En el año de gestión del actual contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío, se han aprobado 588 informes de auditoría a las actividades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sus empresas y entidades adscritas; de ellos, 117 tienen indicios de responsabilidad penal (IRP), es decir que existe la presunción de que se cometió algún delito relacionado con el manejo de fondos públicos.

Estos últimos, según dijo Riofrío en una entrevista con EL UNIVERSO, ya han sido enviados a la Fiscalía General para que inicie las investigaciones que correspondan. El detalle de qué instituciones y por qué están señaladas se mantiene en reserva.

Solo en el caso de los municipios hay 184 informes generales; de ellos, 65 corresponden a los cantones cuyas capitales son a la vez capitales de la provincia, según se desprende de la revisión de un listado proporcionado por la institución a este Diario. O sea que representan la tercera parte del total. Los que más informes tienen son Quito, Cuenca, Latacunga y Guayaquil.

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En el caso de las prefecturas, las de Guayas, Pichincha y Manabí son las que tienen más auditorías aprobadas.

Son al menos siete los tipos de irregularidades detectadas en estos exámenes especiales:

1. Falta de gestión en la generación y cobro de las contribuciones por mejoras a los beneficiarios de las obras realizadas por los gobiernos locales.

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2. Recuperación ineficiente de la cartera por provisión de servicios básicos y los impuestos prediales y tasas.

3. Desembolsos que no se encuentran sustentados.

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4. Ausencia de control, registro y administración de los bienes y existencias, su custodia y cobertura de seguros.

5. Transferencias a las cuentas personales de los presidentes y secretarios de las empresas públicas o entidades adscritas.

6. Contratación de obras, bienes o servicios que no son afines a la misión de los GAD.

7. Contratación de carnavales y festividades cantonales mediante régimen especial y bajo la naturaleza de “obras artísticas, culturales y literarias”, cuyos gastos no están justificados con documentación que demuestre la prestación del servicio y la probidad de sus costos.

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Riofrío señaló que el hecho de que algunas autoridades locales tengan estas observaciones de parte de la Contraloría General no impide que puedan postularse en los comicios seccionales del 2023, en el caso de aquellos que deseen optar por una reelección. “No hay una limitante legal”, dijo él, quien agregó que en su año de gestión no se ha resuelto ninguna destitución de funcionarios.

Tanto la Constitución como el Código de la Democracia establecen seis prohibiciones para ser candidatos, como tener contratos con el Estado, tener sentencias ejecutoriadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; adeudar pensiones de alimentos; o ser funcionarios de los organismos electorales, servidores públicos de libre remoción o miembros del servicio exterior, salvo que hayan renunciado seis meses antes.

Fausto Camacho, exconsejero electoral, opinó que está bien que los señalamientos de la Contraloría no afecten los derechos de participación, puesto que en un país desinstitucionalizado como Ecuador, estas investigaciones podrían “forjarse” o “mandarse a hacer” para dañar a potenciales candidatos.

“No pretendamos construir un estado en el que las limitaciones puedan ser tan complejas más cuando no funcionan las instituciones. Si tuviéramos una Contraloría de lujo, seguramente tendrían un mayor valor esos informes. Yo siempre hago una reflexión sobre eso. Mucho se habla de que tal o cual tiene indicios de responsabilidad penal... ¿pero de qué Contraloría? ¿La de Carlos Pólit? ¿La de Pablo Celi? Por favor”, dijo.

Recordó que las sanciones civiles o administrativas que puedan derivarse de estas auditorías son apelables ante tribunales contenciosos, y que las resoluciones pueden tardar años.

Agregó que no necesariamente las observaciones de la Contraloría constituyen delitos; pueden ser errores de gestión que pueden subsanarse con las recomendaciones que esta emite. Y que los indicios de responsabilidad penal son presunciones que le corresponde investigar a la Fiscalía

Nubia Villacís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló que, en efecto, “no hay impedimentos de participación electoral para alguien que no administre de forma transparente la cosa pública o que su gestión haya sido cuestionada hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada”, pero que le corresponde a los partidos políticos escoger candidatos que acrediten probidad e idoneidad.

“Los partidos no siempre nominan a personas con el perfil adecuado para administrar. Pueden ser buenos candidatos, populares, carismáticos, pero de ahí que sepan administrar un GAD eso dista mucho. También es un tema de cultura política de nuestros votantes: deben tener la capacidad de poder discernir entre un candidato que habla bonito y otro que tenga actitudes y aptitudes para poder administrar lo público”, dijo.

En este punto, indicó, es importante la realización de debates, y un acompañamiento de veedurías ciudadanas tanto a las campañas como a las administraciones. (I)


Informes de auditorías aprobados por la Contraloría en los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Tipo de instituciónInformes generalesInformes penalesTotal
GAD municipales18451235
GAD provinciales451863
GAD parroquiales8218100
Empresas públicas de los GAD10313116
Entidades adscritas a los GAD571774
Total471117588
Fuente: Contraloría General

Ranking de prefecturas con más informes generales

ProvinciaTotal de informes
Guayas8
Pichincha7
Manabí5
Azuay5
Otras20 (Los Ríos, Esmeraldas, Chimborazo, Loja, Zamora Chinchipe, Orellana, Cotopaxi, Napo, El Oro, Bolívar, Santo Domingo y Morona Santiago)
Total45
Fuente:Contraloría General

Ranking de cantones que son capitales de provincia con más informes generales

CantónInformes generales aprobados
Quito16
Cuenca6
Latacunga6
Guayaquil5
Portoviejo4
Babahoyo6
Ibarra3
Loja3
Azogues
Santo Domingo2
Santa Elena2
Esmeraldas2
Machala
Guaranda, Riobamba, Zamora, Pastaza, Morona, Francisco de Orellana, Ambato y San Cristóbal1 (cada una)
Tulcán, Tena y Nueva LojaNinguno
Total65 (de 184)
Fuente: Contraloría General