Para el próximo 11 de febrero la Comisión de Garantías Constitucionales tiene previsto presentar el informe sobre las más de 300 solicitudes de amnistías planteadas por las organizaciones sociales e indígenas, y en cuyo grupo a ser amnistiados se incluye a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, al parlamentario Andino Virgilio Hernández y otros.

El presidente de la comisión, Fernando Cabascango, comentó que la mayoría de solicitudes de amnistías e indultos son de casos que se han suscitado en los últimos seis años y que tienen que ver muchos de ellos con defensores de la naturaleza frente a proyectos mineros y petroleros.

Igualmente, hay casos de defensores de territorios y que pertenecen a comunas, pueblos y comunidades. También existen, añadió el legislador de Pachakutik, casos de personas criminalizadas en el levantamiento de octubre de 2019.

Trámite de amnistías empieza en la Asamblea: Criminalización de la protesta y persecución política alegan peticionarios

Cabascango señaló que dentro del proceso que debe cumplir la Asamblea Nacional sobre peticiones de amnistías respecto al levantamiento de octubre de 2019, existen varios nombres, entre ellos, de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Leonidas Iza, Jaime Vargas. Lo que corresponde es hacer un informe para conocimiento del pleno y será esa instancia que resuelva, precisó.

Publicidad

La comisión aprobó el pasado 12 de enero el plan de trabajo para el análisis de las solicitudes de amnistías e indultos. Eso implica que desde el 14 al 26 de enero se recibirá en comisión general a los solicitantes, expertos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Se estima que hasta el 1 de febrero se procesará la información y posteriormente se elaborará un informe para conocimiento de la mesa de Garantías Constitucionales y a partir del 7 al 10 de febrero está planificada la aprobación del informe.

Cecilia Velasque, subcoordinadora del movimiento Pachakutik, anticipó que para el movimiento indígena y los luchadores sociales del país el próximo 11 de febrero será histórico porque se conocerá el informe de peticiones realizadas. “Marcaremos historia, no más persecución, no más enjuiciados por defender los derechos de todos”, anotó.

Indicó que los luchadores sociales del movimiento indígena no disponen de recursos económicos para defenderse, y que el único delito que han cometido es salir desde las montañas, los parámetros y de las profundidades de la selva para defender los derechos de los ciudadanos.

Publicidad

Quienes solicitan la amnistía son dirigentes sociales, activistas sociales, autoridades comunitarias y muchos tienen más de un juicio, e incluso enfrentan acusaciones personales presentados por empresas mineras y petroleras, anotó Velasque, quien comentó que en algunos casos el Estado, a través de los gobernadores, alcaldes, tenientes políticos y la fiscalía, pone las acusaciones.

Velasque advirtió que la existencia de más de 300 solicitudes de amnistías es algo muy grave para el Estado ecuatoriano, porque bajo una perspectiva de Estado de derecho y democracia plena no es posible que haya tantos enjuiciados y perseguidos. (I)