El movimiento político Pachakutik (PK) rechazó los cuestionamientos que varios grupos de la sociedad civil y hasta el Gobierno nacional han hecho a las 268 amnistías que concedió la Asamblea Nacional, y llamó a dar paso a un proceso de “justicia” y “convivencia”.

”Queremos ir a una tregua, a un proceso de diálogo entre los ecuatorianos. Es el momento de convivir”, afirmó Marlon Santi, coordinador nacional de PK, en declaraciones de prensa que realizaron este martes, 15 de marzo, en su sede en Quito.

La dirigencia del movimiento, junto con varios asambleístas, acompañados de ciudadanos que fueron beneficiados por las amnistías, defendieron la decisión legislativa, que se tomó el pasado 10 de marzo en horas de la madrugada, con base en un informe de la Comisión de Derechos Colectivos.

Publicidad

De estas 268 amnistías, que implican el perdón y olvido de procesos legales, 60 se otorgaron a actores políticos y dirigentes indígenas que participaron en las violentas protestas registradas en octubre del 2019.

Santi lamentó que en los últimos días haya voces que han mostrado su desacuerdo presentando acciones de protección o convocando a plantones de protesta en contra de los asambleístas.

“Ecuador necesita un proceso de justicia y que esto caiga en una paz verdadera, de convivencia armónica en el país”, dijo Santi, al tiempo que justificó que PK, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), están planteando propuestas de “integración real”.

Publicidad

Si bien recordó que muchos de los amnistiados son personas procesadas durante los últimos catorce años de “revolución”, en referencia al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, reconoció que se “pidieron los votos” de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES) para dar paso a la aprobación.

”Hay acuerdos, sí. Pedimos los votos de UNES, que son los 47, y los 25 de Pachakutik. Hablamos con todas las bancadas para conseguir votos. Y somos un actor político, por lo que podemos dialogar con las bancadas”, insistió Santi.

Publicidad

Reflexionó acerca de que los del correísmo, que los persiguieron cuando eran Gobierno, ahora son “perseguidos”. “Hay un dilema en la historia del país, y todos los Gobiernos deben tener en cuenta que en algún momento pueden ser sujetos de procesos”, añadió.

Aseguró que no hay polarización a raíz de esta medida, sino que la ”oligarquía quiteña” no quiere apoyarlos y está utilizando la coyuntura como una “plataforma electoral”. “Se está diciendo que los indígenas no tienen que llegar a Quito, pero esta capital fue de los pueblos indígenas y tenemos el derecho de reclamar”, aseveró.

Descartó la responsabilidad del movimiento indígena en la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, así como en el ataque del que fue víctima el periodista de Teleamazonas Freddy Paredes. Precisó que ellos pidieron que se investigue al sujeto que agredió a Paredes.

Además, que no hubo secuestros de policías o periodistas en el ágora de la Casa de la Cultura, sino que hubo una interferencia de elementos de “inteligencia”; y que, en el caso de los periodistas, se buscaba que transmitieran los hechos y sus propuestas para evitar la tergiversación.

Publicidad

En medio de este llamado a la reconciliación, uno de los amnistiados, Lenin Yumbay, que había sido procesado por sabotaje y terrorismo en las marchas de octubre, relató que fue perseguido por salir a protestar y reclamar por el alto costo de la vida cuando se eliminaron los subsidios a los combustibles, y tildó de “bola de engendros” a aquellos que se oponen o critican las amnistías.

Salvador Quishpe, asambleísta de PK, reprochó que se quiera descalificar a la Asamblea Nacional acusándola de haber concedido este beneficio a “delincuentes”. Desafió a demostrar que los amnistiados tienen sentencia en firme; esto pese a que este instrumento puede otorgarse cuando no hay una sentencia en firme, es decir, en etapa preprocesal y procesal.

Marlon Santi anunció, respecto a las demandas que están llegando a la Corte Constitucional (CC), que buscarán amicus curiae de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como la Human Right Watch, entre otros. (I)