Desde este sábado 20 de marzo corren los cinco días de plazo para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional  presente el informe sobre el juicio político presentado en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, acusado de incumplimiento de funciones.

La asambleísta Marcela Aguiñaga (RC), una de las interpelantes en este juicio político afirmó que existen pruebas por demás en contra del funcionario y cree que el informe de la Comisión de Fiscalización saldrá favorable recomendando la destitución y censura del ministro; en todo caso, según las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigentes desde noviembre de 2020, el informe en cualquier circunstancia pasará al pleno de la Asamblea Nacional, donde se definirá su suerte.

Comisión de Fiscalización cierra etapa de prueba en el juicio político contra el Ministro de Trabajo

La Comisión de Fiscalización procesó siete acusaciones en contra Andrés Isch, referentes al conflicto laboral de los trabajadores de la fábrica de explosivos Explocen C.A.; una supuesta arrogación de funciones al aplicar el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo que fue interpretación en la Ley de Apoyo Humanitario sobre los despedidos por fuerza mayor o caso fortuito; la falta de inscripción de impedimento para ocupar un cargo público por parte de María Paula Romo, tras su censura y destitución como ministra de Gobierno; no haber fijado en nuevo salario básico unificado en el 2021; y, negarse a entregar información de su secretaria de Estado.

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Aguiñaga indicó que después de presentarse las pruebas de cargo y de descargo, que incluyó comparecencias de los afectados, existen pruebas fehacientes y veraces que demuestran el incumplimiento de funciones por parte del Ministro de Trabajo, con lo cual habría causales probadas para su censura y destitución.

Destacó que existe una prueba fehaciente que es el hecho de no haber registrado la inhabilidad para ejercer un cargo público por parte de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y eso se demuestra cuando se presentó el certificado que el acusado procedió a inscribir la inhabilidad después de que se había presentado la solicitud de juicio político.

Igualmente, la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana señaló que el ministro Isch, no logró demostrar que cumplió sus funciones de conformidad con la Ley en el caso de los trabajadores de la fábrica Explocen, pues le correspondía al Ministro hacer respetar el derecho de huelga que tenían los trabajadores. Además, no pudo demostrar por qué no impidió la militarización de las instalaciones cuando los trabajadores se encontraban en plena huelga.

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Otro de los casos en que el funcionario no desvaneció las acusaciones es el relacionado con la atribución de funciones que no tenía, como hacer una interpretación extensiva de una norma que consta en la Ley de Apoyo Humanitario, donde se estableció una disposición interpretativa para las condiciones de aplicación de fuerza mayor y caso fortuito durante la pandemia, donde el Ministro interpretó por fuera de lo que dice la norma legal a través de un acuerdo ministerial, con lo que se dio pasó a violación de derechos de personas vulnerables.

El plazo que tiene la Comisión de Fiscalización para presentar el informe sobre este juicio político vence el 24 de marzo, aunque la normativa permite solicitar cinco días adicionales.

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Posterior a ese proceso, la Comisión conocerá el pedido de juicio político en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, acusado de incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas y el proceso de vacunación contra el COVID-19. (I)