Pablo Celi asegura que permanecen ‘irregularidades’ observadas por la Contraloría en el sistema de conteo de votos del Consejo Nacional Electoral

En medio de las denuncias de fallas en el conteo de votos e irregularidades en el sistema usado en las elecciones del 5 de febrero pasado, el excontralor Pablo Celi asegura que ninguna de las observaciones hechas por la Contraloría General del Estado (CGE) en las elecciones del 2021 fueron corregidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Permanecieron y permanecen como elementos que lesionan la integridad del sistema de conteo de votos”, explicó en una rueda de prensa virtual Celi, quien se mantiene con arresto domiciliario dentro del caso conocido como Las Torres y en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

A las 15:00 de este viernes justamente se reinstalará la audiencia de juzgamiento para únicamente escuchar la resolución del Tribunal de Juicio, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), respecto a si son o no culpables los once acusados por la Fiscalía.

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Según Celi, tienen total vinculación las auditorías realizadas por Contraloría, cuando él estaba como líder, que definieron irregularidades en el sistema de conteo de votos del CNE, con el proceso penal que luego se le inició por el delito de delincuencia organizada.

El excontralor recordó que fueron dos auditorías que realizó la CGE en las que supuestamente se establecieron graves inconsistencias e irregularidades en el sistema informático para el conteo de votos y resultados electorales.

Entre esas graves inconsistencias, dijo, habrían estado la carencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos, la vulnerabilidad de los mecanismos informáticos para realizar este control, la inexistencia de un plan de contingencias que significó el descontrol del centro de datos alterno y la no garantía de integridad de las bases de datos del sistema de transmisión y publicación de resultados que pone en riesgo, transparencia y seguridad de los procesos electorales.

“Ante los conflictos y cuestionamientos al conteo de votos al finalizar la primera vuelta electoral del 2021, solicité la realización de una auditoría que transparente y genere confianza social y legitimidad. Esta auditoría fue negada por el CNE, institución que sin embargo autorizó la acción de la Fiscalía. La fiscal (Diana Salazar), mediante un acto urgente vinculado a una investigación previa por un presunto delito de fraude electoral, por decisión y autorización del juez Luis Rivera, procede con un acto urgente para el registro y retención de la base de datos que reposa en el servidor, equipo informático perteneciente al CNE. En este procedimiento se establece una reserva judicial por el tiempo que dure la investigación previa”, sostiene Celi.

El excontralor critica que ya hayan pasado dos años sin que el país conozca el resultado de esa investigación previa, ni el destino de la información pública que la fiscal retiró del CNE.

El desconocimiento de las auditorías preventivas de la CGE, el bloqueo de la continuidad de esas auditorías y la retención de una información sobre un proceso que contiene cuestionamientos y conflictos por parte de la Fiscalía sin ningún resultado ni información pública, son para Pablo Celi los elementos concurrentes que generaron su detención al día siguiente de concluido el proceso electoral del 11 de abril de 2021.

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“Al contralor que audita, que anticipa continuidad de la auditoría, que pide auditar resultados de escrutinios se lo toma preso al día siguiente de las elecciones. Obviamente la CGE no ha continuado con los tres exámenes especiales que se ejecutaron sobre este tema. No es entonces que no se ha estado investigando, sí, pero se ha limitado esta investigación respecto de la CGE”, apuntó.

El excontralor cree que por todo ese accionar que tuvo con relación a las elecciones pasadas se le montó una acusación “fraudulenta y engañosa” en la que se le mantuvo por un año preso. Por esa supuesta manipulación de información para acusarlo en el caso Las Torres, Celi confirmó que este viernes colocó una denuncia penal por el delito de fraude procesal contra la fiscal general, Diana Salazar.

“De lo que se trató siempre es de levantar una imputación sin elementos probatorios. No existe ningún grupo de delincuencia organizada, ningún beneficio económico, no se ha probado ni una sola transacción que comprometa al contralor. Es una acusación basada en chats de terceras personas que no se refieren a mí y en un falso testimonio inducido por la Fiscalía. Con base en todo esto se allanó ilegalmente mi casa y se me detuvo, manipulando órdenes de detención y partes policiales, para posteriormente contar una farsa mediática que me silencie, respecto a las verdaderas razones por las cuales se detuvo al contralor, quien venía investigando las irregularidades que se mantienen en el sistema de conteo de votos del CNE”, concluyó. (I)