La Universidad Yachay y la extinta empresa pública Siembra serán sometidas a nuevas auditorías. La Contraloría General del Estado empezará dos exámenes especiales, los cuales se enfocarán en las operaciones administrativas y financieras ejecutadas por cada entidad, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021.

El anuncio se efectuó este 31 de agosto, a propósito del recorrido que hizo el contralor Carlos Riofrío a las instalaciones de la Universidad, que está ubicada en la parroquia Urcuquí, en Ibarra.

En Siembra -que actualmente es parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt)- también se analizarán los estudios y diseños, contratos de obra y fiscalización para el proyecto denominado Programa de infraestructura de la Ciudad del Conocimiento Yachay EP, dentro del periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2021.

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Con esta auditoría se busca determinar si se respetó el ordenamiento jurídico y la normativa técnica en la contratación y ejecución de las obras y consultorías, así como la aplicabilidad de los diseños entregados por los contratistas.

Durante la visita, Riofrío refirió que la Contraloría detectó anteriormente la existencia de irregularidades en la gestión de bienes y recursos públicos, por las cuales se determinaron responsabilidades por $ 43,9 millones.

En 2018, dijo el funcionario, el organismo de control remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal, por las falencias en la construcción del auditorio y edificaciones para laboratorios, transferencia de tecnología, administración y gestión.

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Además, en esa auditoría se pudo identificar que cinco edificaciones presentaban desperfectos ocasionados por cambios sin sustento técnico en los diseños de las fachadas. Mientras avanzaban las obras de construcción surgieron más inconvenientes con diferentes estructuras: vigas, tramos de losas y gradas.

En otra evaluación, en 2017, a través de una consultoría contratada para examinar los inmuebles se encontraron falencias, por errores y omisiones, durante la fase de diseño. Aquel examen reveló que, debido a las fallas, el pago anticipado de la obra por $ 31,4 millones “no se justificaba técnicamente”. (I)

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