Alejandro Vinelli Ayala es un empresario joven que está enjuiciado por posible peculado por la venta de pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito. Su capacidad para obtener contratos públicos y, a la par, hacer negocios en paraísos fiscales ha sido prolífica. Ha quedado documentada en investigaciones judiciales y periodísticas. Uno de esos negocios, oculto hasta ahora, ocurrió a fines de 2016.

Los Pandora Papers, la filtración del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) que se compartió con EL UNIVERSO, muestran que Alejandro Vinelli adquirió Windeebay Advisors Limited, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, mientras hacía los trámites para obtener la concesión de tres áreas mineras en la Amazonía ecuatoriana, donde podría haber yacimientos de oro.

Los documentos para finiquitar la compra de la offshore estaban listos a mediados de noviembre de 2016 y los tenía en su poder un ejecutivo de Trident Trust, una proveedora internacional de servicios societarios. Solo faltaban las firmas de Vinelli y de su hermano, Sebastián.

El empleado de Trident Trust envió varias comunicaciones indicando la urgencia de esas firmas, pero no obtenía respuesta. No sabía que, en ese momento, Alejandro Vinelli estaba preso en Quito por una investigación judicial que se había iniciado, precisamente, por sus negocios offshore ligados a contratos públicos. Estos se revelaron gracias a los Papeles de Panamá, la filtración del ICIJ sobre el estudio panameño Mossack Fonseca, publicada en 2016.

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Entonces Vinelli enfrentó cuatro procesos judiciales. En uno fue declarado inocente, en otro la Fiscalía no lo acusó y en dos los jueces dijeron que los fiscales no habían investigado suficientemente los hechos.

Solo cuando salió libre bajo fianza, Vinelli pudo firmar los papeles de Windeebay Advisors. Ahora, Alejandro Vinelli enfrenta un nuevo juicio por posible peculado, junto con el exalcalde capitalino Jorge Yunda y otras doce personas.

Su empresa Salumed S. A. vendió pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito, al inicio de la pandemia en 2020. Según la acusación de la Fiscalía, estas tenían baja sensibilidad y sobreprecio, algo que la defensa de Vinelli niega. Él se encuentra prófugo.

Vinelli adquirió Windeebay Advisors mientras solicitaba la concesión de las áreas mineras Paushiyacu 1, 2 y 3 (ubicadas en Napo y Orellana). Los Pandora Papers muestran que el propósito de la offshore era abrir una cuenta en el Biscayne Bank, de Miami.

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Adicionalmente, Vinelli y su familia tenían inversiones en Biscayne Capital, que ahora es investigada en Estados Unidos por estafa y lavado de dinero. Entre los familiares está su prima hermana, Paola Coba Vinelli, quien trabajó en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, bajo el mando de Nilsen Arias Sandoval. Ella tiene glosas de la Contraloría que suman $ 4,7 millones, debido a irregularidades en los contratos de preventa petrolera con Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

Exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias, ligado a una ‘offshore’ de las Islas Vírgenes Británicas

Este Diario pidió entrevistas a Alejandro Vinelli, Paola Coba y sus abogados, pero no recibió respuesta.

Un yate para las minas

Alejandro Vinelli usó su empresa ecuatoriana Megarmi S. A. para solicitar al Ministerio de Minería (ahora disuelto) las concesiones de las áreas Paushiyacu 1, 2 y 3, que ocupan un total de 4.677 hectáreas. Las solicitudes se hicieron en abril de 2016.

En su aplicación, Vinelli presentó balances de Megarmi con corte al 31 de diciembre de 2015 que no coinciden con los que entregó a la Superintendencia de Compañías ese mismo año. En este, la empresa aparece con un patrimonio de casi $ 82.000; mientras que en el enviado al Ministerio de Minería cuenta con casi $ 191.000. Es decir, más del doble.

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Según este último documento, el mayor activo de Megarmi era un “yate del año” valorado en $ 185.926. Vinelli también presentó al Ministerio un certificado bancario por una cuenta de cuatro cifras bajas, es decir, entre $ 1.000 y $ 3.999.

Su propuesta era invertir en las tres minas $ 261.000, solo en el primer año de exploración.

Tras revisar los documentos, una Comisión Técnica del Ministerio recomendó darle las concesiones. En la adjudicación, emitida en noviembre de 2016, el entonces subsecretario de Contratación Minera, Henry Troya Figueroa, señaló que los $ 261.000 serían invertidos en cuatro años y no solo en uno como dice la propuesta.

Troya habló con EL UNIVERSO y mostró que la norma, un instructivo diseñado por el Ministerio de Minería, señala que los oferentes deben presentar una propuesta de inversión a cuatro años, pero que si ellos desean pueden ejecutarla en menor tiempo. “No necesariamente es un error”, afirmó con respecto al cambio de uno a cuatro años.

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También justificó por qué se adjudicaron las minas pese a que Megarmi no mostró tener el monto de inversión propuesto. Argumentó que ese mismo instructivo señala que los oferentes solo deben mostrar una solvencia igual o superior al 5 % de inversión necesaria. “Yo no hice la norma”, sostuvo.

En todo caso, agregó, luego de la adjudicación, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debe revisar que la inversión se ejecute.

Troya también defendió el hecho de que no se haya verificado si los balances presentados por Megarmi eran verdaderos o no. Arguyó que, en general, los funcionarios públicos parten de la buena fe de los ciudadanos; de lo contrario, sería muy engorroso tener que verificar cada papel.

Y añadió: “Jamás el funcionario del Ministerio de Minería podría determinar la falsedad (…) porque se arrogaría las funciones de fiscal y juez”. Por último, aclaró que la firma offshore Windeebay Advisors no jugó ningún papel en la adjudicación.

De esta manera, Vinelli obtuvo tres concesiones con el respaldo de un yate y una cuenta bancaria cuyo saldo no llegaba a los $ 4.000. Este Diario consultó al Ministerio de Energía, que absorbió al de Minería, sobre el actual estado de esas áreas, pero no recibió respuesta.

Según los registros de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), las tres concesiones de Megarmi fueron inscritas en el catastro minero el 6 de diciembre de 2016. Para ese entonces, Vinelli ya estaba en la cárcel.

Biscayne Capital intermedió la offshore

Alejandro Vinelli adquirió Windeebay Advisors con la asesoría de Biscayne Capital, que sirvió de intermediaria para contratar los servicios de Trident Trust. En los Pandora Papers consta un formulario de una asistente de Biscayne, en el que se señala que la compañía serviría para abrir una cuenta en el Biscayne Bank y que los hermanos Alejandro y Sebastián Vinelli serían los beneficiarios finales y directores de la sociedad.

Ella pidió que las acciones se emitan a nombre de alguna empresa de pantalla suministrada por Trident Trust. Cuando un ejecutivo de esta firma preguntó la razón, una de sus colegas respondió que uno de los hermanos se había casado recientemente y no quería que la nueva esposa conociera este asunto.

Los hermanos firmaron su consentimiento para ser directivos de Windeebay Advisors el 19 de octubre de 2016.

Los trámites se demoraron porque Alejandro Vinelli cayó preso el 28 de noviembre. Para obtener su libertad, pagó una fianza de $ 200.000 el 18 de enero de 2017 y pocas semanas después los documentos firmados llegaron a Trident Trust.

Pero había un problema. Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas dan un plazo de solo 21 días para tramitar la inscripción de los directores, que ya había fenecido. Por eso, los ejecutivos de Trident Trust decidieron tachar las fechas originales de los papeles y poner una más reciente, el 6 de febrero de 2017. Las comunicaciones que revelan cómo se tomó esta decisión y los documentos corregidos están en los Pandora Papers.

Cuatro procesos, pero los fiscales no probaron sus acusaciones

El nombre de Alejandro Vinelli Ayala apareció en los Papeles de Panamá, otra filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre paraísos fiscales publicada en 2016 por EL UNIVERSO.

Entonces se descubrió que Vinelli, su padre y su hermano estaban detrás de la compañía panameña Magson Portfolio Corp. Esta pretendía cobrar el 16,36 % de un contrato valorado en $ 293 millones que la empresa pública Enfarma (ya disuelta) le entregó a la panameña Biofarma Corporation S. A., por la adquisición de medicamentos.

También se reveló que los Vinelli poseían otra offshore: Megarmi S. A., domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta compañía firmó un contrato con otra empresa de papel para entregarle el 1 % de un contrato de $ 60 millones que el Ministerio de Salud Pública le había otorgado a China Sinopharm International Corporation por la compra de equipos biomédicos.

En su momento, los Vinelli aseguraron a este Diario que esos compromisos no se habían concretado.

La Fiscalía inició una indagación contra Alejandro Vinelli y su padre, Juan Vinelli Aguirre, en julio de 2016. Luego de tres meses de pesquisa, la Policía interceptó una llamada en la que Alejandro Vinelli ofrecía interceder ante un familiar suyo, quien dirigía una institución pública, para asegurar un contrato a cambio de una comisión.

Por este motivo, Alejandro Vinelli y uno de sus colaboradores fueron apresados en noviembre de 2016, pero salieron libres en enero del año siguiente tras pagar $ 200.000 de fianza cada uno. El fiscal Hugo Pérez Noboa acusó solo a Alejandro Vinelli por tráfico de influencias, pero un tribunal lo declaró inocente en enero de 2018.

De este proceso se desprendieron otros tres. Uno se dio por una libreta que fue encontrada en poder del padre, Juan Vinelli Aguirre, durante el allanamiento realizado en su casa. Ahí estaba anotado el monto exacto del contrato que el MSP había otorgado a China Sinopharm y, junto a él, los nombres de varios funcionarios de ese Ministerio con porcentajes. Los fiscales asumieron que eran pagos de sobornos.

En una entrevista al portal Código Vidrio, Alejandro Vinelli justificó los apuntes en esa libreta: “eran datos que le dictaban los chinos a mi padre; él solamente tomó nota; no le explicaron de qué se trataba”.

La Fiscalía procesó por posible cohecho a padre e hijo, junto con dos funcionarios del MSP y la empresa china. Sin embargo, el fiscal Mario Salazar Peralta consideró que no había suficientes evidencias para pedir que se los llame a juicio. Todos fueron sobreseídos.

La Fiscalía abrió otras dos indagaciones contra Alejandro Vinelli por sospechas de enriquecimiento ilícito. No obstante, los fiscales Sandra Rosillo Abarca y Alejandro Vásconez Valdez solicitaron el archivo de las investigaciones a las autoridades judiciales.

En ambos casos, los jueces negaron esos pedidos, pues consideraron que los fiscales no habían investigado suficientemente bien los hechos, y enviaron los expedientes al fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, en septiembre de 2019 y en julio de 2020, respectivamente. (I)