La independencia de los movimientos y partidos políticos no es una característica en la mayoría de los candidatos a ocupar las siete vocalías al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en donde además hay rostros vinculados al activismo, dirigentes del transporte, funcionarios y exfuncionarios.

Para la contienda de febrero próximo están calificados 45 candidatos al CPCCS que ya conocen el número del casillero que ocuparán en la papeleta electoral, lo que abre el camino para que puedan promocionarse a los ojos de los 13′450.041 electores convocados a las urnas.

Esa ubicación la definió el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un sorteo público que se efectuó este 11 de noviembre, con lo que se procederá a imprimir tres papeletas: una para los 20 candidatos hombres; otra, para las 17 mujeres; y, una más, para los 8 que se autodefinieron como representantes de los pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios y ecuatorianos en el exterior.

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Durante el sorteo público que realizó el Consejo Nacional Electoral para definir la ubicación en las papeletas de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Sugey Hajjar/El Universo. Foto: El Universo

La ley del Consejo de Participación Ciudadana estipula que los consejeros serán electos en circunscripción única, que incluirá la nacional y la especial del exterior y el electorado podrá votar por hasta siete: tres candidatos de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y uno de la lista de la interculturalidad y del exterior.

Solo el Consejo Electoral tiene la atribución de darlos a conocer, es decir, “ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato”.

El CNE difundirá los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno en igualdad de condiciones y oportunidades, por lo que no pueden recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo y quien lo haga será descalificado.

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Con ese escenario, los candidatos han activado sus cuentas de redes sociales, en donde promocionan sus propuestas, su perfil profesional, correos electrónicos y opinan sobre la coyuntura nacional.

Es en estos espacios en donde han revelado sus simpatías con ciertas agrupaciones y por los que han sido hasta candidatos en los dos últimos procesos electorales.

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El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoce la dificultad legal para regular las redes sociales, pues son “incontrolables” porque la ley y el Código de la Democracia no establecen restricciones para su uso y en esa línea, es “de esperarse y sucede que hay un abuso en el uso de estos mecanismos”, lamentó.

En cuanto a las afinidades políticas, Pita reflexiona que son hechos que escapan del control, excepto si han sido afiliados o adherentes, ya que es una prohibición legal.

“El hecho de que haya candidatos al CPCCS que tengan simpatías o hayan sido candidatos a un cargo de elección popular -aunque si fueron afiliados no pudieron ser candidatos- o han sido simpatizantes permanentes, eso no es un obstáculo para calificar una candidatura. Las simpatías, los afectos o desafectos no fueron parte de la calificación de sus candidaturas”, comentó el consejero.

Ejemplo de estos casos es el de Nanki Saant Juank, quien postula por las nacionalidades y ocupará el primer lugar en la papeleta como resultado de dicho sorteo. No es nuevo en la actividad proselitista, pues en los comicios generales del 2021 se lanzó a asambleísta nacional por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), entre el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC) y Centro Democrático.

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Saant reconoció que fue candidato del correísmo, pero asegura que no es afiliado. “Solo fui invitado a participar como candidato por la situación en la que se encontraba el país”, justificó.

La candidata Yadira Saltos abrió un canal de YouTube para hablar sobre la participación ciudadana y entre sus entrevistados tuvo al político Carlos Rabascall, binomio de Andrés Arauz de la alianza UNES en las presidenciales del 2021.

En su cuenta de Twitter, Saltos eleva la obra y las figuras de Rafael Correa y Jorge Glas, así como de otros líderes de la RC a quienes defiende de las críticas de sectores de oposición.

Saant y Saltos se encontraron el viernes en el acto que realizó el CNE. Celebraron, junto a otros de sus contendores, el lugar que ocuparán en las papeletas.

Saltos ocupará el casillero cinco, coincidente con el número 5 del movimiento que apoya, el de la Revolución Ciudadana. Abrazaba a Saant y se fotografiaba levantando la mano en un símil del 5.

Las cercanías con ese movimiento están también en los abogados Eduardo Franco Loor y Alembert Vera. El primero abogado defensor del exvicepresidente Jorge Glas en casos por investigaciones de corrupción en su gestión; y el segundo, fue abogado de Correa en el juicio que entabló a los directivos de EL UNIVERSO y a su exeditor de Opinión Emilio Palacio.

Hugo España es candidato por el exterior y fue promocionado por Correa en Twitter, apenas conoció que fue inscrito.

“Hugo España, querido hermano migrante de Santo Domingo de los Tsáchilas fue calificado como candidato al CPCCS. Los migrantes ya tienen por quién votar”, escribió el líder de la RC.

El actual consejero del CPCCS y candidato a la reelección, Javier Dávalos y Carlos Espinoza Cordero, se vuelven a encontrar.

Espinoza no alcanzó los votos en las elecciones del 2019, pero en conjunto con Dávalos aparecieron en una ‘polla’ electoral que promocionaba el correísmo y fueron casi descalificados del proceso electoral.

La postulante Jeanneth Lozada fue expresentadora de Ecuador TV en el mandato de Correa y asesora de la Secretaría de Comunicación en el periodo de Patricio Barriga; el candidato Augusto Verduga tendrá el puesto 5 en la papeleta de hombres y es “militante” del portal digital de izquierda La Kolmena, que lo dirige su hermano Abraham Verduga, “militante” de la Revolución Ciudadana y “admirador” de Correa.

Mónica Moreira llegó al CPCCS en el 2019 como consejera suplente promocionada por un colectivo que apoyaba al correísmo, la Red de Maestros. Actuó en varias ocasiones como consejera principal y meses atrás fue designada por el Ministerio de Educación del actual Gobierno como coordinadora de Educación de la Zona 5.

Provenientes de otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC) está Roberto Gilbert Febres-Cordero, nominado a asambleísta en las generales del 2021; Gonzalo Albán, familiar político del exalcalde de Samborondón, José Coco Yúnez, alineado al PSC; y, otra en la lista es Susana Cedeño, asesora del alcalde de Balzar, Álex Zambrano, que llegó al cargo de la mano de ese partido.

Cercana a lo que fue el extinto movimiento Concertación que fundó César Montúfar, está Mónika Mosquera, una reconocida actriz en la serie que transmitió la cadena Ecuavisa Pasado y confeso y que en los comicios seccionales del 2019 fue candidata a concejal por esa tienda política.

El gremio del transporte, reconocido por aliarse o enfrentarse a los gobiernos de turno, también tendrá a sus candidatos: el dirigente Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador (Fenacotrali) y Johanna Verdezoto, que está en la lista de los pueblos y nacionalidades, resalta ser “hija de un transportista” y comparte con Cabrera en actos del denominado ‘gremio del volante’.

Otras caras conocidas en la esfera política son las de Santiago Becdach, secretario relator de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional; Juan Esteban Guarderas, exasesor de Luis Verdesoto, cuando este era consejero del CNE.

Óscar Ayerve, que inició en la Izquierda Democrática (ID) y participó en la administración de Lucio Gutiérrez, fue también candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en las elecciones del 2021, aunque no es afiliado a esa organización.

Entre otras candidaturas están las de María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, que buscan la reelección.

En el 2009, Rivadeneira, de la mano de lo que fue Alianza PAIS buscó una curul en la Asamblea Nacional y cuatro años más tarde volvió a intentarlo como candidata alterna del movimiento CREO, sin éxito.

Estupiñán es funcionaria de carrera del CPCCS y también trabajó en la Alcaldía de Quito en la administración del exalcalde Jorge Yunda; Francisco Bravo, actual consejero, es un abogado manabita y, junto a Estupiñán y Rivadeneira defienden su postura de que son independientes de agrupaciones políticas.

Posible censura a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no afectaría las candidaturas a la reelección, pero sí poder ejercer el cargo

QUITO (11-11-2022).- En el Consejo Nacional Electoral, se realizó el sorteo del lugar que ocuparán en la papeleta electoral los candidatos a ser vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

David Rosero, actual vocal del CPCCS, competirá por la reelección. Cercano a las filas del partido Unidad Popular (UP), en la actualidad hace equipo con la vocal Sofía Almeida y Javier Dávalos.

Las aspiraciones por ascender a consejero están también en exfuncionarios del CPCCS, como Mónica Argüello, Isabel Boboy, Piedad Cuarán, la activista por los derechos GLBTI, Pamela Troya y, David Zúñiga.

A ellos se suman, Andrés Mendoza Paladines, quien estuvo al frente del directorio de la empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil; Jaqueline Ludeña, presidenta del Colegio de Mecánicos del Guayas; Paulina Jiménez, funcionaria judicial; Manuela Daquilema, lideresa indígena, cercana al movimiento indígena Ecuarunari.

En un segundo intento por llegar al CPCCS se inscribió Teddy Tama, un activista político que se autodetermina como montuvio y fue exasesor de la exasambleísta correísta Aminta Buenaño.

Mishelle Calvache, secretaria general de la Empresa Eléctrica de Quito; Nicole Bonifaz, funcionaria de Petroecuador; José Núñez, que se postuló a ser comisionado ciudadano para el concurso público de elección del nuevo contralor del Estado en el CPCCS.

Andrés Fantoni, que ha sido coordinador zonal del Registro Civil; entre otros, Ángel Chela, funcionario de la secretaría de Pueblos del gobierno de Lasso; y, el abogado en libre ejercicio Édgar Coral Almeida, quien fue acusado por Rafael Correa de traficante de tierras durante uno de sus denominados enlaces ciudadanos en el 2011 y en respuesta inició un juicio en contra del exmandatario por supuesto daño moral.

La disputa por llegar a una de esas vocalías apenas empieza y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ofreció ejercer controles en contra de quienes incumplan la ley promocionándose por sí mismos.

“El CNE realizará el monitoreo de la posible campaña electoral no permitida, pero en redes sociales no tenemos el control. Sin embargo, la ciudadanía puede hacer la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral si se determina que incumplen disposiciones legales”, aconsejó la autoridad. (I)