Por falta de votos y el retiro de la solicitud con las firmas de respaldo, el juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, no prosperó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Solo cuatro legisladores se pronunciaron a favor de que la mesa de Fiscalización continuara con el proceso de interpelación. Los tres delegados del correísmo ante la Comisión votaron en contra; mientras que el independiente, Bruno Segovia, se abstuvo.

Comisión de Fiscalización conocerá y calificará el juicio político al procurador del Estado, Íñigo Salvador

Antes de la votación de la moción para avocar conocimiento, hubo un debate respecto a la legalidad sobre el retiro de la solicitud de juicio contra el procurador del Estado, en el que hubo confrontación de posiciones entre los correístas y el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (CN-PSE).

Publicidad

Los legisladores correístas, en bloque, retiraron las firmas de respaldo al juicio político al procurador, Íñigo Salvador, minutos antes de que se instalara la Comisión para calificar el pedido de interpelación del funcionario.

La decisión de retirar la solicitud de juicio y las firmas de respaldo obedece a un interés mayor, dijo el asambleísta proponente de la interpelación, Ferdinan Álvarez (UNES), pues el país se encuentra en una situación incómoda, la inseguridad campea y hay una intención de tomarse por asalto al país a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La bancada correísta, representada en UNES, busca acelerar el inicio del juicio político en contra de los consejeros que actualmente hacen mayoría en el CPCCS, y por ello, retiraron este juicio y esperan que lo mismo suceda con el juicio planteado en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los vocales del Consejo de la Judicatura, cuyas solicitudes están en cola para que sean conocidas por la Comisión de Fiscalización.

Publicidad

Álvarez, en la sesión de mesa de Fiscalización, señaló que los ecuatorianos deben velar por el interés mayor, y en este momento ese interés mayor es iniciar de forma inmediata el juicio político en contra de los cuatro miembros del CPCCS.

Que la voluntad de un legislador no puede estar por encima de una mesa; que no se actúe por revancha política. Por lo tanto, no puede continuar el proceso, porque no hay interpelante ni firmas de respaldo. “Cuidado, so pretexto de revanchas políticas, se pase por encima de la Constitución”, advirtió.

Publicidad

El asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) ayudó en el argumento al legislador Álvarez y dijo que es verdad que no consta en la ley la posibilidad de retirar una solicitud de juicio político, pero que en este caso la interpelación no tiene denunciante y tampoco firmas de respaldo; por lo tanto, no hay un requisito formal.

Si un asambleísta ha retirado el proceso y las firmas de respaldo, no se puede continuar con el proceso, porque estaría en contra de la seguridad jurídica; y, además, si un asambleísta retira las acusaciones y pruebas, ¿de qué se va a acusar al procurador?, preguntó.

El legislador Villavicencio afirmó que con UNES coinciden en que el CPCCS debe irse a la casa, pero todos, y comentó que hace lo posible para que la Comisión actúe en derecho; invitó al legislador Álvarez a que asuma el juicio y que personalmente apoyará con todas las pruebas. Si continúa con el juicio, la institución quedará fortalecida; pero si la Comisión no avoca conocimiento, la institución quedará debilitada, advirtió, tras anunciar que luego de esto vendrán dos retiros más de juicios al CNE y al Consejo de la Judicatura.

Pedro Velasco (BAN) apoyó la tesis de Villavicencio de que el juicio ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que se hizo la verificación del cumplimiento de requisitos; por lo tanto, la Comisión de Fiscalización tiene la obligación de avocar conocimiento de la solicitud, porque la calificación ya la hizo el CAL.

Publicidad

Los criterios jurídicos solicitados a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), en los que se señaló que no procede el retiro del juicio político, quedaron también de lado.

El asambleísta Marco Troya (BAN) dijo que el juicio cumple con los requisitos, y hay que seguir con responsabilidad así no haya pruebas o acusaciones, pero debe continuar con el procedimiento.

Villavicencio advirtió que, tras las resultados de la votación, operará conforme lo determina el artículo 142, último inciso, de la Ley Orgánica de Función Legislativa, donde se señala que, si no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para una correspondiente resolución. (I)