En el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no hay definiciones de cómo se implementarán los 38 debates electorales obligatorios en los que deben participar los candidatos a prefectos y alcaldes de 17 provincias para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, a 76 días de la fecha determinada para ese efecto.

Las reformas al Código de la Democracia contemplaron en el artículo 202.2 la realización de debates electorales para las elecciones generales y para las seccionales.

La norma determina que tres semanas antes del día señalado para cada elección se realizarán estos procesos. En las elecciones de prefectos y alcaldes serán las juntas electorales provinciales las que las organizarán en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores.

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De acuerdo con información del Consejo Electoral, son 17 provincias en las que deberán realizarse 17 debates para las candidaturas a prefectos y 21 para los postulantes a las alcaldías.

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Para las prefecturas se realizarán en Esmeraldas, Carchi, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

A nivel de las alcaldías, los debates se realizarán en los cantones Esmeraldas, en Esmeraldas; Manabí, en Portoviejo, Manta y Chone; en Santa Elena, en Santa Elena; Babahoyo y Quevedo, en Los Ríos; Cuenca, en Azuay; Machala, en El Oro; Loja, en Loja; Guayaquil, Milagro, Daule y Durán, en Guayas.

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En Riobamba, Chimborazo; en Ambato, Tungurahua; en Latacunga, Cotopaxi; Ibarra y Otavalo, en Imbabura; Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas; y en Quito, Pichincha.

Una de las últimas decisiones del CNE fue modificar el calendario electoral para que estos se realicen los fines de semana del 7 y 8 de enero y del 14 y 15 de enero. Originalmente se había previsto que se cumplan los fines de semana del 3 de enero y del 15 de enero.

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El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, explicó que este cambio se hizo para facilitar la participación, debido al número de candidatos inscritos en ciertas jurisdicciones.

El mecanismo que se analizó es la posibilidad de establecer que en un fin de semana se realicen los debates de los postulantes a las alcaldías y el siguiente fin de semana el de los aspirantes a las prefecturas.

Debido a que las candidaturas están en etapa de calificación, por el momento no hay definiciones, pero según Pita, el propósito es que estos debates se realicen en dos días y que así puedan intervenir los candidatos.

Para ello se realizaría un sorteo público que defina quiénes serán aquellos que debatirán el sábado y quiénes el domingo.

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“Un fin de semana se haría el debate de alcaldes y el siguiente el de prefectos. Por cada dignidad se realizarían en dos días, pues no se puede poner a todos en un solo día”, explicó.

El Consejo Electoral transmitiría por sus canales oficiales y los medios de comunicación de cada jurisdicción podrían conectarse a esa señal.

De todas maneras, la organización de estos debates está aún en ciernes y en ese sentido, aún resta por determinar quiénes integrarán el denominado Comité de Debates que se encargaría de elaborar el banco de preguntas para los candidatos, que deberá regirse a la realidad de cada cantón o provincia, dependiendo el caso; así también, quiénes serán los moderadores.

Lo previsto es que esta instancia sea independiente del Consejo y la integren actores de la sociedad civil.

En la última semana, los consejeros preveían debatir y aprobar el reglamento que detalle estos aspectos, pero la plenaria se suspendió porque el proyecto borrador no estaba concluido.

No obstante, la propuesta elaborada dentro del organismo plantea que los responsables de efectuarlos sean las juntas provinciales electorales en concordancia con el Código de la Democracia.

Ellos deberán coordinar las acciones con este Comité de Debates Electorales, aunque el borrador de normativa no precisa quiénes lo conformarán.

Se mencionan las atribuciones que tendrían, como asesorar en definir la metodología para la selección de los temas de interés de la ciudadanía; elaborar un banco de preguntas para hacerlas a los candidatos; presentar al pleno del CNE una terna para seleccionar al moderador o moderadores, con base en cinco perfiles de profesionales de la comunicación social.

Se encargaría al director de cada delegación provincial la selección de los perfiles.

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A las juntas electorales se les atribuiría socializar con los candidatos la metodología que se seguirá y promover actividades con los medios de comunicación de cada jurisdicción para garantizar la difusión.

También deberán organizar el sorteo con un notario público para definir la ubicación de los candidatos en el escenario, orden de gráfica y su intervención.

Mientras, los directores provinciales serán los encargados de ejecutar el presupuesto que demande la organización de estos eventos. Esto, tomando en cuenta que se ha estimado un presupuesto de $ 828.200, que se divide para cada provincia y la que más recibirá será Guayas, para la que se han asignado $ 420.000.

Se prevé que los moderadores que sean seleccionados cumplan ciertos requisitos, como tener título en el área de comunicación de al menos cinco años antes de la fecha del debate y acreditar trayectoria de al menos cuatro años en medios de comunicación.

¿Cómo serían los debates?

Cada debate deberá centrarse en las particularidades de cada jurisdicción y los temas dependerán de las candidaturas y no excederían de las tres horas de duración.

Articulado a ello, se propone que el programa se divida en dos bloques de una hora y media de duración cuando existan más de ocho candidatos.

A criterio del consejero Pita, si bien debería haber una coordinación nacional, también deberían conformarse comités provinciales, que los integren representantes de la sociedad civil, gremios y académicos, que conozcan la realidad de cada territorio para que elaboren las preguntas.

Dentro del Consejo, la consejera Elena Nájera evidenció su desacuerdo con los procesos que se están ejecutando en la organización.

Criticó, por ejemplo, que el reglamento esté elaborándose sin la participación de otros actores. En un oficio remitido a la presidenta Diana Atamaint le solicitó que esta norma sea socializada con la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones políticas debido a “su importancia y complejidad”.

Otra observación la hizo a los $ 828.000 que se destinarían para estas actividades. En una de las plenarias consideró que los montos asignados para cada provincia no cuentan con el sustento técnico y presentan inequidades.

Ejemplificó que para Guayas se asignan $ 420.000 para cinco debates y $ 25.000 para Manabí, donde se harían cuatro debates.

“El Consejo le debe una explicación al país, a las organizaciones políticas, alianzas electorales, candidatos y electores. Hago un llamado a los organismos de control y a la ciudadanía a estar vigilantes de estos procesos”, expuso ante el pleno el pasado 12 de octubre.

Enrique Pita consideró que estos cuestionamientos son “improcedentes”, pues el presupuesto respondería a la información de cada delegación electoral en la que se exponen los requerimientos para la logística. “Esto no significa que esté esculpido en piedra, porque podrán hacerse los ajustes pertinentes”, indicó.

Añadió que en Loja se contaría con el aporte del Teatro Benjamín Carrión para recibir a los candidatos lo que no tendrá ningún costo; pero habrá otras ciudades en las que sí requerirán de financiamiento para alquilar estos espacios.

Es el caso del director electoral del Guayas, John Gamboa, quien explicó que en lo concerniente a esa provincia se cuenta con ese monto de $ 420.000, que se fijó en cotizaciones que se ajustarían de acuerdo con las contrataciones públicas que vayan ejecutándose.

En una entrevista radial esgrimió que debido a la “importancia” de la provincia y las autoridades a elegir se aspira a hacer una transmisión nacional, aunque esperarán que las reglas las defina el reglamento.

Con cifras preliminares del Consejo Electoral para estas elecciones seccionales se habrían inscrito 63.518 candidatos. De estos se debe elegir a 221 alcaldes y 23 prefectos, y aquellos que no asistan a los debates serán sancionados.

El Código electoral determinó que el espacio físico que le sea asignado a un candidato permanecerá vacío junto al resto de participantes, a fin de evidenciar su ausencia. Además, se considera como una infracción electoral muy grave, que acarrearía una multa de hasta 60 salarios básicos y la suspensión de los derechos de participación de dos a cuatro años. (I)