Juicio a cuatro consejeros del CPCCS no tiene informe para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional

¿Qué informe conocerá el pleno de la Asamblea Nacional cuando el viernes 18 de noviembre se instale para el juicio político a cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)? Esa pregunta aún no tiene respuesta clara en los bloques de Unión por la Esperanza (UNES) y Partido Social Cristiano (PSC), que junto con algunos legisladores de Pachakutik (PK) y de la Izquierda Democrática (ID) dispusieron la interpelación.

Al otro lado, otros asambleístas de Pachakutik y del oficialismo insisten en atropellos cometidos en el procedimiento, pues no hay informe que permita al pleno del Legislativo decidir si censura, destituye o absuelve a los vocales del CPCCS.

Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo se enfrentan a una posible censura y destitución

El secretario general de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, en la sesión plenaria del martes 15 de noviembre certificó que “(...) la Comisión de Fiscalización tenía plazo hasta el 8 de noviembre para presentar el informe, situación que no se realizó y en tal virtud tenía hasta el 10 de noviembre para que desde la Comisión sean remitidas tanto las actas de votación como el informe que detalla las posiciones de los asambleístas, situación que no se tiene constancia ni registro del ingreso de dicho informe, ni de las actas de votación en esta secretaría general”.

Pero en la sesión plenaria del martes, con 84 votos, la Asamblea Nacional resolvió enjuiciar políticamente a los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, “al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño”, ambos del sector rebelde de Pachakutik.

Además, se resolvió archivar el procedimiento de trámite calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de la solicitud de juicio político planteada por Ricardo Vanegas (PK).

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, defendió lo resuelto por el pleno del Parlamento basado en el artículo 142 de la ley de la Función Legislativa y asegura que se convocó a los consejeros para iniciar el juicio dentro del plazo que establece la norma.

Anticipó que la sesión será extensa, porque cada interpelado tiene el tiempo de hasta tres horas, más una hora a cada interpelante, por ello, seguramente la sesión de definiciones se prolongará hasta el día siguiente, sábado 19 de noviembre.

Saquicela dice que cuando se notificó a los cuatro consejeros para el juicio se adjuntó toda la sustanciación de la Comisión de Fiscalización, y sobre esa “consideración y conocimiento, se trabajará, y habrá interpelación en base a la documentación que ya tienen los legisladores”.

A la legisladora de UNES Paola Cabezas le preocupa que la prensa pregunte sobre qué informe conocerá el pleno para definir la censura y destitución de los cuatro vocales del CPCCS. Ella centra su discurso en que el pleno tiene toda la facultad para decidir si el juicio político procede o no, y responsabiliza a la Comisión de Fiscalización por no haber remitido a tiempo los informes de posturas frente al juicio.

La ausencia de un informe para llevar adelante el juicio “tendría que comentarlo con los miembros de la Comisión de Fiscalización, lo que puedo argumentar en materia jurídica y legislativa es que lo que hicimos en el pleno de la Asamblea está dentro de nuestras competencias”, subrayó Cabezas.

El asambleísta de la Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo manifestó que el pleno debía pronunciarse sobre un antecedente documental que nunca llegó, y lo que se registró en la Asamblea es un sesgo político evidente, y todo lo actuado podría llevar a una ilegalidad sobre lo actuado.

Ricardo Vanegas, proponente del juicio a los siete consejeros del CPCCS, manifestó que la certificación de la secretaría general de que la Asamblea Nacional no cuenta con el informe respectivo para llamar a juicio político y tampoco cuenta con las actas de la votación individual da la razón de que no hay los informes que se requieren para dar inicio o cualquier decisión sobre la solicitud de juicio planteada por cuatro asambleístas de Pachakutik.

Refuta que se haya malinterpretado el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina las atribuciones que tienen las comisiones especializadas permanentes y ocasionales cuando no hay una votación requerida en el trámite de los proyectos de ley y en los procedimientos de fiscalización que, vencidos los plazos, pasan a conocimiento del pleno.

Explicó que el procedimiento de fiscalización es uno y este se realiza antes de iniciar un proceso de juicio político, y cuando ya se inicia el juicio ya no es proceso de fiscalización; además, aclaró que no necesariamente un proceso de fiscalización termina en un juicio político.

Vanegas, en su calidad de interpelante a los consejeros del CPCCS, remitió una carta al presidente de la Asamblea anunciando que no asistirá a la convocatoria del pleno para el viernes. “No puedo con mi presencia avalizar un acto que viola el debido procedimiento, la tutela administrativa efectiva, el principio de legalidad y la seguridad jurídica en la sesión n.º 813 del pleno de la Asamblea Nacional convocada para el día viernes 18 de noviembre de 2022 a las 14:30″, indica.

La oficialista Ana Belén Cordero también cuestiona la decisión del pleno, y lo que debió hacer el presidente de la legislatura es solicitar al secretario el expediente correspondiente para conocer las acusaciones, hechos, pruebas y argumentaciones, y sobre eso tomar una resolución. Lo que se debe conocer es con qué informe fueron notificados a los cuatro consejeros del CPCCS, dijo.

El legislador Luis Almeida, del PSC, aclaró que existe una gran cantidad de votos que van más allá del PSC y UNES, y es una situación democrática, por lo tanto, se tiene que seguir avanzando e ir moralizando las cosas en el país.

Lo único que quiere el país, añadió Almeida, es que “la Contraloría y otras funciones del Estado sean independientes y no apéndice del Gobierno central”. (I)