El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres enfrenta una acción de queja, luego de haber confirmado que tuvo un encuentro “por casualidad” con el candidato presidencial por Pachakutik (PK), Yaku Pérez, el pasado 3 de marzo.

Después de la revelación del medio digital La Posta, Torres y Pérez reconocieron que se encontraron de forma ‘casual’ en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio Darwin Seraquive, pero que no fue un diálogo pactado o previsto y en el que tampoco hablaron sobre el recurso subjetivo contencioso en contra de los resultados numéricos de la elección presidencial del 7 de febrero, que proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).


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La queja la presentó el abogado Manuel Pérez Pérez como “ciudadano independiente”, según dijo, y en su escrito alegó que el juez mantuvo esta reunión infringiendo el reglamento interno del TCE y su Código de Ética.

Esto constituye una “acción antijurídica que incumple y viola expresas disposiciones legales, lo que afecta la imagen institucional, los derechos de participación, de transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral, poniendo en peligro a toda la institución garante de la democracia por las dudas que esto genera sobre su accionar”.

El accionante deja entrever que el 1 de marzo “coincidencialmente” se archivó la denuncia por intervención en el proceso electoral que presentó la alianza electoral Unión por la Esperanza (UNES) en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, cuando este solicitó realizar una auditoría al sistema informático del CNE. Y, al 2 de marzo, el organismo de control “emite un informe del examen especial al patrimonio del juez Torres, que deja insubsistentes las observaciones realizadas especialmente en lo referente a los pagos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito”.

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Se cuestiona que Torres haya acudido al departamento de Seraquive por una “consulta particular en material legal, cuando los jueces tienen prohibición expresa de desempeñar otras funciones, con excepción de la docencia”.

Además recoge las expresiones de Pérez en un tuit en el que aclaró que en un maletín no llevaba dinero sino “actas” de escrutinio. “El maletín que se menciona estuvo en la reunión contenía actas electorales, y se puede presumir que no solo se conversó de la causa, sino que además se analizaron documentos o pruebas” del recurso electoral, señala el denunciante.

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El TCE aún no ha informado si admitirá a trámite la acción de queja o si Manuel Pérez debe completar requisitos legales.


El juez Torres aseguró que no asesoró a Pérez, respecto del recurso subjetivo que presentó en el TCE. Pero adelantó que se excusará de conocer la causa, que se tramitará por el pleno de los cinco jueces.

El presidenciable y el movimiento PK presentaron en una primera ocasión dicho recurso incompleto e impreciso, por lo que el juez sustanciador Fernando Muñoz le pidió que lo aclare y complete para que sea admitido a trámite.

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De la decisión del Tribunal Electoral depende un nuevo recuento y campaña de segunda vuelta para elegir nuevo presidente en Ecuador

El plazo para cumplir los requisitos venció el jueves pasado. Pérez cumplió con el pedido judicial, al siguiente día de su encuentro con el juez, en el que aclaró que el recurso lo hacía específicamente con base en el numeral 5 del artículo 269 del Código de la Democracia. Es decir, en contra de los resultados numéricos, con lo que el juez sustanciador puede determinar como parte de las diligencias abrir urnas para hacer recuento de votos.

El TCE no puede iniciar de oficio una investigación al magistrado, pero al conocer del hecho apuntó en un comunicado que el artículo 12 del reglamento interno dispone que los jueces electorales “no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión”.

Y mientras esto se procesa en el TCE, el candidato presidencial Yaku Pérez acudió ayer hasta la Fiscalía General para rendir su versión dentro de la investigación previa abierta en contra del CNE, por el delito de un presunto fraude electoral.

A la salida de la diligencia, Pérez insistió en que el “fraude electoral está escondido en las ánforas, en la elaboración de actas, en el escaneo y el sistema informático mediante la manipulación de algoritmos”. (I)