Independientemente de lo que ha generado en lo legal, constitucional y político el que la Asamblea Nacional otorgó 268 amnistías a supuestos judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social, defensores comunitarios y de la naturaleza y por administración de la justicia indígena, el actual Parlamento podría nuevamente entrar a analizar dos nuevas listas con el nombre de personas que podrían recibir el beneficio de una amnistía.

La resolución en paquete aprobada, la madrugada del 10 de marzo pasado, con el voto de 99 legisladores de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, parte del BAN e independientes, ya fue publicada en el Registro Oficial, pero mantiene dos acciones constitucionales en su contra para conseguir dar de baja los efectos jurídicos de las amnistías (archivo de la causa, extinción de la pena, entre otros).

Fe de erratas para corregir errores en amnistías aún no se publica en el Registro Oficial

Dentro del marco de la supuesta reconciliación social que pretendían generar las amnistías, el consejero del gobierno de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, refiere que esta pacificación no podía ser completa si se estaba excluyendo de este beneficio a los policías y militares que protegieron la vida, la integridad y los bienes de los ecuatorianos de la agresión que se dio en octubre de 2019.

Ese anuncio inicial de que se analizaría la posibilidad de que policías y militares que participaron en las protestas de octubre se beneficien de una amnistía fue ratificado hace pocos días por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en una entrevista en Teleamazonas. Allí dijo que el Gobierno está analizando legalmente cómo debe plantearse la solicitud de amnistía y la presentarán directamente en la Asamblea en favor de policías y militares.

“No es posible que mientras se otorga perdón y olvido a quienes asaltaron la ciudad de Quito en octubre de 2019, la secuestraron y la incendiaron, no se otorgue esa amnistía a las personas que defendieron a la capital. Eso es absolutamente inadmisible y estaré con los policías y los militares que fueron objeto de secuestro y considero fueron atacados por defender la ciudad de Quito”, dijo Vela.

Ante ese tipo de cuestionamientos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y amnistiado en cinco causas, dos de ellas por secuestro, Leonidas Iza, sostiene que el proceso de amnistías llegó a concretarse porque el sector indígena impulsó el tema en la Comisión de Garantías Constitucionales y cumplió con los requisitos para cada caso.

“Aquí la Asamblea no puede salir a buscar de casa en casa a buscar quién va a ser amnistiado. Tiene que ser los ciudadanos interesados, justificando en el debido proceso, que realmente ha existido un ataque por parte de las autoridades del Estado. (...) La amnistía garantiza un proceso de reconciliación y miramos con preocupación que el único que no quiere reconciliación en este país es el Gobierno y ciertos sectores, quieren más caos, más persecución, más criminalización”, señaló Iza.

Amnistías se basan en análisis de delitos presentados como lucha social, derecho a la resistencia y administración de justicia indígena

El dirigente indígena defiende las amnistías otorgadas y asegura que recurrirán a todos los recursos que sean necesarios para defender la decisión de la Asamblea. Desde esa perspectiva, Iza anunció, sin dar detalles, que presentarán ante el Legislativo otra lista de “compañeros criminalizados” por hechos de octubre de 2019 y octubre de 2021, así como también por “criminalizados en los territorios”.

De este nuevo paquete de amnistías esperan sean parte los casos del informe de la Mesa de Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más, que incluyen temas de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) divididos en dos partes: casos de civiles (manifestantes, defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, casos de periodistas y libertad de expresión) y la gran mayoría de causas que estarían relacionadas con policías y militares.

Otros casos que buscan amnistía

Paúl Jácome, parte de la Mesa de Verdad y Justicia, recordó que cuando se posesionó esta Asamblea ellos presentaron el informe con aproximadamente 290 causas documentadas y solicitaron se analice amnistiar a quienes fueron perseguidos en el gobierno de Rafael Correa. Sobre eso, hasta el momento no ha existido un pronunciamiento, por lo que él cree que la Asamblea le debe a los “perseguidos del correísmo” el tema de las amnistías.

Dentro del análisis realizado como parte de las amnistías aprobadas a inicios de marzo, Jácome indicó que como colectivo asistieron a un par de reuniones con el presidente de la Comisión de Garantías, Fernando Cabascango, pero el tema no fue considerado.

Ahora se habla de un segundo bloque de amnistías, entonces iremos pensando en la posibilidad de dar impulso en tanto y en cuanto verifiquemos los casos en los que cabrían en ese tema. Entonces esperamos que sea real esa noticia para lograr ese beneficio”, explicó Jácome.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación de Víctimas 30-S, refiere que en 2018 ellos pidieron a la Asamblea que otorgue una amnistía general para los afectados del 30-S. Según él, ese diálogo se suspendió en octubre de 2018, debido a que a cambio de 137 votos a favor de la amnistía general se les pedía que ellos acepten una amnistía general para todos los involucrados en el tema 30-S, es decir, víctimas y victimarios.

“Uno de los razonamientos que se utilizaron en el caso nuestro para poder tener los 137 votos de respaldo era el argumento de que era necesario cerrar las heridas y por el bien del país se olviden de los agresores y se beneficie a las víctimas. Nosotros no podíamos aceptar ese argumento. Por tanto, tomamos la decisión de decirles no. Retiramos y empezamos a presentar recursos extraordinarios de revisión en la Corte Nacional de Justicia”, apuntó Ayerve.

Para él, esa fue la mejor decisión que pudieron tomar, pues no solo porque jurídicamente la amnistía tiene un efecto y en cambio la sentencia de un juez por la inocencia tiene otro, sino también porque de los 192 casos en los que se presentó recurso de revisión, en 166 de ellos hasta el momento han recibido declaratorias de inocencia y están libres por sentencias de tribunales de la Corte Nacional.

Ayerve ve en la amnistía un tema absolutamente serio que tiene relación con la defensa de derechos de afectados y que como último recurso se recurre a la Asamblea para recuperar el derecho de los afectados. Por ello, piensa que las amnistías deben ser dadas luego de un análisis de caso por caso, con absoluta precisión, individualizando el mérito, para evitar que delincuentes que han cometido delitos se escondan y termine habiendo un hecho que pueda significar abusos de manejo político. (I)