Hemos recibido una carta de Xavier Neira Salazar por un reportaje publicado sobre las investigaciones penales relacionadas con China CAMC y el excontralor subrogante Pablo Celi, donde se lo nombra:

«Molesto su atención para solicitar la publicación de esta carta rectificatoria en aplicación a lo dispuesto en el art. 66 #7 de la Constitución, pues me siento agraviado por la información publicada en la edición del 23 de agosto de 2022 bajo el título ‘Las empresas de los Neira ya aparecieron en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía’. En dicho reportaje se dan por ciertos algunos hechos que son falsos, como paso a probar:

1. Se afirma que en junio de 2019 el Isspol aprobó la compra de US$ 32,8 millones de bonos del Estado y que en esta operación participó Citadel como operador, “según Decevale”. La reseña sostiene que la interventora de Decevale “descubrió que los US$ 32,28 millones no fueron utilizados para la compra de bonos, sino para realizar otras transacciones”. Eso es falso, como está probado judicialmente. En efecto, esa “prueba” que exhibió el fiscal durante el proceso penal fue un correo de IBCorp; esa fue la acusación. No obstante lo publicado por su diario, YO NO PARTICIPÉ en esa transacción ni en ninguna de compra de bonos del Estado realizada por el Isspol, además de que fue demostrada mi inocencia en el juicio penal n.º 09292202101412, en el que se me sobreseyó, en audiencia del 11 de marzo de 2022, ratificada ayer (12 de septiembre de 2022) por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, negando la apelación interpuesta por Isspol y Fiscalía.

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Parecería que al Isspol no le interesa recuperar la plata, pues no se investiga donde existen evidencias y hasta hoy pretendieron condenar a gente inocente. Siguen utilizando las redes sociales para infamar y difamar, sin pruebas, como si eso fuera legal. Esa parece ser la justicia que buscan y a la que algunos medios prestan escandalosas reseñas. Hago expresa exclusión de Diario EL UNIVERSO, que siempre ha actuado con objetividad.

2. En cuanto a la auditoría forense de Ernst & Young mencionada en el reportaje, esa empresa de auditoría fue contratada con una consigna: dar cuerpo documental a una teoría preestablecida del caso. Lo prueba la propia Ernst & Young en carta dirigida al entonces presidente de Decevale, don Roberto González Müller (foja 4.430 del proceso penal). Dicho informe, además, no tiene firma de responsabilidad, carece de imparcialidad y afecta a la rectitud del resultado, como se ha probado en el juicio, al contratar bajo consigna una auditoría forense tratando de encontrar culpables a gente inocente. Las acusaciones de supuesta falsedad de información fueron totalmente desvirtuadas. Fiscalía ha insistido en su teoría, pero las evidencias desmienten sus afirmaciones. Los argumentos de mi defensa técnica han sido contundentes, como lo han reconocido en primera y segunda instancia jueces que han debido enfrentar las presiones de gratuitos detractores empeñados en culparme de presuntos delitos que podrán haber cometido otros, pero yo jamás. Ni el suscrito ni las compañías familiares mencionadas en el reportaje han perjudicado al Isspol ni a nadie, según lo prueban los fallos judiciales. Y las sanciones económicas impuestas a Citadel por el exsuperintendente Anchundia, brazo siniestro de esta patraña, quedaron sin efecto por sentencia dictada por una de las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 9 de agosto del 2022.

En síntesis, sufrí una encarnizada persecución, pese a que los hechos ahora reconocidos por la justicia demuestran que no he cometido ninguna infracción penal. Sin embargo, soporté la injusta prisión de 44 días en condiciones infrahumanas durante uno de los más graves amotinamientos penitenciarios, hostigado por la Policía, bloqueado en mis actividades bursátiles y sin poder acceder a medidas sustitutivas. ¿Quién repara ese daño? ¿Quién me devuelve mi empresa que fue liquidada por la acción perversa del exsuperintendente Anchundia, en forma incomprensible y sin argumento válido?, entre otras interrogantes que se harán los lectores».

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NOTA DE LA REDACCIÓN

Con respecto al punto uno de la carta del señor Xavier Neira Salazar, en efecto, Citadel no participó en la operación de compra de bonos, según el informe de la interventora de Decevale. Este señaló que el Isspol depositó $ 32,28 millones a la cuenta de IBCorp Investment en Decevale para la compra de bonos y que, ese mismo día, IBCorp indicó a Decevale que $ 32,5 millones que tenía en su cuenta serían “operados por Citadel para la compra de títulos valores a negociarse en la Bolsa de Valores de Guayaquil”. Tal como se reseñó en la nota publicada el 23 de agosto, el señor Neira fue sobreseído en primera instancia en junio pasado. En esta resolución, el informe de la interventora de Decevale no fue declarado falso. Con respecto al punto dos de la carta, no rectifica nada de lo publicado por este Diario.