Primeros 800 documentos enviados a comisión legislativa que fiscaliza a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Unas 800 páginas relacionadas con las actuaciones de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reposan en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, en su pretensión de fiscalizar a cuatro consejeros que removieron a Sofía Almeida de la presidencia del organismo.

El presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES), hizo a finales de febrero un pedido de información de 16 puntos al “consejero” Hernán Ulloa, quien preside el CPCCS desde el 9 de febrero, cuando con el apoyo de Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán se alzó con la presidencia y removieron de esa dignidad a Sofía Almeida.

Esta mesa legislativa está integrada por legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC) que impulsan, a su vez, en conjunto con varios de sus coidearios del ala rebelde de Pachakutik (PK) un juicio político a los cuatro consejeros, luego que integraron esta nueva mayoría en contraposición a Almeida, David Rosero y Javier Dávalos.

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Además, los cuestionan por haber planteado cambios al reglamento de selección del titular de la Contraloría General del Estado, que se aprobó en un primer momento bajo la presidencia de Sofía Almeida, sobrina del legislador del PSC Luis Almeida, con el apoyo de Javier Dávalos, afín al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el exmandatario Rafael Correa; y David Rosero, que se alió a los dos vocales y que es afín a movimientos políticos y sociales considerados de izquierda.

Entre los 16 puntos de información solicitados están el acta, audio y video de la reinstalación de la sesión ordinaria permanente del 9 de febrero pasado, cuando los cuatro consejeros sesionaron y designaron a Ulloa en la presidencia y a Rivadeneira en la vicepresidencia, removiendo a Almeida y Rosero, respectivamente, de esas dignidades.

La certificación del ingreso y salida de Nelson Silva, quien actuó como secretario ad hoc en la mencionada plenaria; la convocatoria a la reinstalación de esta sesión.

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Todas las acciones de personal que haya suscrito Ulloa desde el 9 de febrero removiendo al personal; los documentos que haya firmado como presidente, incluyendo las convocatorias a plenarias.

Los reglamentos que se hayan elaborado para elegir a los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de todos los concursos de elección de autoridades que estén en curso.

Así también, las exposiciones y mociones presentadas por los consejeros en cada una de las sesiones relacionadas con los concursos.

El 4 de marzo último, la secretaría del CPCCS respondió al requerimiento de información con cerca de 800 páginas enviadas de forma digital y física, sobre las actuaciones de los consejeros durante las sesiones y los reglamentos aprobados.

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Sin embargo, no se enviaron los expedientes físicos y digitales de los concursos públicos que están en marcha, pues estarían bajo la custodia de los equipos técnicos (integrados por ocho funcionarios designados en la presidencia de Almeida).

Estos equipos técnicos tienen como encargo revisar el cumplimiento de requisitos y calificar los méritos de los candidatos a integrar las comisiones ciudadanas de selección.

Por ello, se informó que la información -que es “exorbitante”- debe ser certificada y una vez que se haya cumplido con este procedimiento, se remitirá a la Comisión, por lo que se solicitó una prórroga.

Con relación al concurso de selección de la autoridad de la Contraloría, Hernán Ulloa informó en declaraciones a medios de comunicación que los expedientes de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección de dicha autoridad “no hay”.

Explicó que cuando se produjo el aluvión en el barrio La Gasca en Quito la afectación al servicio eléctrico dañó un data center en el que se respaldaba toda la información.

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A lo que se suma que los documentos físicos están “bajo llave” en la oficina del exasesor de Sofía Almeida Alejandro Gallo, quien era el coordinador del equipo técnico para la conformación de la comisión ciudadana que designará a esta autoridad.

Hoy, en una sesión ordinaria se prevé tratar en el pleno una orientación legal a los miembros de estos equipos técnicos respecto del reglamento para elegir a las comisiones ciudadanas, que hace referencia a guardar reserva sobre los documentos e información relacionada con los concursos, justamente para dar trámite a la solicitud de información planteada por la Comisión de Transparencia de la Legislatura. (I)