La puja por el control del Consejo de Participación Ciudadana entorpece diez concursos para la designación de autoridades

La organización de diez concursos de designación de autoridades de control del Estado está atascada, debido a la división de dos fuerzas políticas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que desde diciembre del 2021 no avanza ni en la conformación de las comisiones ciudadanas de selección.

El CPCCS debe renovar mediante concursos públicos de selección en este año 47 funcionarios de diez instituciones del Estado. Entre estos están los titulares de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo.

Cuatro vocales, dos principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), dos miembros del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo, 25 miembros de la sociedad civil de cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).

Dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el delegado de la Función Judicial en el Consejo de la Judicatura (CJ) y al titular de la Superintendencia de Compañías.

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Desde este miércoles 9 de febrero hay dos presidentes y dos vicepresidentes que se reconocen como tal: Sofía Almeida y David Rosero y Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, en ese orden.

El vicepresidente del Consejo, David Rosero, removido por cuatro consejeros de mayoría en la sesión ordinaria permanente 3, aseguró que los concursos tienen un avance del 40 %.

Ofreció que continuarán con normalidad para continuar en las designaciones “con los que quieran trabajar”; y si Bravo, Rivadeneira, Ulloa y Estupiñán no asisten, se convocará a los suplentes.

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Estos suplentes deberán ser designados por el CNE para que se posesionen en la Asamblea Nacional, pues hasta el momento la consejera suplente que ha actuado en la ausencia de Sofía Almeida, durante su periodo de maternidad, fue Mónica Moreira.

Almeida cree que deben poner la “casa en orden” y solicitar la principalización de los suplentes. “Si los principales no quieren actuar, habrá de descontarles el sueldo y solicitar los suplentes”, aseveró en una rueda de prensa de este 10 de febrero.

Bajo este escenario, la nueva mayoría presidida por Hernán Ulloa se planteó impulsar la reforma de todos los reglamentos para designar a las autoridades, por considerarlos “oscuros” y que tienen como objetivo elegir a personas con afinidad a ciertos partidos y movimientos políticos.

Con ello, no hay certezas de cuándo se retomarán los concursos públicos, que en las primeras estimaciones se pretendía tenerlos entre mayo y junio de este año.

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Respecto del concurso para la designación del defensor público no se ha realizado el sorteo de los diez mejor puntuados, de un total de 30 (15 hombres y 15 mujeres) que integrarán la comisión ciudadana. En total, se admitió y calificó a 62 postulantes representantes de la ciudadanía.

En la Defensoría, Ángel Torres Machuca está prorrogado en funciones desde el 2019, cuando el CPCCS Transitorio le encargó las funciones, mientras se designa a su titular.

En el caso de la conformación de la comisión ciudadana que designará al contralor del Estado, en remplazo de Carlos Riofrío, cuyo periodo como contralor subrogante termina en este marzo, se registraron 156 candidatos, pero tampoco se ha resuelto sobre los 30 mejor puntuados, de los que se escogerá a diez por sorteo público, para que sean parte de la selección.

Para la renovación parcial del CNE, de dos de sus consejeros principales y dos suplentes se registraron 82 ciudadanos postulantes a integrar la comisión ciudadana. Tampoco se ha resuelto sobre los 30 mejor puntuados.

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Debido a los conflictos internos entre los siete consejeros del CPCCS, el pasado 3 de febrero, Sofía Almeida, también removida de sus funciones el 9 de febrero, intentó hacer el sorteo público para designar al notario que dará fe del evento en el que deberá elegirse por sorteo a los consejeros del CNE que deberán terminar sus funciones.

Ese controvertido sorteo pretendió realizarse en una sesión en Guayaquil, en la que estaba solo Almeida, sin la presencia física de los seis consejeros, y asistió un ciudadano Luis Piguave que había estado caminando por la sede del Consejo en esa ciudad y entró a escoger unas pelotas numeradas de un frasco de vidrio.

El acto no se aprobó, pues Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo resolvieron desconectarse de la plataforma Zoom, por la cual asistieron a la plenaria, en rechazo a la forma en que se efectuó el acto.

Mientras tanto, los consejeros electorales Enrique Pita, Diana Atamaint, José Cabrera, Elena Nájera y Esthela Acero están prorrogados en sus funciones por la falta de este concurso, que debió concluir con la designación de los dos remplazos en noviembre del 2021.

A la vez que el CNE se declaró en periodo electoral para organizar los comicios seccionales del 2023, por el que el Código de la Democracia determina la advertencia de que durante un proceso no se puede intervenir en el funcionamiento de los órganos de la Función Electoral.

Los demás concursos no han pasado de la conformación de las veedurías ciudadanas; incluso para la designación de los integrantes de los Consejos de Igualdad se convocó por segunda ocasión a la ciudadanía a postularse como veedora, por la falta de interés.

Sobre la designación de los jueces del TCE, del defensor del Pueblo, se pidió la elaboración de los reglamentos al departamento legal, que hasta el momento tampoco han sido tratados.

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió la terna al CPCCS, con Marco López encabezando la lista; le siguen María García Plaza y Esteban Coello Muñoz.

El martes pasado, Sofía Almeida planteó en una sesión extraordinaria conocer el informe técnico de cumplimiento de requisitos de los postulantes, pero se suspendió la plenaria debido a los conflictos entre los siete vocales.

La última elección por terna que le llegó al Consejo es la designación del remplazo de María del Carmen Maldonado, quien renunció el 2 de febrero a su vocalía en el Consejo de la Judicatura.

El martes último, el pleno del CPCCS conoció la renuncia y la aprobó, pero no tomó ninguna resolución respecto de iniciar el proceso de designación con la solicitud de la terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), titular de la Función Judicial, y de la cual Maldonado era su delegada en la Judicatura. (I)