Los vocales censurados y destituidos retornan al Consejo de Participación Ciudadana y aceleran la elección del Super. de Bancos y devuelven la terna para la elección de la Judicatura

Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron censurados y destituidos por un juicio político actúan contra el tiempo. Retomaron sus curules acogiéndose a una medida cautelar que emitió un juez constitucional y en una plenaria resolvieron agilizar dos procesos de elección de autoridades: convocaron a impugnación ciudadana en la designación del titular de la Superintendencia de Bancos y negaron la terna para elegir al vocal del Consejo de la Judicatura que representa a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En un hecho sorpresivo, la tarde de este 23 de noviembre, Hernán Ulloa, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán reinstalaron una última sesión que se suspendió días atrás y resolvieron sobre la designación de dos autoridades de control del Estado.

Los cuatro vocales fueron censurados y destituidos en un juicio político que tramitó la Asamblea Nacional el 18 de noviembre, pero asistieron al Consejo después de que la noche de este 22 de noviembre el juez Ángel Lindao Vera, de la Unidad Judicial de La Concordia, aceptó a trámite una acción de protección presentada por un ciudadano y dictó medidas cautelares para evitar -según justificó- la afectación de sus derechos constitucionales.

Bajo ese paraguas, las cuatro autoridades llegaron pasado el mediodía hasta la sede del Consejo en Quito y Ulloa convocó a la reinstalación de la plenaria 43.

En el concilio increparon a la Función Legislativa por haberlos censurado y destituido sin la existencia de un informe previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización.

“Estamos aquí por una medida cautelar. Estoy leyendo que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, cuestiona la medida cautelar. Señor presidente, este Consejo no necesita su consentimiento, más aún cuando se permitió que seamos censurados sin un informe”, enfatizó Ulloa.

Sus colegas Bravo, Estupiñán y Rivadeneira coincidieron en que el objetivo de estas acciones responde a un intento de tomar el control de los concursos públicos para la elección de autoridades, como del titular de la Contraloría General del Estado que está en curso y a cargo de una comisión ciudadana de selección.

Quieren designar al nuevo contralor para “desvanecer glosas”, alertó Bravo, quien presentó los certificados del Ministerio del Trabajo que acreditaban que no tenían impedimento para ejercer cargo público, ya que el efecto de una censura política es la suspensión de los derechos para ser funcionario.

“Una vez más se ha demostrado que las actuaciones de 85 asambleístas han sido ilegales, ilegítimas, vulneratorias de derechos constitucionales. No vamos a permitir que el club de glosados designen o pongan contralor de bolsillo. ¡No lo vamos a permitir! Por eso damos gracias a que la acción constitucional, que ha sido apegada a derecho, donde se nos han resarcido nuestros derechos”, indicó Bravo.

La sesión avanzó sin los tres consejeros de minoría. A Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no se los vio por los corredores ni se pronunciaron sobre la llegada de sus colegas y tampoco participaron de la plenaria, en la que se aprobaron varias mociones.

La primera fue ratificar a Ulloa y Rivadeneira como presidente y vicepresidenta, respectivamente, para generar estabilidad institucional, se explicó.

Luego se conoció el informe de admisibilidad de los tres candidatos de la terna remitida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, para la elección del titular de la Superintendencia de Bancos.

Ulloa justificó que esta designación requería eficiencia, pues una primera designación que se hizo y en la que fue electo Raúl González fue anulada por una jueza de Guayas en el trámite de una acción de protección y ordenó que se reinicie el proceso.

Dicha terna fue remitida el 5 de agosto y la componen Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere.

El informe de verificación del cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades concluyó que los tres cumplieron, por lo que casi cuatro meses más tarde, el pleno aprobó ese expediente y convocó a la etapa de impugnación ciudadana.

Para evitar un gasto presupuestario, pues hubo un primer proceso que quedó anulado, Rivadeneira propuso que la convocatoria a impugnar a los tres postulantes se publique solo en el portal web institucional y no en un medio de comunicación nacional.

Enseguida resolvieron sobre la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, para que se designe a su delegado ante el Consejo de la Judicatura, quien a su vez asumirá la presidencia, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución.

Con cuatro votos de los consejeros se negó la terna porque dos de sus participantes incumplían los requisitos legales, contemplados en el reglamento.

La decisión se basó en el artículo 20 del reglamento para la selección, que señala que si todos, algún o algunos de los integrantes de la terna fueren descalificados, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana notificará en el plazo de dos días a la autoridad respectiva para que, en otros cuatro días, remita una nueva terna o la complete.

Pero los consejeros de mayoría resolvieron descalificar a dos candidatos y devolver la terna a Saquicela para que envíe una nueva.

Iván Saquicela nominó a Marco Antonio Tello Sarmiento, Blanca Alexandra Vallejo Bazante y Andrés Esteban Mogrovejo Abad.

En la revisión de sus documentos se observó que Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad incurrían en un incumplimiento, en tanto que Blanca Vallejo Bazante cumplió los requisitos legales.

Sobre los dos participantes, se concluyó que en su declaración juramentada no confirman no estar incursos en la prohibición contemplada en el artículo 11, literal O, del reglamento, que refiere: “Quienes hubieren sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para otras funciones”.

De acuerdo con el informe, la declaración juramentada de estos dos ciudadanos señala: “No haber sido designado por el CPCCS como miembro del Consejo de la Judicatura”.

Ulloa pidió a la Secretaría General que certifique si Tello y Mogrovejo completaron la información, pero no había registros de ello por lo que fueron descalificados y se devolvió la terna a la CNJ.

Al consultarles si acelerar estos procesos respondía a la crisis política que vive la institución, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira contó que los consejeros de minoría “habrían llamado” a los miembros de las comisiones ciudadanas de elección del titular de la Contraloría, de la Defensoría Pública y para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que “paren” los concursos públicos.

“¡Se quieren tomar por asalto la designación de autoridades! porque es ciudadana, es técnica, no responde a un partido político. Cuidado creen que vamos a permitir que la Asamblea Nacional quiera poner a dedo a un contralor, a un defensor público o a los vocales del CNE. ¡No lo vamos a permitir!”, sentenció.

Para este jueves a las 16:20, el pleno de la Asamblea Nacional prevé reunirse para posesionar a dos nuevos vocales principales del CPCCS, luego de la censura y destitución de estos cuatro consejeros.

El presidente de esa función, Virgilio Saquicela, aseguró que no se detendrá este acto pese a la vigencia de la medida cautelar.

Según Hernán Ulloa, si los legisladores toman esa decisión podría haber una “pugna, pero por tomar medidas irresponsables”, pues “el órgano se encuentra conformado”, aclaró.

Exhortó a los jueces constitucionales a pronunciarse en sus fallos con independencia. “El poder político no tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana, vamos a defendernos judicialmente y vamos a saber acatar las disposiciones judiciales”, recalcó la autoridad. (I)