Juicio político al Consejo de la Judicatura entra a la recta final sin votos que aseguren su censura y destitución

La Asamblea Nacional tiene previsto instalarse en sesión plenaria a partir de las 19:00 de este miércoles, 31 de agosto, para iniciar el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo, y de la expresidenta María de Carmen Maldonado, acusados de incumplimiento de funciones.

Este proceso, según la previsión del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, podría durar dos días en razón de que los dos interpelantes, Viviana Veloz (UNES) y Luis Almeida (PSC), tendrán dos horas cada uno para fundamentar las acusaciones; los cuatro acusados tienen tres horas cada uno para presentar sus pruebas de descargo, y luego cada persona tiene derecho a una réplica por el lapso de una hora.

Juicio político a tres vocales de la Judicatura ocupará dos días de sesiones plenarias de la Asamblea Nacional

Las bancadas legislativas de Pachakutik y la Izquierda Democrática, que podrían inclinar la balanza para reunir los 92 votos para la destitución y censura de los tres vocales de la Judicatura, tienen problemas en el momento de alinear posiciones.

En el bloque de Pachakutik, la mayoría anuncia que no apoyará la destitución; en cambio, en la Izquierda Democrática existe división tras la resolución del Consejo Ejecutivo Nacional del partido tomada el 29 de agosto, en la que se dispuso al bloque que se “abstenga en todas las votaciones inherentes a este proceso”.

La bancada correísta, representada en el Parlamento por el bloque Unión por la Esperanza (UNES), según la interpelante Viviana Veloz, cuenta con 94 votos para la censura y destitución de los tres vocales de la Judicatura. En cambio, el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, prefiere ser cauto en el momento de contar los 92 votos; que los diálogos y negociaciones políticas continúan, señaló.

El PSC, en este juicio a la Judicatura, designó al asambleísta del Guayas Luis Almeida como interpelante y porque, según Torres, es el único que firmó el pedido de juicio; en virtud de eso, está habilitado para serlo.

La bancada UNES se adelantó este 30 de agosto a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra de los vocales de la Judicatura Ruth Barreno y Juan José Morillo, por la comisión del supuesto delito de tráfico de influencias, según dijo la asambleísta Viviana Veloz.

Como pruebas de este presunto delito que habrían cometido Barreno y Morillo se presentaron links de audios filtrados y que fueron expuestos en redes sociales respecto a una interferencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, para obtener un fallo y que se ratificara a Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento. Otro audio, añadió, revela un reparto de 20 puestos en la Corte Nacional de Justicia. Y un tercer audio está relacionado con una supuesta transacción política con un movimiento político.

La subcoordinadora de la bancada Pachakutik, Sofía Sánchez, afirmó: “Nosotros hemos tenido ya una posición y la hemos manifestado en reuniones de bancada, y en mayoría se ha decidido no apoyar al juicio político, porque todavía existen estos recursos de revisión que pueden aplicarse en cualquier momento para revisar las sentencias donde existieron hechos de corrupción graves. Y eso es lo que no queremos. Sabemos quién manejó la justicia durante años y quién creó el Consejo de la Judicatura, pensando que iban tener el poder toda la vida”.

Sánchez dijo que, sin dejar de manifestar que hay muchas cosas que tiene que corregir el Consejo de la Judicatura, son muchas más las otras causales por las cuales se tendría que plantear un nuevo juicio si la Judicatura actual no corrige; por ejemplo, qué pasa con los concursos de los notarios y por qué están en funciones prorrogadas, por qué no hay material.

La representante de Pachakutik indicó que la interpelación está motivada por un pacto entre el PSC y UNES; y que llama la atención que, sin posiciones ni ideologías y sin mantener transparencia en el proceso, esos dos sectores políticos se hayan sumado para la censura y destitución de la Judicatura.

El legislador del ala rebelde de Pachakutik Mario Ruiz Jácome, que lidera a seis asambleístas, manifestó: “Los problemas con la justicia son allá entre blancos; nosotros no nos metemos en eso”. Que no van a servir para que se resuelvan “trincas políticas en la justicia y para que se tomen nuevamente la justicia”.

Ruiz consideró que este juicio a la Judicatura tiene tintes políticos, pero que en todo caso escucharán las posiciones de los acusados y acusadores en esta interpelación.

Anticipó que más adelante presentarán un nuevo juicio político, pero en contra de los cinco miembros de la Judicatura, por causales como falta de celeridad en la justicia, evaluación a los jueces de primera y segunda instancia, así como falta de probidad en la justicia y la intromisión en la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana.

En la Izquierda Democrática persisten las discrepancias internas. Un grupo de asambleístas liderado por el legislador Alejandro Jaramillo afirma que en la ID hay un solo comunicado oficial, suscrito por el presidente nacional del partido, Enrique Chávez, según el cual el bloque debe abstenerse en todas las votaciones inherentes al juicio a la Judicatura.

Jaramillo reveló que, tras cinco horas de debates, los presidentes provinciales, expresidentes de la organización y el jefe de la bancada tomaron una resolución de acuerdo con los estatutos.

Marlon Cadena, a nombre de la bancada de la Izquierda Democrática, dijo que rechazan la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, porque se tomó con algunas violaciones estatutarias, ya que se tenía que convocar al CEN con cinco días de anticipación; y, además, en las conversaciones en el interior del bloque con el presidente nacional del partido, Enrique Chávez, se habló de la necesidad de que se instale una comisión política para que vaya solventando los problemas públicos a nivel de la bancada.

Wilma Andrade, legisladora nacional de la ID, comentó que frente al juicio a la Judicatura no van a defender intereses ni van a ser sujeto de presiones, chantajes y amenazas. (I)