Legisladores oficialistas buscan eliminar la tabla de consumo de drogas a través de reformas a tres artículos del COIP

Eliminar la tabla de consumo de drogas podría ser una realidad a través de un proyecto que reforma tres artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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La propuesta no vino del Ejecutivo como lo había ofrecido el año pasado sino desde legisladores oficialistas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y otros más, y la Comisión de Justicia del Legislativo espera conocerlo la próxima semana.

Hace exactamente un año, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que el Gobierno tenía previsto proponer una reforma para eliminar la tabla de consumo de drogas, pero esto nunca se concretó.

En el actual proyecto, remitido en junio pasado y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), se establece que los motivos que respaldan su presentación es que el país vive una ola de inseguridad sin precedentes y que el Gobierno ha señalado que detrás de esta violencia e inseguridad se hallan ligados diversos factores, como las disputas del crimen organizado por el control de territorios y el consumo de sustancias psicotrópicas.

El documento refiere que se evidencia el alto número de personas consumidoras que se encuentran privadas de libertad lo que genera hacinamiento en los centros carcelarios y que esta problemática ha sido por una deficiente interpretación normativa por parte de los operadores de justicia que ha provocado que muchos consumidores sean confundidos con traficantes.

En este sentido consideran que se debe mejorar el tipo penal vigente quedando en claro que la tabla de umbrales es referencial y que no debe criminalizarse el consumo por tratarse de un problema de salud pública, reconocido en la Constitución, y que deben buscarse los mecanismos necesarios para que el sistema de justicia determine en el proceso si se cumple con la acción de traficar, debiendo probarse para el efecto la finalidad comercial que merece sanción penal, respetando siempre las garantías constitucionales y el derecho al debido proceso.

El legislador Patricio Cervantes (CREO) es uno de los proponentes del proyecto, junto con el asambleísta Fredy Rojas, también del oficialismo. Menciona que la expectativa de que sea aprobado es alta y que desde los próximos días prevén empezar las conversaciones con otras bancadas y parlamentarios para que tenga el apoyo suficiente cuando se discuta en el pleno.

“Hay muchos asambleístas que están de acuerdo en que no debe existir la tabla de consumo, esperemos que tengamos la mayoría cuando se debata en el pleno”, dice.

Cervantes refiere que la propuesta surgió desde ambos legisladores y que luego fue discutida con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para que sea respaldada y establecer mejoras, de ser el caso, tanto de parte del Ejecutivo como de otros legisladores.

El proyecto pide en el primer cambio sustituir el inciso final del artículo 220 del COIP por el siguiente: “La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal no será punible. El Estado establecerá mecanismos adecuados para la rehabilitación integral y reinserción social de dichas personas”.

El texto actual dice que “la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud, no será punible, siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional.

La segunda reforma plantea que se sustituya el artículo 228 por el siguiente texto:

“Art. 228.- Tenencia de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan para consumo personal.- La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, para consumo personal, se determinará a través de una valoración psiquiátrica, psicológica, toxicológica y del entorno social, que permitirá determinar la habitualidad o dependencia de las sustancias. No se podrán establecer parámetros para diferenciar a consumidores de traficantes a través de tablas de consumo.

En el texto vigente se establece que “la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la normativa correspondiente y se pide ver la ratificación de la Tabla de Cantidad de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas para sancionar el tráfico Ilícito, actualizada por última vez en 2015.

Con la reforma ya la tabla no sería parte del marco legal y quedaría sin efecto, explica Cervantes. Las tablas de drogas fueron creadas en el gobierno de Rafael Correa en el 2014 y estuvieron a cargo del ente técnico de la política de drogas del Ecuador de ese entonces, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

La tercera reforma del proyecto pide que se sustituya el artículo 534 del COIP, que trata sobre la finalidad y requisitos para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, y entre los cambios más relevantes está que el parte policial no constituirá ningún elemento de convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la prisión preventiva y lo deja bajo la figura de que el parte policial será exclusivamente referencial.

Cervantes destaca en este cambio que implica también que los policías no tengan que cumplir prisión preventiva en casos de imputación de delitos en el cumplimiento de sus deberes, hasta cumplir con las investigaciones necesarias.

“La policía tiene temor de actuar enérgicamente porque enseguida se les mete presos y los enjuician penalmente y se acaban sus carreras policiales”, dice.

Las reformas al cuerpo legal deben tratarse en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Legislativo. Su presidente, Alejandro Jaramillo (ID), indicó a este Diario que la iniciativa ya fue remitida a la comisión la semana pasada y que hasta el miércoles próximo esperan conocerla.

Sobre su postura ante las modificaciones que plantea, Jaramillo manifestó que están realizando un análisis técnico para verificar los alcances del proyecto y considera que para que pueda ser aplicada adecuadamente toda idea siempre debe estar acompañado de políticas públicas e inversión social.

“Muchos jóvenes no tienen acceso a educación pública ni a oportunidades, eso les convierte en presa fácil de organizaciones delictivas y fenómenos sociales como la drogadicción”, subrayó.

En la necesidad de que de la mano de la eliminación se establezcan políticas públicas coincide Johnny Molina, técnico de estrategia comunitaria del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Dice que en su momento, la creación de la tabla de consumo fue pensada para evitar la criminalización de quienes consumen, algo que no ocurrió.

“El tema de la tabla debió ser complementado, por sí sola no era una medida, fue satanizada. Se esperaba que traiga un efecto positivo en relación al hacinamiento en las cárceles”, comenta y agrega que es importante hacer una mirada hacia el sector de salud, ya que el consumo de drogas empieza por ser un problema de salud pública.

Molina dice que siempre se debió tener en consideración aumentar el número de profesionales para la atención de esta problemática social y trabajar en una política de prevención que surja del trabajo articulado con otras carteras de Estado, como la de educación. No obstante, subraya que para la prevención, nunca es tarde.

“Estamos viendo que escuelas y colegios son espacios que están siendo tomados por microtraficantes para reclutar a adolescentes. Allí hacen falta otras acciones, para la prevención nunca es tarde, es clave el desarrollo de las habilidades sociales”, apunta. (I)