La muerte cruzada y la revocatoria de mandato, acciones que acechan a la Asamblea Nacional

Ante la crisis de gobernabilidad desatada en el interior de la Asamblea Nacional surgen nuevamente las voces que plantean dar paso a la denominada muerte cruzada, pero a esto se suma la propuesta de la sociedad civil de iniciar la revocatoria de mandato de 99 asambleístas, en especial de los representantes de Pichincha, que respaldaron la concesión de 268 amnistías.

En las últimas semanas, el trabajo legislativo se ha empantanado por conflictos entre las bancadas políticas, motivadas por priorizar el juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); crear una comisión ad-hoc que evalúe a la presidenta Guadalupe Llori y al Consejo de Administración Legislativa (CAL); la oposición al proyecto económico urgente de ley de inversiones propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso y el otorgamiento de 268 amnistías a dirigentes políticos y sociales.

Un efecto de esta conflagración impulsó a que este 13 de marzo César Rohón renuncie a su curul, cuestionando a sus excolegas de no estar “sintonizados” con las demandas ciudadanas. “Lo mejor que le puede pasar al Ecuador es cerrar la Asamblea”, enfatizó a su salida del Parlamento.

César Rohon renuncia al cargo de asambleísta por la provincia del Guayas

La reacción entre los asambleístas fue de coincidencia y en otras de crítica; pero aparentemente no hay temor de una muerte cruzada, que implicaría la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Wilma Andrade de la Izquierda Democrática (ID) cree que la población está “desilusionada” de la Legislatura y la posibilidad de la disolución de este periodo se ve “más cercano”.

Anticipó que ese “panorama gris” estaría por configurarse por un posible rechazo al proyecto de ley económico urgente de inversiones.

Reconoció que ello generará una “inestabilidad política”; sin embargo, si la Asamblea no busca mecanismos para generar empleo, para proponer soluciones y hacer aportes “qué se puede esperar”, se preguntó.

La Asamblea Nacional está pasando un mal momento y está desilusionando al pueblo ecuatoriano. No es solamente al interior. Lo más duro es que los ecuatorianos vuelvan a tener confianza, credibilidad en un organismo absolutamente fundamental para la democracia y que no está dando las respuestas positivas que el país requiere. Este es quizás, no solamente un llamado a la reflexión, es quizás un llamado a la conciencia de cada uno de los asambleístas y del pueblo para que podamos dar un nuevo rumbo a este organismo

Wilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática

Con este escenario, no coincide Salvador Quishpe de Pachakutik (PK), quien desafió el régimen a tomar el camino de la muerte cruzada. “Si quieren la muerte cruzada, pongan la muerte cruzada. ¿Qué están esperando?”, dijo.

“Si el señor (Guillermo Lasso) y compañía ya no quieren gobernar, porque ellos saben que después de la muerte cruzada no sabemos quién llegará a ser gobierno; pero sí sabemos que Lasso no seguirá al frente del Gobierno. Y si no quieren, entonces pidan permiso y retírense para que el pueblo decida quién va a ser gobierno”, añadió Quishpe.

La evaluación del CAL si en algún momento era necesaria, hoy es obligatoria. Las palabras del legislador César Rohon, que vino del periodo pasado y que tiene experiencia política, debe levantar esas alertas a la ciudadanía y sobre todo al CAL. No entiendo cuál es el problema de la evaluación. Podemos entender el temor cuando existe quizás incapacidad e incompetencia y desconocimiento de la Ley de la Función Legislativa.

Ronny Alegada, asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES)

El legislador de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES) Ronny Aleaga increpó que se está dilatando el trámite de temas “importantes” como la calificación de los proyectos derogatorios de las reformas tributarias que entraron en vigencia por decreto ley, así como la propuesta de evaluar a Llori y al CAL, que según dijo está lista la moción para plantearla en una siguiente sesión.

En esa línea, anunció que su bancada no tiene “miedo a la muerte cruzada”. “El Gobierno ha expuesto su postura y al final del día lo que resulte mejor para el pueblo ecuatoriano, si es mejor que se convoque a elecciones anticipadas por muerte cruzada, bienvenida sea. La bancada de UNES no le tiene miedo”.

Mireya Pazmiño: Durante diez meses hemos visto a una presidenta de la Asamblea arrodillada al Ejecutivo

En el bloque de CREO, Francisco Jiménez avizoró a esta muerte cruzada como una realidad institucional frente al bloqueo, pero que por el momento debe evaluarse y diferenciarse la Asamblea como una institución del trabajo de los legisladores.

La muerte cruzada es una realidad institucional que está en la Constitución y es una potestad que en cualquier momento puede materializarse. Lo que tendríamos que pensar es si hemos llegado a ese punto de bloqueo entre el Ejecutivo y Legislativo, porque para eso está pensada... La renuncia del asambleísta César Rohon nos ha golpeado, pero de allí, la Asamblea es una institución que no debe ser afectada, porque muchos hablan de que debe cerrar. Las instituciones permanecen, son las personas que si no cumplen con una función que les fue encomendada deben salir; sí creo que hay que diferenciar a la Asamblea de los asambleístas y dentro de eso, entramos a la discusión de la muerte cruzada, pero no es algo que nos compete decidir. Hay que reflexionar lo que está sucediendo con los asambleístas

Francisco Jiménez, asambleísta del movimiento CREO

Su coideario Juan Fernando Flores (CREO) cree que se debería ir más allá y evaluar si lo que dijo Rohón es verdad y qué respuesta están dando a los temas de seguridad ciudadana y generación de empleo.

“Cuando vamos a discutir temas importantes ni siquiera participan. Hay legisladores que no les interesa la Asamblea. Se han dedicado a conspirar. ¿La Asamblea está trabajando? Pero quiénes son los asambleístas que están trabajando”, cuestionó, y enfatizó que el presidente Lasso está ocupado en responder en materia de seguridad e impacto social.

Por su parte, el Gobierno descarta recurrir a esta herramienta. “No, el Gobierno no ha tomado una decisión sobre la muerte cruzada, todos entendemos que se trata de un instrumento constitucional, previsto para solucionar las crisis políticas cuando estas llegan a un extremo de gravedad que el país no puede salir. Pero no es ese el caso en este momento, el Gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los distintos bloques para buscar medidas civilizadas y de consenso”, aseguró Carlos Jijón, vocero de la Casa de Gobierno, en declaraciones públicas este 14 de marzo.

Insistió en que la muerte cruzada es “una última opción si es imposible seguir avanzando, pero no es la situación en este momento”.

El Gobierno no ha tomado una decisión sobre la muerte cruzada, todos entendemos que se trata de un instrumento constitucional, previsto para solucionar las crisis políticas cuando estas llegan a un extremo de gravedad que el país no puede salir. Pero no es ese el caso en este momento, el gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los distintos bloques para buscar medidas civilizadas y de consenso

Carlos Jijón, vocero de la Presidencia de la República

Aprobación de las 268 amnistías fue condicionada por el correísmo a la inclusión de Pabón y Hernández

En todo caso, a la evaluación interna que surge desde las filas legislativas está la que plantean grupos sociales.

El detonante fue la aprobación de la resolución legislativa del 10 de marzo pasado, cuando con 99 votos de los asambleístas se aprobó otorgar 268 amnistías, de las cuales 60 se dieron a varios actores políticos que participaron en las violentas protestas de octubre de 2019.

Los proponentes son un colectivo conformado por representantes de los sectores comerciales, empresariales, profesionales de Quito, ciudad que fue la más afectada por las paralizaciones que se mantuvieron durante doce días.

Uno de los representantes, Milton Castillo, definió como una “aberración” la aprobación de este paquete de amnistías, del que no entiende “cómo los asambleístas por Pichincha dieron sus votos para que se perdone a quienes mancillaron a la ciudad”.

La acción apuntaría a legisladores de UNES, Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID) de Pichincha, que con sus votos aprobaron el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango (PK) y elegido por el Distrito 3 de Pichincha.

“El propio Fernando Cabascango prefirió darle paso a los intereses de su grupo político, por encima de la ciudad y la provincia que le eligió”, refirió Castillo, quien advirtió que si se plantea que se vayan por este mismo hecho asambleístas de otras provincias, se deberá conversar con los pobladores de esas zonas.

Acciones constitucionales aparecen como las herramientas para revertir amnistías que no cumplirían con la Constitución

El artículo 105 de la Constitución señala que la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato y la solicitud deberá respaldarse por un número no inferior al 10 % de personas inscritas en el registro electoral.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito Patricio Alarcón, otro integrante del colectivo quiteño, afirmó que evalúan iniciar estos procesos luego del 14 de mayo próximo, cuando los legisladores cumplen un año en funciones.

Ahí procederán con la recolección de firmas y los trámites necesarios para que se les retire el mandato a aquellos que respaldaron con sus votos una “injusticia” contra la capital, el Ecuador y sus habitantes.

“La Asamblea no está trabajando en reformas estructurales, en lo que necesita la ciudadanía. Se pasan en estas discusiones del Consejo de Participación Ciudadana, que tienen que defender el cargo de Guadalupe Llori, que las amnistías para defender cierta mayoría móvil dentro de la Asamblea. Tenemos que exigirle a la Asamblea que trabaje por los ciudadanos y no sigamos con estas rencillas políticas que tanto daño han hecho a los ecuatorianos y ahora peor, dejando libres a una cantidad de delincuentes y terroristas que destruyeron Quito”, apuntó Alarcón.

Tenemos que exigirle a la Asamblea Nacional que trabaje por los ciudadanos y no sigamos con estas rencillas políticas que tanto daño han hecho a los ecuatorianos y ahora peor, dejando libres a una cantidad de delincuentes y terroristas que destruyeron Quito

Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que una autoridad puede ser revocada por tres motivos, entre ellos, el incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. (I)