Presidente Guillermo Lasso propuso dos candidatos para la designación del procurador del Estado que incumplirían requisitos

Por segunda ocasión, el gobierno de Guillermo Lasso propuso una terna para la designación de una de las principales autoridades el Estado con concursantes que estarían incursos en inhabilidades. Se trata de la designación del titular de la Procuraduría General del Estado, en la que dos postulantes no habrían certificado el cumplimiento de uno de los cinco requisitos establecidos por la Constitución para ejercer esa dignidad.

La tarde de este 23 de agosto, en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se conoció el informe de verificación de requisitos y no estar incursos en inhabilidades de tres concursantes para ser procurador del Estado.

Un equipo técnico del Consejo elaboró dicho informe, en cuyas conclusiones se detalla que no se pudo determinar el cumplimiento de requisitos de Yolanda Narciza De Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, segunda y tercero de la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 11 de agosto.

Se observó que solo Juan Enmanuel Izquierdo Intriago cumplió con los requisitos establecidos y justificó no estar inmerso en prohibiciones constitucionales y legales.

Salgado Guerrón y Larrea Valencia no habrían adjuntado el certificado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredite que no han sido parte de una organización política.

Ello porque la Constitución establece que para ser procurador general del Estado se deben cumplir los mismos requisitos señalados para ser juez de la Corte Constitucional (CC).

En esa línea, los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo no entregaron un certificado que acredite que no pertenecen ni han pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político, como lo manda el numeral 5 del artículo 433 de la Carta Política.

El pleno del CPCCS dio un plazo de tres días para que los postulantes, por intermedio de la Presidencia de la República, entreguen la documentación faltante. Ello, pese a que el reglamento para designar a esta autoridad dispone un plazo de dos días para que remitan los documentos.

En el caso de que estos documentos no sean subsanados, se procederá con la descalificación del postulante, refiere la normativa.

Salgado ha desempeñado varios cargos entre el gobierno de Rafael Correa y la actual administración gubernamental.

Por ejemplo, fue coordinadora jurídica del Ministerio de Patrimonio y Cultura en el 2017, cuando el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz fue ministro.

Fue asesora en la Asamblea Nacional entre el 2017 y 2018; coordinadora jurídica del Ministerio de Gobierno entre el 2018 y 2021 y, actualmente es asesora del Sector Gobierno de la Presidencia de la República.

También fue jefa jurídica en la Unidad de Negocio Celec Hidrotoapi entre el 2013 y 2015 y gerente jurídico de la Empresa de Medios Públicos entre el 2015 y 2016, durante el mandato de Rafael Correa.

Larrea fue asistente legal en el Banco de Guayaquil entre 1997 y 1999; también coordinador regional del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 1999.

Entre otros cargos, fue parte del Comité de Expertos que participó en la valoración de méritos de los participantes del concurso en el que se renovó de forma parcial a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el 2017, cuando Gustavo Jalkh, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, fue presidente del Consejo de la Judicatura.

Fue gerente de la empresa Holcim y según su hoja de vida, también fue asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2009, en la administración de Correa.

La primera vez que el Ejecutivo remitió al CPCCS una terna cuyos candidatos incumplían requisitos, fue en abril pasado para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.

En ese entonces, las candidatas Rosa Matilde Guerrero y Doris Padilla, incumplieron los requisitos.

Guerrero incumplió el requisito de no tener título de tercer nivel relacionado con finanzas y economía, por lo que fue descalificada en el trámite de una impugnación ciudadana; mientras que, Padilla no contaba con los diez años de experiencia para ejercer dicho cargo.

El 20 de julio pasado, el Consejo de Participación Ciudadana concluyó con la designación de Raúl González Carrión, el único de la terna que habría cumplido con los requisitos y que no fue impugnado.

Sin embargo, esta designación se enfrenta a un conflicto político-jurídico, que mantiene a la Superintendencia de Bancos con una autoridad subrogante.

Ello, porque el régimen declinó su respaldo a González y desconoce su designación.

Para eso, se ampara en una acción de protección emitida por la jueza del Guayas, Larissa Ibarra, que planteó una mujer de nombre Michelle Guerra de Andrés, con la que se declaró nulo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y obligó al mandatario a enviar una nueva terna.

La Asamblea Nacional posesionó a González en su cargo, pero no lo asumió porque el edificio de la Superintendencia de Bancos en Quito, se mantiene resguardada por miembros de la Policía Nacional para evitar su ingreso. Esto, hasta que la Corte Provincial de Justicia del Guayas dirima sobre la apelación a la acción de protección de Guerra.

En tanto, el CPCCS mantiene en revisión el cumplimiento de los requisitos de los tres nuevos candidatos propuestos por Carondelet para ese cargo, entre los que están: Roberto José Romero von Buchwald, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas-Klaere. (I)