Antes de acogerse a un periodo de vacancia legislativa de quince días, la Asamblea Nacional debatirá y aprobará un paquete de reformas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, entre las que consta el endurecimiento de penas y multas para castigar a las llamadas ‘vacunas’.

Los nueve legisladores que integran la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, este 16 de diciembre, por unanimidad aprobaron para segundo debate del proyecto de ley que reforma a varios cuerpos legales, y la aspiración es que esta normativa entre a segundo debate este domingo 18 de diciembre. El proyecto supera los 150 artículos.

Son siete ejes los que se plantean en este proyecto que será sometido a aprobación del pleno. Entre ellos, se incorpora mayor reproche en los delitos de extorsión tipificando como conducta agravada las llamadas ‘vacunas’. Los siete ejes de las reformas son los siguientes:

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  • Reformas en materia de seguridad pública y del Estado para fortalecer la inteligencia estratégica y la potestad estatal en el manejo de zonas de seguridad y sectores estratégicos.
  • Reformas para institucionalizar la creación y ejecución de la política criminal.
  • Reformas para fortalecer y transformar, de manera sustantiva, el sistema de rehabilitación social y de tratamiento de adolescentes infractores, desde el enfoque institucional, pero también de modelo de gestión basado en la compatibilidad plena entre derechos y garantía de seguridad y disciplina intramuros.
  • Reformas para precautelar a las niñas, niños y adolescentes, promover el tratamiento integral a adolescentes infractores, pero también para reprochar y disuadir su uso y reclutamiento con fines delictivos.
  • Reformas penales alejadas de la acostumbrada respuesta punitiva de incremento generalizado de las penas, pero específicas para reprochar con mayor severidad las conductas que amenazan la paz social y el pleno ejercicio de derechos de la ciudadanía y que han conmocionado a la ciudadanía.
  • Reformas para promover mayor garantía de seguridad a las víctimas de delitos y a los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones.
  • Reformas para fortalecer la capacidad del Estado y sus instituciones para recuperar los frutos o bienes resultado de las conductas de mayor reproche.

Endurecimiento de penas para las “vacunas”

Para dar una respuesta a las llamadas ‘vacunas’, en el proyecto se plantea reformar el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y se propone una pena privativa de libertad de tres a cinco años y una multa que va de $ 9.000 a $ 11.250 a la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, exija u obligue a otro, con violencia o intimidación de cualquier forma o por cualquier medio, inclusive a través de medios digitales, electrónico o el uso de panfleto, volantes o similares, a realizar u omitir un acto, pago, entrega de bienes, depósitos o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

Pero la pena subirá hasta siete años y la multa entre $ 10.800 y $ 18.000 si la víctima es una persona menor de 18 años de edad, mayor de 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades de comprometan su vida.

La pena se agravará hasta diez años de privación de libertad y la multa hasta $ 36.000 en caso de que el extorsionador simule a una autoridad pública, si el hecho se comete por una o varias personas de manera periódica o repetitiva limitando el normal desarrollo de las actividades habituales, profesiones o de negocio de la víctima.

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Esa misma pena se aplicará si la extorsión se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común; si se ordena o comete total o parcialmente la extorsión desde un centro de privación de libertad o desde el extranjero, y si se comete como parte del accionar u operatividad del crimen organizado. (I)