Tras la corrección de errores y ajustar los artículos sobre los cuales se acusa al presidente de la República, Guillermo Lasso, por supuesto cometimiento de delitos de concusión y peculado, los cinco asambleístas de oposición al Gobierno esperan calificar la solicitud de juicio político contra el primer mandatario.

Ocho días ha permanecido en la presidencia de la Asamblea Nacional y en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud de juicio político suscrita por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), y apoyada con 59 firmas.

El asambleísta Ronny Aleaga, delegado de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), confirmó que cinco de los siete legisladores que integran el CAL: Virgilio Saquicela (IND), Marcela Holguín y Ronny Aleaga (UNES), Esteban Torres (PSC) y Darwin Pereira (PK) se ratificarán en su posición inicial de dar trámite al juicio político.

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Indicó que no hay sorpresas después de las correcciones realizadas por los proponentes del juicio, pues el proceso pasará a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad.

Aleaga insistió en que se ha respetado el debido proceso y que el CAL está dentro del plazo para dar inicio al trámite del pedido de interpelación del primer mandatario, pues los tres días que establece la ley corren a partir de que se toman decisiones en el Consejo de Administración Legislativa, por lo tanto, no se puede hablar de preclusión de tiempo, pues la norma no es específica cuando se refiere a un juicio al presidente y vicepresidente de la República.

Correcciones y posiciones

El documento entregado el pasado 16 de marzo sufrió al menos dos correcciones, luego de que la academia y constitucionalistas chequearon el expediente y formularon sus críticas.

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En el mismo día de la presentación, la legisladora Viviana Veloz (UNES) envió un alcance a la solicitud de juicio y ajustó los textos referentes a la atribución de la Asamblea Nacional para enjuiciar al presidente de la República, habló de un lapsus calami y precisó que se tome en cuenta lo establecido en los artículos 129 de la Constitución y 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El segundo ajuste se realizó el jueves, cuando los asambleístas interpelantes se equivocaron al invocar los artículos 278 y 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referentes a los delitos de concusión y peculado, vigentes desde el 2021 y que fueron reformados por la Asamblea Nacional.

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Al completar la solicitud sobre los delitos que habría cometido el primer mandatario, los proponentes del juicio aclaran que se deben aplicar los dos artículos sobre concusión y peculado que hasta antes de agosto de 2021 estaban vigentes, porque la reformatoria realizada en febrero de 2021 al Código Orgánico Integral Penal (COIP) a los artículos 281 (concusión) y 278 (peculado) entró en vigencia recién en agosto de 2021.

¿Qué completaron los legisladores interpelantes en la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso?

Mientras los interpelantes revisaban la solicitud de juicio, el legislador nacional Fernando Villavicencio reveló que la asambleísta proponente del juicio, Viviana Veloz (UNES), al corregir el lapsus calami, el día 16 de marzo, cuando oficializó el pedido de juicio, invocó a la sentencia de la Corte Constitucional 0038, que se refiere a una indemnización a una asociación de fabricantes de alimentos para animales.

En cuanto al procedimiento, algunos legisladores de la Izquierda Democrática (ID), y todo el sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), y algunos independientes sostienen que los plazos para que el CAL se pronuncie precluyeron el pasado 20 de marzo y que todo lo actuado en adelante está al margen de lo que determina el procedimiento.

Alejandro Jaramillo (ID) dijo que como presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento revisó los archivos respecto al espíritu que motivó al anterior periodo legislativo formular un plazo para el trámite de solicitudes de juicio político. Ahí, con el voto del legislador Esteban Torres (PSC), se determinó que ese plazo no debe ir más allá de los tres días para que el CAL se pronuncie frente a un pedido de interpelación. Y todo esto era para evitar que una solicitud de juicio se quede en manos de la Presidencia de la Asamblea y se convierta en una herramienta de chantaje o presión política.

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Por lo tanto, añadió, precluyó el plazo para que el CAL se pronuncie sobre el pedido de juicio al presidente Guillermo Lasso. “Yo estoy seguro de que el juicio está caído y la Corte Constitucional revisará todos los temas de fondo y de forma, porque no es una denuncia de comisaría, sino de un juicio político al primer mandatario”, subrayó.

Solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso podría fracasar por el cúmulo de errores advertidos en el proceso

El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, también dijo que los cuatro legisladores proponentes del juicio lo que buscan es generar un estado de desestabilización, pues pese a la corrección de errores no han podido encontrar pruebas, elementos y establecer un hilo en función de las denuncias, y mucho menos cómo van a generar la responsabilidad del presidente de la República sobre los hechos denunciados. La bancada oficialista, añadió, está expectante del proceso.

La legisladora Jéssica Castillo comentó que desde el inicio la bancada Pachakutik estuvo clara en que los errores no pueden ser por coincidencia y ocasionales, porque la Constitución y la ley de la Función Legislativa tienen reglas claras respecto a los artículos que corresponden para un pedido de interpelación.

Pachakutik, reiteró la representante de Pichincha, apoyará el juicio político al primer mandatario siempre y cuando la justificación sea clara, pero no se puede permitir que mientras el CAL continúe reunido analizando la solicitud sigan las correcciones en el expediente. “En este momento vemos que todo esto es un show político e intereses personales”, anotó. (I)