La instalación inmediata de una mesa técnica interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado para desarrollar y estructurar un sistema de seguridad nacional para la Función Judicial fue una de las principales decisiones que adoptaron, la mañana de este miércoles, autoridades que se juntaron para tratar temas relacionados con la seguridad de los servidores judiciales del país.

Por más de casi tres horas, de forma reservada, se reunieron en la sede de la Judicatura en Quito el presidente temporal del CJ, Fausto Murillo; el ministro del Interior, general (sp) Patricio Carrillo; el comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas; la delegada de la Fiscalía General Anahí Briceño, entre otros funcionarios judiciales.

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Tanto el CJ como la Fiscalía y el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, acordaron que esta mesa técnica trabaje de forma permanente en el desarrollo de un sistema desde una perspectiva técnica y de inteligencia, en función de la determinación del riesgo por las amenazas vinculadas directamente con el narcotráfico y el crimen organizado.

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La reunión nació de los llamados de atención que generaron ataques de sicarios registrados en las ciudades de Guayaquil, en Guayas, y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, contra elementos del sector justicia.

En la mañana del lunes último, el fiscal de Personas y Garantías Édgar Escobar fue asesinado por sicarios al pie del edificio de la Fiscalía General en Guayaquil; mientras que en horas de la noche de ese mismo lunes fue atacado a tiros el vehículo en el que viajaba el juez multicompetente del cantón Shushufindi Víctor G. Él no resultó herido, pero sí recibieron impactos de bala dos personas que lo acompañaban.

Otro de los acuerdos alcanzados es que la Policía Nacional priorizará la atención de los requerimientos de protección y seguridad de los servidores judiciales cuya labor tiene mayor exposición al riesgo. Además, se estructurará la Unidad de Protección Judicial para fortalecer los esquemas de seguridad de los servidores judiciales y usuarios del servicio de justicia.

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Una vez que se registró la muerte del fiscal Escobar, Diana Salazar, fiscal general del Estado, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y jueces de la Corte Nacional de Justicia exigieron a las autoridades con competencia en la materia de seguridad que adopten medidas urgentes para que se garantice que los funcionarios judiciales puedan realizar sus actividades profesionales sin riesgos.

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Se definió también dentro de la reunión que se realizará un estudio de las infraestructuras de justicia, para determinar su situación actual y establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados. Finalmente se analizó la posibilidad de generar acciones en el mediano y largo plazo para fortalecer las capacidades físicas, tecnológicas y humanas de protección que requiere la infraestructura usada por los servidores judiciales. (I)