Operadora mencionada en audiencia del caso Las Torres asegura que cumplió con todas las condiciones determinadas por el Estado

Una vez se dio a conocer que la Fiscalía investigaría de forma previa los aspectos que tienen que ver con el desvanecimiento en la Contraloría General del Estado (CGE) de una glosa por aproximadamente $ 112 millones relacionada con la operadora Conecel-Claro, en la administración de Pablo Celi, como contralor subrogante, la empresa afirma haber cumplido con todas las condiciones que se le impusieron.

El lunes último, durante la audiencia de revocatoria de la medida cautelar que pesa sobre el contralor Celi, dentro del caso Las Torres, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, la fiscal general Diana Salazar presentó chats y versiones que hablaban del desvanecimiento en la Contraloría de una millonaria glosa a la operadora Claro. Indicaba que sobre esos hechos se abrió una investigación previa.

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En un comunicado publicado este viernes, Claro explica que durante el 2018 la CGE, dentro de un examen especial realizado contra funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la ex-Senatel, hoy Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), estableció inicialmente una predeterminación de glosa contra estos funcionarios públicos debido a una presunta omisión metodológica en la fijación del precio de las frecuencias.

Dichos funcionarios, refiere el comunicado, diseñaron, administraron y ejecutaron el proceso de fijación del precio para las bandas de espectro adicional que fueron asignadas a las operadoras privadas Conecel y Otecel, y ambas empresas pagaron igual valor por megahercio de espectro asignado.

“La CGE, luego de evaluar las pruebas aportadas a través de la intervención de expertos internacionales para la validación del proceso, desestimó la predeterminación inicial. Con esto, quedó ratificado que las condiciones económicas y la metodología establecida por el Estado ecuatoriano para la asignación de espectro adicional para ambas operadoras estuvieron apegadas a la ley”, aseguró Claro.

En febrero de 2015, el Estado ecuatoriano, a través de la entonces Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, realizó el proceso de asignación de espectro adicional para las operadoras privadas de servicios móviles que operan en el país. La operadora Conecel-Claro asegura no haber tenido participación ni injerencia en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para dicha asignación de espectro, las que fueron definidas por el Estado ecuatoriano en su totalidad.

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“Conecel-Claro cumplió con todas y cada una de las condiciones determinadas por el Estado en dicho proceso, incluyendo con el pago correspondiente a la contraprestación definida”, apunta la operadora.

Respecto a este tema, durante la audiencia del lunes, Salazar explicó que se mantiene abierta una investigación previa ante lo que sería un delito contra la eficiencia de la Administración pública.

Fiscalía tendría un chat del 25 de marzo pasado dado entre Celi y Daysi Guevara, experta supervisora de Resoluciones de Responsabilidades Civiles en la CGE, en el que Guevara le dice a Celi: “Señor contralor, jamás me atrevería a decir nada absolutamente de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, aun en el caso de Claro, que sé que está en la Fiscalía. Tenga la plena seguridad (de) que solo diré que usted jamás ordenaría algo en contra de la ley”.

Ese mensaje respaldaría lo dicho en versión, el 3 de mayo último, por Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría, quien señaló que en enero de 2019 se le asignó el expediente relacionado a “Arcotel, Conecel, Claro”, en el que existía un proyecto de resolución que “predeterminaba una glosa civil de cerca de $ 112 millones”.

Villavicencio dijo que autoridades de la CGE le ordenaron que desvanezca esa glosa, orden a la que no dio paso, pero que se enteró de que fue desvanecida.

El director de Responsabilidades de la Contraloría, Luis Miño, en su versión dada a la Fiscalía dentro del caso Las Torres aseguró que su jefe inmediato, Pablo Celi, le ordenó desvanecer glosas en varias empresas, entre ellas, la telefónica Claro.

“... El señor Pablo Celi de la Torre me dispuso directa y verbalmente que suscriba desvanecimientos. (...) Me solicitó que haga valederos los informes técnicos y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por $ 111 millones a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro”, afirmó en su versión el funcionario de la CGE. (I)