La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional espera presentar en ocho días más el texto del informe para segundo y definitivo debate de la ley sobre el uso legítimo de la fuerza y dependerá de la presidenta de la legislatura para que se incluya en el orden del día del pleno.

La comisión se reunió este 9 de mayo para iniciar el debate sobre lo que será el texto final de este proyecto de ley, para lo cual integró una mesa técnica interinstitucional, para trabajar con distintas bancadas. En este proceso recibió 659 observaciones de las cuales 442 se incorporaron al informe borrador.

Ramiro Narváez, presidente de la mesa legislativa, advirtió que la ley en trámite lo que hace es fortalecer las instituciones, pero no soluciona el problema, porque si la norma no va acompañada de políticas públicas, presupuesto, planes, acciones y liderazgo por parte del Ejecutivo, servirá muy poco.

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En un caso de emergencia como el presentado en las cárceles del país, según Narváez, permitirá fortalecer la acción de las instituciones, aunque dijo que hoy por hoy están facultados para que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas puedan actuar en determinados momentos e ingresar a esos espacios y retomar el control. Lo que se ve, añadió, es la falta de una política y de liderazgo por parte del Ejecutivo para solucionar el problema.

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El legislador Jorge Pinto (BAN) comentó que con la ley en construcción permitirá que los centros penitenciarios puedan tener mayor control, especialmente, desde la formación de los guías penitenciarios, a quienes también se les permitirá hacer uso legítimo de la fuerza.

Explicó que con la nueva ley se permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional trabajar coordinadamente dentro del perímetro de los centros de privación de libertad; esto quiere decir que los militares con el entrenamiento adecuado y en conjunto con los policías serán disuasivos para evitar que sigan presentándose este tipo de motines.

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“Aquí hay dos caminos: estar con la ley o con los delincuentes, y creo que todo el país quiere estar del lado de la ley, y eso permitirá a los militares y policías actuar y hacer uso legítimo de la fuerza, sin cruzar la línea delegada que es el abuso de la fuerza”, subrayó Pinto.

Lo que discute la comisión legislativa, añadió el legislador oficialista, es que el presidente de la República pueda declarar la emergencia penitenciaria que permita actuar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sin necesidad de consultar a la Corte Constitucional para que se apruebe un estado de excepción.

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Pinto comentó que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional habrá grupos élites para actuar dentro de las cárceles, pues muchas veces el policía de calle no está lo suficientemente preparado para enfrentar una situación de amotinamiento; aunque en la ley también se habla de preparación y capacitación a todos los policías para poder actuar en cualquier circunstancia. (I)