Nuevo proceso por cohecho contra Pablo Celi podría demorar su salida de la cárcel, pero no se frenaría, afirma su defensa

El juez Luis Rivera se hará cargo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho que solicita la fiscal general, Diana Salazar, contra el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona y la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda., a través de su representante Tang Di. El lunes 28 de marzo próximo, a las 14:00, se realizará la audiencia.

El miércoles último la Fiscalía envió a la CNJ un pedido para que se defina una fecha para formular cargos. Lo hizo a esa Corte por el fuero que cobija a Celi, pues se investigaría la existencia del pago de un soborno de la empresa China CAMC a cambio de que el entonces contralor desvanezca dos glosas existentes sobre esta empresa.

La trama que analiza la Fiscalía tendría al excontralor Celi como la persona que se encargó directa y por intermedio de otros funcionarios de desvanecer dos glosas relacionadas con China CAMC. La empresa por este hecho habría realizado una transferencia de poco más de $ 1,3 millones a la empresa LegalCont, la cual sería de propiedad de Pedro Saona, quien al igual que los dos Celi es procesado en el caso Las Torres, pero sobre él está suspendida la etapa de juicio por estar prófugo de la justicia.

Fiscalía avanza con investigación previa que analizaría relación entre Pablo Celi y empresa China CAMC; el excontralor rindió versión desde la cárcel

Finalmente, sostiene la teoría de Fiscalía, los beneficiarios finales de los dineros eran Estaban Celi, quien supuestamente actuaba como beneficiario de su hermano, y el entonces contralor. El supuesto desvanecimiento de glosas a la empresa China CAMC Engineering sumaría $ 32,5 millones: $ 22′645.000 mediante una resolución del 26 de abril de 2019 firmada por Pablo Celi y $ 9′915.501 en octubre de 2020 por medio de una resolución firmada por Héctor Hugo Pérez, exsubcontralor de la CGE.

China CAMC ha participado en proyectos de construcción de hospitales en Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo, trabajó en obras relacionadas con la construcción de centros del sistema ECU911 y fue parte de la construcción de la Plataforma Financiera, edificio localizado en el norte de Quito. Aparentemente, el dinero a modo de coima se habría entregado por la eliminación o el desvanecimiento de glosas relacionadas con la Plataforma Financiera y el sistema nacional ECU911.

En audiencias del caso Las Torres, Salazar ha explicado que la transferencia por $ 1,3 millones efectuada el 18 de junio de 2019 por la empresa China CAMC fue en favor de los hermanos Celi, pero los recursos fueron depositados en LegalCont, empresa que también estaría vinculada a la “trama criminal”. Con esa evidencia creía la fiscal que se confirma el “modus operandi de esta organización”.

La familia de Celi, mediante un comunicado, indicó que en la versión que rindió el excontralor, la mañana del lunes último desde la Cárcel 4, en el norte de Quito, él afirmó que esta nueva investigación no constituye otra cosa que “un acoso procesal por parte de una Fiscalía predispuesta y destinada a exacerbar una nueva campaña de linchamiento mediático, para insistir en el desprestigio ante la opinión pública e incidir negativamente en el ánimo de los jueces para agravar un proceso plagado de inconsistencias que figuran un fraude procesal”.

El excontralor en su versión también habría defendido el hecho de que el desvanecimiento de responsabilidades civiles y administrativas son una atribución constitucional y legal de la Contraloría General del Estado (CGE).

“Los actos administrativos del organismo de control tienen presunción de legalidad; según el Código Orgánico Administrativo, se presumen legítimos. Esta presunción de legalidad no ha sido enervada. ¿En qué norma legal se sustenta la suposición de que la no confirmación de responsabilidades por parte de Contraloría sea un acto irregular, cuando la Ley Orgánica de la CGE establece esta acción como una competencia del órgano de control? No se puede presuponer que una resolución de desvanecimiento de responsabilidades civiles por parte de la Contraloría constituya una conducta antijurídica”, explica Celi.

El pedido para formular cargos llegó a 17 días de que el excontralor Celi cumpla 65 años de edad, se lo considere adulto mayor y deba salir de la Cárcel 4 hacia un arresto domiciliario, y a 21 días de que caduque la prisión preventiva que pesa sobre los dos Celi y Adolfo Agusto Briones, todo dentro del caso Las Torres.

Denuncias e investigaciones previas abiertas en Fiscalía agravan el panorama judicial del excontralor Pablo Celi

Marcelo Ron, defensa de Pablo Celi, califica al pedido de la Fiscalía para formular cargos como una “leguleyada jurídica sin fundamento para mantener al excontralor privado de su libertad”. El abogado insiste en que lo que la Fiscalía investiga ya es parte del proceso por delincuencia organizada en el caso Las Torres e incluso, asegura, el tema de China CAMC es parte de los elementos de prueba usados para llamar a juicio a Celi.

De formularse cargos y emitir una nueva orden de prisión preventiva en esta nueva causa, Ron es claro en decir que si se da de esta forma esto demorará un tanto, pero no frenará la salida de su cliente de la Cárcel 4, centro de privación de la libertad en el que está desde el 14 de abril de 2021. El procedimiento sería solicitar la revisión de la medida cautelar por el cumplimiento de la edad para adulto mayor y Ron espera que exista la misma agilidad que se da a lo que pide Fiscalía.

El caso de Esteban Celi y Adolfo Agusto Briones sería distinto en el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Sobre este último, la Fiscalía anunció que ha pedido día y hora para formularle cargos por el delito de lavado de activos, junto a la empresa Adokasa, a través de su representante legal.

De llegar a darse en estos días las audiencias de formulación de cargos por cohecho y lavado de activos y de emitirse órdenes de prisión preventiva contra Celi y Agusto Briones, el 13 de abril sí caducaría la prisión preventiva en el caso Las Torres, pero no podrían salir de la cárcel por la vigencia de estas nuevas medidas cautelares. (I)