El Gobierno insistirá en establecer mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación públicos y privados del país, como parte de la nueva Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, cuyo análisis arrancó este 12 de julio en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional.

La comisión, presidida por Juan Fernando Flores (CREO), conoció la propuesta del Ejecutivo y recibió las explicaciones de su contenido a través del secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, quien resaltó que el proyecto del Ejecutivo busca garantizar la libertad de expresión, promoviendo la autorregulación y no desde el control.

Que el bien más preciado que tiene un medio de comunicación y un periodista es su credibilidad, y que el ejercicio de la actividad periodística debe regirse por estándares éticos y de autorregulación y en ningún caso por estándares impuestos por el Estado. El periodismo tiene unos códigos deontológicos que se deben respetar y que la nueva Ley lo que busca es devolver no solo a los comunicadores y a la prensa, sino a los ciudadanos el derecho de juzgar lo que es veraz y oportuno, y no un ente político del gobierno de turno.

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Bonilla destacó que con la propuesta de Ley, ningún medio de comunicación, periodista o comunicador podrá ser sancionado por opinar o formular críticas o denuncias contra el poder público; no podrán iniciarse contra ellos procesos penales de ninguna naturaleza, su responsabilidad ulterior será de naturaleza civil.

El funcionario mencionó que la elaboración y posterior presentación de la nueva Ley de Libertad de Expresión se basó en algunos estudios realizados por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, comentarios de los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sustentos constitucionales.

Caso ‘La Posta’

El escenario sirvió para que tanto el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República como los asambleístas se refieran al programa La Posta XXX, difundido en el canal incautado TC Televisión , el domingo 4 de julio, donde los conductores del espacio vertieron opiniones y calificativos en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

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Tanto Bonilla como los legisladores cuestionaron el contenido del programa que salió del aire y lo calificaron de nefasto y con contenido discriminatorio.

Bonilla destacó que lo sucedido en TC Televisión es un ejemplo de autorregulación, y comentó que si eso sucedía en un gobierno que controla un organismo de regulación de contenidos, ese insulto no hubiera tenido ninguna repercusión o consecuencia.

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Dijo que tanto ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones como la Secretaría de Comunicación salieron a condenar el acto de insulto. Esa presión ciudadana generó que los periodistas de manera responsable revisen los códigos de ética conjuntamente con el canal de televisión, y decidieron hacerse a un lado y ofrecieron disculpas a la audiencia.

Fernando Cedeño (UNES) cuestionó que el proyecto apueste a la autorregulación, tomando en cuenta que las grandes empresas de comunicación pertenecen a un sector de poder. Que no se puede dejar al libre albedrío de los medios la autorregulación, insistió.

Mónica Palacios, también de UNES, calificó como un linchamiento mediático lo realizado por el programa La Posta XXX en contra del dirigente indígena Leonidas Iza; de ahí que pidió explicaciones de cómo se puede garantizar que la autorregulación no termine en la generación de contenidos discriminatorios como el registrado en TC Televisión.

También pidió explicaciones al secretario de Comunicación sobre el tratamiento que se dará en la Ley a la mentira en los medios de comunicación y al linchamiento mediático.

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Eduardo Bonilla comentó que la Ley garantiza la responsabilidad ulterior de las opiniones, que hay responsabilidad civil. Que sin duda la libertad tiene desafíos, y la gente muchas veces le tema a la libertad, porque implica responsabilidad de tener que asumir las consecuencias de sus actos.

Las asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Jessica Castillo (PK) pidieron una explicación a Bonilla respecto del mandato constitucional sobre la existencia de un Consejo de Regulación y Comunicación.

Ángel Maita (PK) invitó a analizar el tema de la opinión del periodista y consideró que es necesario que haya un ente regulador de las opiniones que viertan los periodistas en los medios.

Indicó que la propuesta del Ejecutivo deroga más de cien artículos de la actual Ley de Comunicación dentro de ellos, un delito penal. Que se debe evitar la manipulación de la información dentro del país, pues dijo que en Estados Unidos, donde vive, eso ocurre. “Conozco cómo es el sistema de comunicación en los Estados Unidos y cómo se lo hace, y eso no podemos permitirlo en nuestro país que es democrático”. (I)