Pablo Celi pasó de ser embajador del correísmo a contralor subrogante investigado por corrupción

Más de 7.000 informes generales aprobados por la Contraloría General del Estado se muestran como los logros de la gestión del contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, durante los tres años y diez meses que ha estado en funciones.

Según información de la entidad, en la administración de Celi, de junio de 2017 al 31 de marzo de 2021, se aprobaron 7.613 informes generales. Se determinaron 990 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP); las responsabilidades civiles confirmadas ascienden a $ 2.866′665.959 y las sanciones administrativas a $ 21′321.661.

Esos montos por cobrarse por glosas no han ingresado a las arcas fiscales, pues aún deben resolverse recursos de revisión ante los tribunales contenciosos administrativos.

Pero la imagen de la Contraloría, máximo organismo en el control de los recursos públicos, está sacudida después de que Celi y su predecesor, Carlos Pólit, se han visto involucrados en presuntos actos de corrupción.

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Celi de la Torre subrogó en funciones a quien era el titular, Carlos Pólit Faggioni. Este último fue sentenciado por el delito de concusión, relacionado con la trama de sobornos en la constructora brasileña Odebrecht y destituido y censurado por la Asamblea Nacional en el 2017.

En cambio, Celi fue detenido el 13 de abril del 2021 junto con otras nueve personas, en una investigación abierta por la Fiscalía del Estado, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, por la sospecha del pago de dineros en la empresa pública Petroecuador para el desvanecimiento de glosas.

Ahora guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, y solicitó vacaciones mientras se tramita la apelación a la medida judicial.

Celi llegó a la Contraloría de la mano de Pólit, este último fue designado en el cargo en el 2007 por la Asamblea de ese entonces. Bajo la administración de Rafael Correa, fue reelecto por dos ocasiones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre el 2011 y el 2017.

El contralor subrogante es doctor en Ciencias Internacionales y doctor en Filosofía. Estuvo en la Contraloría en tres momentos: en el 2010 como asesor de Pólit, en el 2014 como subcontralor y en el 2016 como contralor subrogante.

Fue parte del régimen de Correa como embajador de Ecuador en Argentina en el 2011. Entre el 2014 y 2015 fue delegado nacional ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de la Unasur y también subdirector del Consejo de Defensa Suramericano de ese organismo regional.

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En el gobierno de Lenín Moreno participó en el Diálogo Nacional con su propuesta de transformar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, para lo que presentó un proyecto de reformas legales que no tuvieron eco en el Legislativo.

Incluso, cuando Moreno enfrentó las violentas protestas de octubre del 2019, intervino en la mesa por un llamado al diálogo a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para que depongan las medidas.

Entonces era presidente de la Función de Transparencia y Control Social o quinto poder, y pidió que se llegue a acuerdos para terminar con las manifestaciones que se prolongaron por doce días, en las que incluso el edificio de la Contraloría fue incendiado.

Desde la institución se exhiben como acciones relevantes el haber actuado en al menos 26 exámenes especiales. Entre ellos, la auditoría a la adjudicación del bloque Singue, en la que se emitieron glosas por $ 5,2 millones e informes con IRP. Otro a la deuda pública que determinó glosas por $ 75 millones y también IRP; también se investigaron los contratos públicos de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; la emisión de carnés de discapacidad; las obras de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016.

Auditorías a la construcción de la Refinería del Pacífico, las preventas petroleras, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, los proyectos de construcción para la generación eléctrica como Manduriacu, Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, Pascuales Cuenca. Investigaciones a la construcción de las unidades educativas del milenio, de la Universidad Yachay, entre otras.

La Contraloría está ahora en manos de María Valentina Zárate, subcontralora del subcontralor.

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El mandato de Celi concluye en marzo del 2022, porque el CPCCS Transitorio lo ratificó en funciones hasta que termine el periodo del titular o hasta que decurra la transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas.

Esta propuesta legal no tuvo los votos para su debate en la Comisión de Justicia de la Legislatura, porque los asambleístas concluyeron que se requería una reforma constitucional y no solo cambios legales.

La aspiración de Celi era que el organismo sea un cuerpo colegiado integrado por siete ministros auditores que tomen decisiones con deliberación.

De esta forma, que los informes no estén sujetos a la discrecionalidad del contralor. El proyecto legal plantea que las auditorías y la determinación de responsabilidades estén en dos salas, cada una con tres ministros, y sus auditorías se aprobarían en el cuerpo colegiado.

En este contexto, el actual CPCCS está bajo la incertidumbre de si iniciar el concurso de méritos y oposición para relevarlo del cargo. (I)