Con 38 firmas de respaldo, los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, de la bancada de Pachakutik, oficializaron este 29 de septiembre un pedido de juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo.

Este es el tercer pedido de juicio político que se presenta en contra de Carrillo; los anteriores los solicitaron legisladores también de Pachakutik y de la Izquierda Democrática respecto a las acciones emprendidas durante la jornada de movilización de junio pasado y la ola de inseguridad en el país.

Dos juicios políticos a Patricio Carrillo podrán seguir su trámite pese a ser cesado del Ministerio del Interior

Esta vez, son cuatro las acusaciones que presentan Vanegas y Sánchez; estas tienen relación con la detención ilegal del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, que se fundamenta en la declaración judicial de nulidad del juicio, porque la Policía detuvo al dirigente indígena sin una orden de detención legalmente emitida.

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La segunda causal del juicio se refiere a las masacres en las cárceles mientras Carrillo se desempeñó como ministro del Interior, para lo cual se acompañan las investigaciones e informes de derechos humanos presentados.

La tercera razón es el aumento de sicariatos en todas las ciudades del país.

La penúltima causal se relaciona con la inseguridad ciudadana, lo cual ha llevado a la emisión desde el Gobierno de varios decretos de estado de excepción en los que se solicitaba la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del incremento de la delincuencia.

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Finalmente, los dos legisladores acusan a Carrillo de la inacción y omisión que hicieron las autoridades del Gobierno, entre ellas el exministro del Interior, en el tema del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía Nacional en Quito; aquí, según el legislador Ricardo Vanegas, no se entra a analizar el hecho delictivo en sí, sino lo que pasó después.

Una vez presentada la petición de interpelación, el proceso pasará a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional y, posteriormente, a calificación del Consejo de Administración Legislativa. (I)