Luego de tres días de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 27 personas acusadas de participar en el ataque al edificio principal de la Contraloría General del Estado (CGE), durante las protestas sociales de octubre de 2019, la jueza penal de Pichincha Ana Guerrón, poco antes de las 19:00 de este miércoles, llamó a juicio a todos los procesados.
El fiscal general subrogante Wilson Toianga, durante los días de audiencia, acusó a la totalidad de detenidos el 12 de octubre de 2019, en concurso ideal de delitos, de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros. Él insistió en que todos los acusados tienen responsabilidad en los ataques que terminaron en el incendio del edificio de la Contraloría, en el norte de la capital.
Por once días, en octubre de 2019, la capital ecuatoriana, al igual que otras ciudades del país, registró una paralización debido a protestas sociales contra medidas económicas que adoptó el Gobierno del presidente Lenín Moreno. Las movilizaciones, encabezadas en su mayoría por líderes del sector indígena, desencadenaron actos de violencia contra ciudadanos e instalaciones de instituciones públicas.
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Guerrón, basada en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, decidió acoger el llamado a juicio contra todos hecho por el fiscal Toainga. En la primera parte de la diligencia, la jueza penal declaró la validez de todo lo actuado y rechazó los vicios de nulidad alegados por las defensas de los procesados.
Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., pese a que aseguraba que en el caso no existían evidencias fuertes, no descartaba la posibilidad de que en este caso todos sean llamados a juicio. Desde su perspectiva, en el país existen jueces que no actúan en derecho sino a base de presiones, especialmente mediáticas.
Pazmiño criticó en su momento que por el incendio al edificio de la Contraloría se insista en acusar desde la Fiscalía, pero por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de octubre no existe ningún proceso que avance.
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en su cuenta de Twitter señaló que “a pesar de que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes, ni sustentó adecuadamente el caso”, se dictó un “auto de llamamiento a juicio” para los 27 procesados. “Justicia por no más criminalizados” (I)