La pugna de poderes entre las funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial y de Transparencia y Control Social han sumido al Estado en una ‘desinstitucionalización’ caracterizada por la presencia de autoridades removidas, encargadas, subrogantes, prorrogadas y recientemente destituidas.

“El hilo conductor de este hecho es que hay una profunda cultura de desinstitucionalización. Son pocas las personas, clase política o políticos que creen fortalecer las instituciones y, al contrario, lo que tratan es de medrar la institucionalidad”, reflexiona el académico y jurista Henry Cucalón.

En la actualidad son ocho organismos de control del Estado que están administrados por autoridades que no son titulares y por último, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que debe designarlos, vio la destitución de sus siete consejeros por orden de la Corte Constitucional (CC) que determinó el incumplimiento de una sentencia en la que le disponía elegir al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

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El CPCCS se tornó en el eje de la disputa entre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República que arrastró a la Función Judicial, esencialmente, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y a la Judicatura.

Pero el origen de estos sucesos se remonta al 2017, cuando quien era el contralor, Carlos Pólit, renunció, aunque fue censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político al revelarse su participación en el caso Odebrecht.

Carlos Pólit permaneció por tres periodos en la Contraloría del Estado, e incluso aseguró su reelección al obtener un puntaje de 100/100 en el concurso que realizó el CPCCS en el gobierno de Rafael Correa.

Lo reemplazó Pablo Celi como contralor subrogante, mientras el Consejo de Participación Ciudadana de Transición resolvió que no nombraría un contralor titular y le confió el manejo de la institución.

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En abril del 2021, Celi fue detenido para investigaciones, también por hechos de corrupción en el caso Las Torres y fundió al organismo en una crisis interna debido a que es la llamada a controlar el buen uso de los recursos públicos.

A él lo sucedió Valentina Zárate, que renunció a poco de un mes en funciones; y, a ella, Carlos Riofrío, quien sigue en funciones, sin que el CPCCS haya concluido con el concurso público para elegir al titular.

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La elección del contralor es “la joya de la corona y por ello, la pugna de poderes entre el CPCCS y la Asamblea. Esa institución es la prueba plena de qué es lo que sucede cuando son cooptados o vistos como botines políticos”, lamenta Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC).

Pablo Celi de la Torre también fue censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político. Cortesía Foto: Fernando Sandoval

Otro frente abierto es el que mantienen la Asamblea y el gobierno de Guillermo Lasso que, con una débil representación política legislativa, no ha podido empujar varios proyectos de ley de reforma económica para ejecutar su propuesta de gobierno.

Entre esas dos funciones la discordia se destapó cuando Guillermo Lasso rompió el acuerdo electoral que mantuvo con el Partido Social Cristiano (PSC) y luego, el Legislativo al que se unió la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES) para que Henry Kronfle asuma la presidencia del Parlamento y, al contrario, respaldó a Guadalupe Llori, de Pachakutik (PK).

La consecuencia fue la agrupación de las mayorías móviles, que en mayo del 2022 confluyeron para destituir a Guadalupe Llori de esa dignidad.

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Un año y 17 días estuvo en esa función y fue removida el 31 de mayo del 2022 con 81 votos del correísmo, el PSC y algunos independientes.

La sucedió Virgilio Saquicela (Democracia Sí) y al dejar su cargo, Llori y el bloque de Pachakutik (PK), del que es parte, denunciaron la intención de estas fuerzas de ‘controlar’ el CPCCS para designar al contralor y otras autoridades.

Incluso, esos mismos bloques legislativos lograron en noviembre pasado censurar y destituir a cuatro de los siete consejeros en un juicio político que fue anulado por el ahora juez destituido de La Concordia Ángel Lindao, quien tramitó una acción de protección a favor de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo e hizo que vuelvan a sus cargos.

Guadalupe Llori llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional con el apoyo de la bancada oficialista de CREO y otros independientes. Ello derivó en el rompimiento de un acuerdo electoral que impulsó Guillermo Lasso con los líderes del PSC, Jaime Nebot, y de UNES, Rafael Correa. Foto: Wilson Pinto

La disputa que alcanzó al Consejo de la Judicatura

El juicio político vino meses después de que el Consejo recompuso su mayoría. El bloque que lideraba Sofía Almeida junto con David Rosero y Javier Dávalos perdió a Ibeth Estupiñán, quien se pasó al grupo de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

El 9 de febrero del 2022, estos cuatro consejeros removieron a Almeida y Rosero de la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, y nombraron a Ulloa y Rivadeneira como presidente y vicepresidenta.

QUITO (23-11-2022).- Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron destituidos por la Asamblea Nacional regresan al salón del pleno de este organismo, debido a que un juez les otorgó medidas cautelares. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Esto se dio justo cuando renunció María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura y, así, otro frente se abrió entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Judicatura y el CPCCS por la designación del nuevo presidente, pues Fausto Murillo asumió el encargo.

El titular de la CNJ, Iván Saquicela, envió cuatro ternas para que se elija a su representante en el CJ, pero el CPCCS, que presidió Ulloa, no se decidió por ninguna, ni siquiera porque la Corte Constitucional se los ordenó.

El costo fue su destitución. Los cuatro exvocales que hacían la mayoría fueron destituidos por “obstruir” el proceso; y los otros tres de minoría, por “omisión”.

La Corte zanjó el conflicto y decidió que Álvaro Román asuma ese cargo de forma temporal, hasta que los resultados del referéndum que se votará en los comicios seccionales y del CPCCS de este 5 de febrero definan el futuro del organismo.

Quito, 25 de enero de 2023. El abogado Alvaro Roman acude al Consejo de la Judicatura a tomar posesión de su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura luego de la resolución de la Corte Constitucional. API/JUAN RUIZ CONDOR Foto: API

Esto sucedió a partir de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que presidió Julio César Trujillo (+).

La Constitución en su artículo 179 determina que el Consejo de la Judicatura debe componerse de cinco vocales elegidos de ternas enviadas por la Presidencia de la República, por la Asamblea Nacional, por la Fiscalía General del Estado, por la Defensoría Pública y por la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado presidirá la entidad.

Pero el Transitorio designó como suplente de María del Carmen Maldonado a Álvaro Román, quien proviene de la terna de la Fiscalía.

Tras la renuncia de Maldonado, Iván Saquicela envió las primeras dos ternas, pero Ulloa no dio trámite.

Cuando Saquicela retiró la primera terna, después de casi tres meses de espera, denunció que lo hacía para evitar que se “consuma la arbitrariedad de archivarla y, con ello, una nueva forma de metida de las manos en la justicia”.

Enseguida, el Consejo de la Judicatura le inició un expediente administrativo por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia, que podía terminar con su destitución.

La Corte Constitucional dio un plazo de 24 horas para que Fausto Murillo deje la presidencia del CJ, cuando dictaminó en su auto de verificación de cumplimiento de sentencia que Álvaro Román asuma ese cargo de forma temporal. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

La Judicatura, con Fausto Murillo como presidente encargado, lo suspendió por 90 días; pero el pleno de la Corte Nacional de Justicia intervino y concluyó que Saquicela no incurrió en dicha infracción y retomó sus funciones.

La CNJ advertía que desde el CPCCS había un propósito de afectar la institucionalidad y violar la seguridad jurídica, con una “pretensión de mantener en acefalía” a la Judicatura.

Así también, los jueces de la CC concluyeron que hubo “obstrucción” en la elección de esa autoridad y, aunque dirimió sobre esa trama, hay otras instituciones que tienen titulares subrogantes, encargados y prorrogados.

Los encargados, prorrogados y subrogantes

Una de ellas es la Superintendencia de Bancos, que después del juicio político que censuró y destituyó a Ruth Arregui lleva presidida en los últimos seis meses por Antonieta Cabezas Enríquez, como subrogante.

A Arregui la sucedió Rosa Guerrero, que fue considerada en la terna que envió Lasso para que sea electa superintendenta, pero no cumplió con los requisitos.

El CPCCS designó a Raúl González, que también integraba esa terna, aunque desde Carondelet se le había pedido que desista de su postulación a lo que él se negó y, en medio de acciones de protección, una jueza de Samborondón anuló el proceso y ordenó que se realice otro.

Lasso mandó una nueva terna y una madrugada de diciembre del 2022, los cuatro exconsejeros que hacían la mayoría designaron a Roberto Romero von Buchwald, quien no asume funciones, pues desde la Asamblea se niegan a posesionarlo.

Roberto Romero fue electo por los exvocales de mayoría del CPCCS como superintendente de Bancos, pero no puede asumir funciones porque la Asamblea Nacional no lo posesiona. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Otro caso es el de la Defensoría Pública, en la que el CPCCS de Transición designó a Ángel Torres Machuca como encargado y lleva ahí cuatro años y cinco meses sin que se elija al titular.

En la Defensoría del Pueblo está César Córdova encargado por un año y cuatro meses y, aunque fue cuestionado porque no acreditaba los requisitos constitucionales para asumir ese encargo, ahora es presidente de la Función de Transparencia y Control Social.

César Córdova fue secretario del CPCCS por recomendación de la exconsejera Sofía Almeida; él renunció a esa función porque pretendía postularse a la Defensoría Pública. Sin embargo, Almeida, con el respaldo de Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán, lo designó defensor del Pueblo encargado. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene prorrogados a sus cinco consejeros desde hace un año y dos meses, pues el concurso público para renovar a dos vocales principales y dos suplentes no se inicia.

Al igual que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en mayo del 2022 debía renovar a dos jueces principales y suplentes, pero el CPCCS tampoco avanza.

El Consejo de Participación Ciudadana, ‘el origen’ del desgaste institucional

Para Henry Cucalón el CPCCS es el resultado de un “experimento de diseño institucional fallido y fracasado” al que se suma “el mal desempeño de sus consejeros y de los intereses politiqueros; y también, de la cultura de desinstitucionalización, porque avocamos a las figuras fuertes, a los caudillos y no a las instituciones”.

La Asamblea “está fraccionada, pues ningún grupo político tiene mayoría por sí mismo” en donde se ve una “agenda de unos que es el caos por el caos; la de otros es buscar la impunidad y la anulación de los juicios del señor Rafael Correa (expresidente). Así es muy difícil llegar a mínimos puntos de convergencia y si a eso se suma la precaria representatividad y calidad de los asambleístas, es un coctel mortal”, opinó Cucalón.

Ejemplo de ello es el trabajo de esta comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino, relacionado con hechos de corrupción en el gabinete de Lasso, en la se llama al jefe de Estado a comparecer pese a que no lo dispone la ley o la Constitución.

“El presidente solo comparece si es llamado a juicio político por eso, quienes comparecen son sus ministros. Son reglas elementales, pero eso es desinstitucionalizar, eso es falta de cultura política, de capacidades”, criticó el jurista.

El Consejo de Participación Ciudadana es la entidad encargada de elegir a unas 100 autoridades de control del Estado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

En tanto, Ruth Hidalgo, de PC, responsabiliza al CPCCS de ser el “origen de todo este desgaste”.

“Desde Montecristi, cuando se elaboraba la Constitución, advertimos que el Consejo de Participación Ciudadana era un error histórico e institucional y hemos venido dando tumbos desde el 2008, con autoridades provenientes de los tintes políticos. Todos los gobiernos que han pasado desde entonces han querido hacerse del CPCCS y han ido dañando la institucionalidad”, indicó Hidalgo.

Hidalgo y Cucalón coinciden en un punto: no es que en el gobierno de Rafael Correa había estabilidad o gobernabilidad institucional, sino que todas las funciones “obedecían” a un solo poder político, el de Correa, e incluso, las autoridades electas provenían ‘de las oficinas’ del Palacio de Gobierno.

“En el correísmo todo estaba amarrado, todos eran complacientes. Todo el mundo estaba dependiente de la voluntad, del capricho de un autoritario con título del presidente. Todos los concursos estaban amarrados; ahora, dentro de la desinstitucionalización hay mayor transparencia y nadie tiene el poder absoluto. Antes, no es que había institucionalidad, sino esta dependía de la voluntad de Rafael Correa”, expresó Cucalón.

A criterio de Hidalgo, no es que en el pasado había institucionalidad, sino “una obediencia al régimen de turno en el que la justicia se utilizó para perseguir, la Fiscalía se utilizó para perseguir; lo que había es un pacto político con el Gobierno, que no fue sano, porque fue un momento de oscurantismo democrático en donde surgió la corrupción, cuando se eligió a un contralor 100/100 que ahora es prófugo de la justicia”. (I)