Para el Gobierno, la posesión de la autoridad de la Superintendencia de Bancos se quedó ‘estancada’

Durante 156 días la Superintendencia de Bancos cuenta con una autoridad subrogante, pese a que hay dos superintendentes que fueron electos, sin que ninguno pueda asumir sus funciones por la conflictividad entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Hasta este domingo 18 de diciembre, tenía como plazo la Asamblea Nacional para posesionar a Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos, como lo ordenó una sentencia de un juez de La Concordia en el trámite de una acción de protección.

El acto de posesión no se efectuó por la falta de quorum y, al contrario, los legisladores entraron en una vacancia legislativa de quince días.

Este hecho para el Gobierno nacional va a dar paso a que la situación en la Superintendencia “se quede ahí y estancada”. Así lo consideró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para quien las acciones de los legislados son confusas y no le permiten formular una opinión.

“Es inentendible lo que está pasando, es una cosa de locos. Un día es sí, otro día es no, por lo que no logra encajar en mi psiquis por qué lo que hacen con la mano, lo borran con los codos, no tengo respuesta porque es inentendible”, manifestó Jiménez, en una entrevista en radio Democracia, este 19 de diciembre.

Criticó que las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y, algunos de Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) que no asistieron al pleno este 18 de diciembre, “han definido su posición” y tendrían una “obsesión con poner” en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana a Sofía Almeida, sobrina del legislador Luis Almeida (PSC).

“Es una hoja de ruta que la han definido y la van a forzar de cualquier manera”, indicó Jiménez, al reconocer que la posesión de Roberto Romero “se va a quedar ahí, estancada”.

Romero von Buchwald fue designado el 3 de diciembre en una sesión del Consejo de Participación Ciudadana, de una terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Su designación fue la segunda que hizo el CPCCS, luego de que por resultado de una acción de protección que interpuso la ciudadana Michelle Guerra de Andrés, una jueza de Samborondón (Guayas), Larissa Ibarra anuló un primer proceso que terminó en julio pasado y ordenó que Lasso envíe una nueva terna y se tramite la nueva elección.

En ese primer proceso fue electo Raúl González Carrión y fue posesionado en una sesión virtual de la Asamblea Nacional; pero asumió, pues las puertas de la Superintendencia fueron bloqueadas por personal de la Policía Nacional para evitar su ingreso.

Esto, en respuesta al fallo de la jueza Larriva que anuló su designación. González apeló la decisión y hasta el momento, el tribunal de una Sala Civil de la Corte Provincial del Guayas no ha emitido su fallo, pese a que el 12 de diciembre se realizó la audiencia pública en el que conoció el recurso.

De forma paralela, con la designación de Romero, el juez de La Concordia, Ángel Lindao dispuso en un fallo de acción de protección que la Legislatura lo posesione en un plazo de 48 horas.

La resolución de Lindao se dio como parte de un recurso que presentó el ciudadano Manuel Párraga, en contra de la resolución de la Asamblea Nacional del 18 de noviembre que censuró y destituyó en un juicio político a cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

El magistrado declaró nulo el juicio político y como medidas de reparación dispuso el reintegro en sus funciones a los cuatro consejeros, que la Legislatura les pida disculpas públicas, que se coloque una placa en el Palacio legislativo con la frase, “ningún poder del Estado está por encima del Control Constitucional

Pero además, que “en el plazo de 48 horas posesione a las autoridades que han sido designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al momento de la concesión de la medida cautelar así como luego de la declaratoria de vulneración de derechos expresada en sentencia, por haberse dispuesto la nulidad absoluta e insubsanable del proceso de juicio político”. Eso correspondía, posesionar a Roberto Romero von Buchwald.

Al no cumplirse esta medida, la Superintendencia de Bancos se mantiene bajo la administración de Antonieta Cabezas Enríquez, quien subroga la entidad desde el 15 de julio pasado.

En tanto, González reclama su cargo. Recordó que el 20 de julio fue electo como superintendente y el 11 de agosto fue posesionado y a la actualidad, está a la espera de una resolución de los jueces de la Corte Provincial del Guayas sobre la apelación a la acción de protección.

Por ello, aspira a que “no se altere el orden constituido, que prime la justicia, que se resuelva en derecho y no asiente precedentes nefastos que causarían confusión y arbitrariedades”, comentó.

De su lado, para el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, será la justicia constitucional la que dirima sobre esta crisis, pues -recordó- el Parlamento podría ser sancionado por desacato, al no cumplir las disposiciones de los jueces constitucionales. (I)