Mientras gerenciaba el comercio internacional de crudo en Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval tejió un entramado entre empresas estatales extranjeras, compañías petroleras privadas, intermediarios financieros, sociedades de papel y otros funcionarios públicos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos desenredó la madeja y estableció seis esquemas de sobornos en su acusación contra Arias por posible lavado de dinero, la cual se hizo pública el martes pasado.

Antes de esto, ya se conocía que los fiscales estadounidenses señalaban a Arias como el posible beneficiario de los sobornos de tres entramados: dos liderados por las comercializadoras internacionales Gunvor y Vitol; y el otro, por la compañía estadounidense de asfalto Sargeant Marine Inc.

Ahora se sabe que el Departamento de Justicia apunta a otros tres esquemas. El primero expondría la corrupción en las preventas petroleras entregadas a Petrochina. El segundo involucra a una empresa pública latinoamericana. Y el último destapa posibles pagos irregulares detrás de la compra de diésel y de gas licuado de petróleo.

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Los fiscales estadounidenses han determinado que en los seis esquemas de sobornos participaron 33 actores, entre compañías públicas y privadas, intermediarios financieros y funcionarios del Gobierno ecuatoriano.

Sostienen que Arias recibió $ 17,7 millones en pagos ilegales y que parte de este monto lo compartió con otros tres funcionarios públicos ecuatorianos. Los fiscales ya conocen la identidad de estos, pero en la acusación no indican sus nombres, sino que solo dan una descripción de ellos.

Del “funcionario 1″ se dice que trabajó en el sector público entre 1997 y 2019; del “funcionario 2″, que ocupó un cargo de alto nivel en Petroecuador durante un tiempo relevante; y del “funcionario 3″, que tuvo varios puestos importantes del entonces Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016.

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Arias fue el hombre fuerte de los negocios petroleros en el gobierno de Rafael Correa. Ocupó el cargo de gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Desde ese puesto clave vio pasar a gerentes generales de la estatal petrolera y ministros del área de hidrocarburos. Él era inamovible.

Este Diario le solicitó una entrevista a través de su abogada en Ecuador, María Teresa Torres, pero Arias declinó a dar declaraciones. Ella afirmó que su cliente está colaborando con la justicia estadounidense.

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El fantasma de Petrochina reaparece

Uno de los esquemas identificados por el Departamento de Justicia se formó en 2010 y apunta a contratos de venta de petróleo otorgados a una empresa estatal asiática. El perfil coincide con las preventas petroleras entregadas a Petrochina, pues no hubo otra asiática con ese tipo de acuerdos en ese año.

Según la acusación estadounidense, tres empresas privadas se beneficiaron de esas ventas, pues estas compañías dieron sus servicios a Petrochina. Una se dedicaba al comercio, otra a la distribución y la otra al transporte del crudo.

Los fiscales sostienen que estas tres compañías dieron sobornos a Arias para que mantengan los contratos con Petrochina y que lo hicieron a través de transferencias bancarias y pagos en efectivo, con la ayuda de un intermediario cuyo nombre no se ha revelado.

Como ejemplo de estas operaciones, los investigadores indicaron que este intermediario transfirió aproximadamente $ 818.000 a Arias, entre febrero y junio de 2012, y que este compartió parte de ese monto con el “funcionario 1″.

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Gracias a los papeles de Panamá, EL UNIVERSO reveló en 2016 que los empresarios Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar llegaron a un acuerdo con la compañía Castor Petroleum Ltd. para cobrar $ 1 de comisión por cada barril de crudo que Petroecuador le entregaba a Petrochina por un contrato de preventa petrolera firmado en 2009.

Esa investigación mostró que Petrochina transfería ese crudo a Castor Petroleum, comercializadora que pertenecía al Grupo Gunvor.

Ecuatorianos recibieron comisión por crudo prevendido a Petrochina

Este Diario también reveló en 2020 que una empresa offshore de Enrique Cadena, Fairgate Trading Corp., recibió un total de $ 10,2 millones de parte de otra comercializadora de crudo ecuatoriano, Core Petroleum LLC, en once transacciones realizadas entre 2014 y 2016.

Estas transacciones fueron reportadas como sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera estadounidense (FinCEN, por sus siglas en inglés) y aparecieron en otra investigación periodística de escala global llamada “FinCEN Files”, que también fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Core Petroleum LLC pagó a Enrique Cadena $10,2 millones, reportados como sospechosos

Enrique Cadena rindió una versión ante la Fiscalía ecuatoriana en 2018, dentro del caso Petrochina, que hasta ahora permanece bajo reserva. Su abogado de ese entonces, Joffre Campaña, dijo a la prensa que su cliente no tenía ninguna participación en los contratos petroleros investigados.

Enrique Cadena Marín testificó en el caso Petrochina ante la Fiscalía de Ecuador mediante teleconferencia desde Ciudad de México, en enero de 2018.

Una empresa pública latinoamericana está involucrada

Otro esquema identificado por el Departamento de Justicia se formó en 2012 e involucró a una empresa pública latinoamericana que tuvo un contrato con Petroecuador. De acuerdo con la acusación estadounidense, la que se benefició de este negocio fue una compañía comercializadora privada que promocionó, vendió y transportó el petróleo objeto de ese contrato.

Los fiscales sostienen que Arias conoció de antemano que la empresa pública latinoamericana mantendría un acuerdo con la compañía comercializadora y que, por eso, ayudó a la empresa estatal a obtener el contrato con Petroecuador y entregó información confidencial a tres intermediarios.

Uno de estos intermediarios fue Antonio Peré Ycaza, quien también enfrenta una acusación por lavado de dinero en Estados Unidos. Según las investigaciones judiciales, este también ayudó a canalizar sobornos a favor de Arias.

La acusación relata que Peré Ycaza firmó un contrato falso de consultoría con una empresa de pantalla domiciliada en Uruguay para cobrar $ 1 millón, que fue transferido a la cuenta bancaria de una compañía panameña perteneciente a él. Luego, Peré Ycaza entregó aproximadamente $ 146.000 a Arias, concluye la acusación.

La compra de diésel y gas licuado de petróleo, en entredicho

El último esquema está relacionado con contratos que Petroecuador firmó para comprar diésel y gas licuado de petróleo. Según la acusación estadounidense, este entramado se formó en 2014.

Los fiscales sostienen que Arias brindó ventajas inapropiadas a dos compañías comercializadoras para que obtengan y retengan los contratos con Petroecuador. A cambio, añaden, Arias recibió aproximadamente $ 700.000 en pagos ilegales, que se realizaron con la ayuda de dos intermediarios que no habían participado en los otros esquemas descubiertos.

La acusación especificó que solo entre diciembre de 2010 y julio de 2018, Arias recibió transferencias por un total de $ 137.000 de parte de la empresa que se adjudicó los contratos para la compra de gas licuado de petróleo. (I)