La reconstrucción del denominado ‘tercer producto’ implicará una investigación que se retomará desde cero, en relación con los hechos que marcaron la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, quien vaticinó irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv en el 2008, de los que cuatro se accidentaron y en la actualidad tres están obsoletos.

Este 10 de marzo culminaría el término de quince días para que la Presidencia de la República conforme un comité que inicie el proceso de recopilación de información para la reconstrucción de este tercer producto.

La disposición se deriva de un fallo de la Corte Constitucional (CC) del 9 de febrero, que tramitó una acción extraordinaria de protección que presentó la Defensoría del Pueblo en el 2018 alegando falta de acceso a información pública en la entrega del tercer producto que elaboró el perito argentino Roberto Meza Niella, quien investigó la muerte del general.

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El excomandante de la FAE Jorge Gabela falleció en diciembre del 2010 tras diez días de permanecer en coma.

La Corte ordenó a la Presidencia de la República que conforme en un término de quince días, un comité o comisión que coordine con el perito la entrega de un ejemplar de este tercer expediente. Para ello tendrán un plazo de tres meses y el documento deberá entregarse a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo.

Esas fechas se cuentan desde la notificación del fallo a las partes que, según los registros, se realizó el pasado 17 de febrero, y que este 10 de marzo alcanzaría los quince días término.

De acuerdo con los registros de la plataforma virtual de la Corte, la Casa de Gobierno aún no comunica quiénes conformarían esa comisión y el perito tampoco ha sido contactado para iniciar este procedimiento.

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Meza indicó que está dispuesto a cumplir con esta disposición, aunque tiene dudas de si aún existirán la información del caso y las investigaciones pasadas en los registros públicos del Estado ecuatoriano, pues han transcurrido trece años de estos acontecimientos.

Todo dependerá en dónde esté resguardada la información y, en el caso de que aún exista, Meza cree que sí “habría la posibilidad de recuperar” el tercer producto.

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“No tengo nada del caso, no solo porque el contrato hablaba de una autoría material que nos impedía tener eso, sino también porque todo el material de respaldo que había en ese entonces comprendía unas 30 o 40 cajas o más con información y documentos que no sé en dónde están”, detalló el experto.

Para elaborar ese tercer producto, el investigador volvería al Ecuador, pues no tiene consigo ningún material físico ni digital. “Tendría que comenzar de nuevo, de cero toda la investigación”, agregó.

El general de la FAE Jorge Gabela denunció en 2008 irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que impulsó el Ministerio de Defensa en el gobierno de Rafael Correa a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de la India.

En el marco de sus revelaciones, en diciembre del 2010, Jorge Gabela falleció luego que dos sujetos ingresaron a la urbanización en la que vivía en la av. Samborondón, en Guayas, y le dispararon a la altura de la clavícula tras protagonizar una persecución a su hija Anahí Gabela.

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Su esposa, Patricia Ochoa, exigió con insistencia que se investigue el caso, por lo que el expresidente Rafael Correa conformó, en el 2012, una comisión interinstitucional que lideró el extinto Ministerio de Justicia con ese efecto.

El objetivo era que se indague si la muerte del general se debió a un delito común o por sus actividades laborales. Esencialmente, por las denuncias que hizo sobre la compra de los helicópteros, de los que en la actualidad tres se encuentran obsoletos y los otros cuatro se accidentaron años atrás.

QUITO. Gráfica del helicóptero Dhruv que se precipitó a la pista del aeropuerto en el 2009 durante una ceremonia de ascensos de la FAE.

Para ello, ese comité interinstitucional, a través del Ministerio de Justicia, requirió de los servicios del perito Roberto Meza, con quien se suscribió un contrato por $ 78.000 que lo comprometía a elaborar tres productos. Aunque el último se encontraría desaparecido.

Ello produjo que en el 2016 la Contraloría General del Estado inicie una auditoría al proceso en el que se indicó que “no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto” y predeterminó una orden de reintegro de $ 23.400 en contra del perito Meza.

Se argumentó en que “no se evidenció la documentación que sustente la emisión y presentación, ya que el documento ‘informe final’, en la parte de las conclusiones no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó un perjuicio económico” al Estado.

Según Meza, esa predeterminación de responsabilidades fue extinguida del informe, pues él así como Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, habrían demostrado “que ese trabajo fue cumplido y por eso se pagó. En la Contraloría quedamos liberados de culpa y cargo”, precisó.

El perito enfatizó que sí entregó un tercer producto a ese comité interinstitucional, pues en el segundo producto se encontraron “indicios de que la muerte no fue por delincuencia común y por eso se iba a abrir una tercera fase y con eso la elaboración del tercer producto, del que hasta hoy no se sabe en dónde está”, cuestionó.

Es así que los jueces de la alta magistratura del país sentaron en su fallo que el “segundo producto concluyó que el delito se relacionó con la delincuencia organizada y precisamente por esta razón, conforme el contrato con el perito, se creó el tercer producto en el que se debía identificar el móvil y a los presuntos responsables del crimen”.

Sin embargo, “el tercer producto habría concluido que la muerte del general Jorge Gabela fue un delito común, por lo que las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública”.

En los documentos que reposan en la CC se confirma que el primer producto consta de seis fojas sumilladas y la firma del perito en la última página; el segundo producto consta de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito, pero “no consta el sello que fue plasmado en el primer producto”.

Y como conclusiones se señaló en ese informe que “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”.

QUITO. Lady Zúñiga fue ministra de Justicia en el gobierno de Rafael Correa y dio lectura a partes del informe que elaboró el perito Roberto Meza para el comité interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa.

Con ese fundamento se elaboró un tercer producto que consta de 95 fojas, pero que no contiene las sumillas en cada página que se observan en el primer y segundo producto y solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto, en la que se encuentran las conclusiones, no contiene la firma del perito, ni tampoco el sello que fue plasmado en el primero y segundo.

Esto llamó la atención de los jueces constitucionales que mencionan que el segundo producto concluye que el crimen se trató de “delincuencia organizada –lo que dio paso a la elaboración del tercer informe–, pero ese documento detalla: “[N]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común”.

Bajo esos análisis y por unanimidad del pleno se dispusieron varias medidas de reparación, entre ellas, que la Función Ejecutiva integre esta comisión y reconstruya el tercer producto, al configurarse que hubo una vulneración al derecho a la verdad.

Además se ordenó al Gobierno que en representación del Estado ecuatoriano ofrezca disculpas públicas en el plazo máximo de un mes a Patricia Ochoa y los familiares del general Jorge Gabela, en un acto público, “por el manejo deficiente de la información alrededor del esclarecimiento” de su muerte. (I)