Líderes de los tres movimientos indígenas y campesinos exigieron al Gobierno nacional que corrija su postura frente al cumplimiento de los 218 acuerdos contemplados en las diez mesas de diálogo, esencialmente el relacionado con la condonación de las deudas en la banca pública hasta por $ 10.000, que lo reclaman como incumplido.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) se reagruparon para expresar su indignación por las recientes declaraciones de ministros de Estado en las que se advirtió que no se condonarán las deudas por hasta $ 10.000 pese a que había sido incluido en los acuerdos de las mesas de diálogo, que tuvo como ‘garantes’ a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

En la sede de la Conaie, este 30 de noviembre, al menos catorce dirigentes participaron de una declaración de prensa conjunta para pedirle al presidente Guillermo Lasso que cumpla con dichos acuerdos.

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“Con el afán de no cumplir con los acuerdos, en las mesas técnicas de seguimiento se están fijando tiempos que no estaban acordados. No es posible que haya que programar nuevas fechas que no estaban establecidas, esto nos da a entender que el Gobierno no quiere cumplir con los acuerdos, nos da a entender que el pueblo hemos sido engañados. Pedimos honestidad y transparencia y no que solo por cuestiones temporales diga sí a todo”, reprochó Enrique Guascha, secretario de Fortalecimiento de la Feine.

Su inquietud se da debido a que habría acuerdos y decretos que podían ser emitidos con agilidad, después del cierre de los 90 días de diálogo, a los que no se ha dado viabilidad.

Uno de estos 218 acuerdos es cumplir con el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, respecto de la condonación de deudas en la banca pública hasta los $ 10.000

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Ello consta en una de las actas de la mesa de banca pública y privada firmada el 18 de julio, en la que el BanEcuador se comprometió a aprobar la condonación de créditos vencidos hasta el 31 de mayo del 2022; ello incluía intereses, intereses de mora y gastos legales.

Quito, 30 de noviembre del 2022.- La Conaie, Feine y Fenocin se pronuncian ante 'incumplimiento' de los acuerdos firmados con el Gobierno nacional. Foto: Sugey Hajjar

La nómina de clientes se notificaría a la Superintendencia de Bancos para que ya no aparezcan en el buró de crédito y, una vez condonado el crédito, se eliminarían las medidas dictadas dentro de los procesos de coactiva.

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A ese compromiso le sigue un inciso que establece que “se cumplirá con lo que disponen el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19 y el Código Orgánico Monetario y Financiero, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta $ 10.000 más sus intereses y otras costas y comisiones y que sean considerados irrecuperables, dirigido a crédito productivo y microcrédito”.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, advirtió que esa medida no se aplicará hasta los $ 10.000, pues es una facultad que tiene el Ejecutivo y no una obligación.

“Se acordó que se aplique lo que dice el artículo 196 de la ley, que es una facultad y no una imposición. Esa facultad está dada por las capacidades estatales, por eso nos hemos enfocado en la condonación hasta los $ 3.000 y la reestructuración de las deudas. No vamos a avanzar hasta los $ 10.000 porque superaría los montos alcanzados. El artículo 196 establece que está en la facultad (del presidente de la República) condonar deudas de hasta $ 10.000, pero no es una imposición, sino una facultad que debe hacerse con responsabilidad y que por el momento no sería posible aplicar”, recalcó el ministro en una declaración del 24 de noviembre.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aclaró al Gobierno que la palabra que consta en el acta dice “cumplirá”, además que la ley de sostenibilidad fue una propuesta presidencial y que no la impulsaron ni la pidieron las organizaciones sociales.

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“Le pido al ministro, al Gobierno nacional, que corrija sobre este acuerdo, si no, estarán provocando ellos mismos una reacción, sobre todo en la Costa, en donde estaremos presentes en la socialización (de los acuerdos) para tomar decisiones conjuntamente”, manifestó Iza.

En esta mesa de dirigentes no se encontraba el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, que en conjunto con una denominada Plataforma por la condonación de deudas de los agricultores, artesanos, pescadores y emprendedores anunciaron una jornada de protestas en la Costa para exigir que se cumpla con esta medida.

Al contrario, se encontraba el vicepresidente Jatari Sarango, quien pidió lo mismo, pues han pasado cinco meses desde que se reunió la mesa de banca pública y privada y no hay resultados. Se “quedaron en papeles”, reclamó.

Las delegaciones de estos tres movimientos sociales recalcaron que por el momento no recurrirán a medidas de hecho, como movilizaciones a nivel nacional, pero si se mantiene el incumplimiento, las estructuras de base tomarán decisiones.

“Hay un proceso de evaluación (de los acuerdos) que lo respetaremos, pero el Gobierno sale a deslegitimar, a amenazar… ¿Está amenazando, ministro? Están provocando indignación, cumplan los acuerdos y no provoquen más”, expresó Leonidas Iza.

Esto, mientras hay preocupación por la ausencia de la Conferencia Episcopal, que decidió terminar su acompañamiento a las mesas de diálogo que se instalaron desde el 13 de julio luego de la firma del Acta de la paz.

Según Iza, pidieron en varias ocasiones a la cúpula religiosa que mantenga el acompañamiento en esta fase de seguimiento de los 218 acuerdos, pero no hubo una respuesta afirmativa y, al contrario, ha “quedado al libre albedrío de los ministerios”.

La Conferencia Episcopal “está involucrada en este proceso de diálogo, de cualquier reacción que se dé también serán responsables, porque no permitieron concluir con un proceso consensuado”, añadió Iza. (I)