicó, habría sido Esteban Celi quien le “dio la oportunidad” al ofrecerle que prestara sus servicios profesionales, sin ser abogado o economista, en una empresa de prestación de servicios de orden legal y financiero.

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Saona trata de desvincularse del cohecho

“Esa propuesta de trabajo la recibí con mucha gratitud, se convertía en una importante alternativa de subsistencia. Durante el tiempo que yo presté mis servicios en LegalCont la remuneración que percibí fue de $ 1.000 mensuales y actuando en calidad de gerente general y digo actuando porque no era actuante, terminé siendo un gerente de fachada, ya que todas las actividades desarrolladas por LegalCont eran siguiendo las instrucciones de Esteban Celi”, había señalado Saona en su versión y lo reproducía el fiscal Wilson Toainga en la formulación de cargos por cohecho.

Según Saona, LegalCont Ltda. de Ecuador y otra empresa más ya estaban constituidas a su llegada, pero que para abril de 2019 Esteban Celi le solicitó que constituyera en Estados Unidos otra empresa con el mismo nombre de LegalCont, nada más que con la denominación de acuerdo con la Ley estadounidense, es decir, LLC.

Para constituir LegalCont LLC se habría utilizado otra empresa y una vez que fue constituida por Esteban Celi, Saona dice que él le solicitó que abra una cuenta corriente en Estados Unidos en el Wells Fargo Bank. La cuenta se habría abierto con una transferencia de la cuenta que mantenía Celi en el Wells Fargo Bank bajo el nombre de José E. Celi.

En su versión Saona aclara que se firmó un contrato entre LegalCont y China CAMC y para la firma del mismo, dice, jamás se reunió a negociar con ningún funcionario o ejecutivo de China CAMC.

“Se firmó un contrato que me fue entregado en mis manos por Esteban Celi. Él recabó mi firma y él se encargó de obtener la otra firma de China CAMC. Esa firma de contrato no se efectuó en un acto único de las dos partes. Luego él me pidió que viajara a Estados Unidos para coordinar y hacer el seguimiento del pago de unos honorarios que debía hacer China CAMC. El valor que se depositó en la cuenta del Wells Fargo Bank fue de $ 1′335.985. Dicho valor está registrado en los estados de cuenta que yo poseo”, explicó quien dice ser amigo de hace años y tío de la esposa de Esteban Celi.

Toda la información que revela transacciones en territorio estadounidense habría llegado a Ecuador a través de una Asistencia Penal Internacional entregada a la Fiscalía por Estados Unidos. Para finales de 2020 la empresa LegalCont LLC fue disuelta en Estados Unidos y la cuenta del Wells Fargo Bank se cerró a principios de 2021.

Pedro Saona aseguró que el objeto del contrato que se firmó entre LegalCont LLC y China CAMC era el desvanecimiento de una glosa que mantenía la empresa china por la suma de $ 22,6 millones. Ese contrato, según la versión, se legalizó en la notaría vigésima primera del cantón Quito. “A pesar de que el contrato era firmado entre LegalCont LLC en Estados Unidos y China CAMC en Estados Unidos, el contrato tiene como lugar de firma en Quito, Ecuador”.

El abogado de Esteban Celi rechaza la versión

David Vaca, abogado de Esteban Cali, contra quien el fiscal Toainga presentó elementos de convicción en calidad de cómplice del delito de cohecho, explicó en la audiencia que el contrato al que se hace referencia en este caso es un contrato que fue notarizado, está en proceso y fue suscrito por dos personas jurídicas, a través de sus representantes legales.

“Lo que habrá que analizar es si es que esas personas tenían la capacidad para contratar, si el objeto y la causa de ese contrato son lícitas, porque, si es que se está poniendo en tela de duda un contrato, creo que por ahí comenzamos mal”.

Al tener este contrato el objeto de dar asesoría y el soporte profesional jurídico para el desvanecimiento de la glosa de China CAMC, Saona anotó que por instrucciones de Esteban Celi se contrató a una empresa que elaboró informes de los escritos que debían presentarse de reclamo y las acciones jurídicas que recomendaba a China CAMC y las consideraciones para su alegato ante la Contraloría.

También recordó Pedro Saona haber entregado a Celi y a su chofer documentos sobre el contrato con esta empresa, así como información de las dos LegalCont, de la empresa Viamonte Marketing INC, y cheques en blanco firmados de una cuenta que era de Esteban Celi. “Esto demuestra que yo no fui, no soy y no seré beneficiario de esos fondos y de esos recursos”.

Pero hay algo más complejo en este caso, para Vaca. Él apunta que si se comparan las versiones existentes con los documentos que ahora forman parte del expediente se vería que unas cosas dicen las versiones y otras dicen los documentos. Piensa que si ese dinero se pagó fuera del país, lo que se habría que analizar para el delito de cohecho es si esos recursos llegaron o no al funcionario público.

“Si usted confronta las versiones, los documentos, las transferencias, los movimientos usted no va a encontrar un solo centavo de dólar que haya llegado a la persona natural José Luis Esteban Celi”, aclaró Vaca.

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La respuesta de la defensa de Pablo Celi

Pese a que en la versión de Saona expuesta por el fiscal Toainga no se refiere al excontralor Pablo Celi, Marcelo Ron, su abogado, criticó a la parte acusadora por no leer completamente lo dicho por el procesado. Desde su perspectiva lo que faltó señalar en la audiencia es que Saona asegura que no existe ningún contrato entre la Contraloría y LegalCont, que él no tiene ningún vínculo con el excontralor, que no existe nada que lo asocie con Pablo Celi ni con él como persona, ni con la institución (Contraloría) como tal.

La teoría de la Fiscalía señala que Pablo Celi en su calidad de contralor desvaneció la glosa de $ 22,6 millones a favor de la empresa China CAMC, mediante una resolución del 26 de abril de 2019. Por el desvanecimiento la empresa china habría pagado $ 1,3 millones, dinero que fue transferido a la empresa LegalCont, controlada, a decir de Fiscalía, por Esteban Celi y Pedro Saona.

El fiscal general subrogante explicó en su exposición que la China CAMC entregó un beneficio económico indebido a cambio de que se desvanezca la determinación de sus responsabilidades en la CGE y para concretar la entrega de la “dádiva” se habrían valido de personas cercanas a Pablo Celi, funcionario público “que tenía a su cargo el poder para hacerlo”. (I)