Juez del caso Dhruv ingresa a deliberar argumentos sobre nulidades; Fiscalía asegura que no permitirá que lo ocurrido quede en la impunidad

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera aseguró que como juzgador tiene los elementos necesarios para tomar una decisión respecto a las nulidades expuestas por las defensas de los 18 procesados por el delito de peculado ocurrido en el proceso de contratación de siete helicópteros Dhruv en 2008, pero indicó que necesita ordenar las ideas para dar respuesta motivada a cada uno de los argumentos que los sujetos procesales han planteado.

Con esa explicación, el magistrado suspendió para las 14:00 de mañana miércoles la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en esta causa, en la que se habrían determinado presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008 para la compra de helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de la India. En ese momento dará a conocer la decisión que adopte en torno a las nulidades expuestas.

La decisión se tomó el mediodía de este martes, luego de dos días de diligencia en los que en más de diez horas se escucharon los argumentos de los procesados en torno a las nulidades que creen existen para que no avance la causa, y los fundamentos sostenidos por la fiscal general, Diana Salazar, y la representante de la Procuraduría General para rechazar las nulidades de procedibilidad, prejudicialidad y competencia expuestos.

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Entre la tarde del lunes y la mañana de este martes se completó la respuesta que la Fiscalía y la Procuraduría dieron a lo dicho por 20 abogados en nombre de 18 procesados. Luego, Rivera acogió el pedido de varios abogados de los acusados y dio paso a que ellos ejerzan su derecho a la réplica. Con ello se suspendió la diligencia.

Por peculado son investigados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval; Juan Cortez, representante legal de la compañía HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE Antonio Puga; el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales; el exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jame Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

El argumento de nulidad en el que se ha centrado el debate fue el proceso para “reaperturar” la investigación en este caso, que en el 2016 fue archivado por el entonces fiscal general Galo Chiriboga, pero que ha pedido de Diana Salazar y mediante una audiencia el 23 de diciembre de 2020 el entonces juez nacional Iván León lo reabrió.

Los abogados de los procesados aseguran que a ninguno se les notificó de esa audiencia, vulnerando su derecho a la defensa y a la contradicción; mientras que la fiscal Salazar sostiene que sí se cumplió, conforme a la ley, con la notificación de aquellas personas que fueron investigadas en su momento y designaron un casillero judicial.

Salazar aseguró que no solo han desvirtuado cada uno de los cargos alegados como vicios, sino también han demostrado que no se ha vulnerado el principio de especificidad, ya que se ha observado y aplicado el ordenamiento penal; que no se ha vulnerado el principio de trascendencia, por cuanto ninguna de las alegaciones formuladas tienen incidencia en la totalidad del proceso, ni siquiera de forma parcial; y que no se ha vulnerado el principio de convalidación, debido a que ninguna de las alegaciones ha logrado evidenciar incumplimientos procesales en la tramitación de la causa.

Además, la Fiscalía defendió que se reabrió el caso con base en tres pruebas nuevas, las cuales no constaban en la investigación archivada: informe pericial elaborado por Santiago Kaviedes de impacto económico por incumplimientos y retrasos del contrato 2008; informe pericial técnico elaborado por Eduardo Valencia; y el informe final de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional para el análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela.

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La defensa del coronel (sp) de la FAE Luis Valverde, Gabriela Rivadeneira, así como otras defensas rechazaron esas aseveraciones, asegurando que estas ya fueron conocidas durante etapas anteriores de investigación y el informe de la Comisión de la Asamblea tiene que ver con otros temas y no con el peculado que se investiga.

Abogados de los procesados señalan que el ahora exjuez Iván León se habría dado cuenta de ello, si en la audiencia de “reapertura” existían defensas técnicas que contradigan lo dicho por la Fiscalía.

La fiscal Diana Salazar a su salida de la audiencia refirió que ante la contundencia de los elementos probatorios del hecho que la Fiscalía ha recabado durante todo este tiempo, no les ha “quedado de otra” a las defensas de los acusados que plantear nulidades. Advirtió que la nulidad no es otra cosa que retrotraer la causa al inicio y que volveremos a procesar.

“No importa el tiempo que nos tome, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. (...) Estamos hablando de un perjuicio de $ 66 millones, son siete los helicópteros que presentan inconsistencias, irregularidades en el proceso”, explicó Salazar.

De su parte, Jorge Huilcapi, defensa del exministro Javier Ponce, cree que en este caso se ha violado el derecho a la defensa, se ha vulnerado el debido proceso y cuantos principios que protegen al ciudadano. El defensor público Germán Jordán, quien representa al brigadier general de la FAE Antonio Puga, cree que en el momento en que no estuvieron todos los procesados en la audiencia de “reapertura”, la diligencia debió haberse suspendido hasta que todos sean notificados para que tengan derecho a la contradicción.

Jorge Luis Ortega, abogado del también coronel (sp) de la FAE Vicente Illescas, tiene claro que en esta primera parte de la audiencia se ha evidenciado que jamás fueron notificados los actualmente procesados para la “reapertura” de la investigación materia de este proceso. La fiscal Salazar al final de la audiencia leyó una serie de nombres de personas que habían sido notificadas para esa diligencia de “reapertura”, pero que no acudieron.

Estos son los argumentos que deberá analizar el juez nacional Rivera para resolver si da paso a las nulidades expuestas, lo que haría que la causa se retrotraiga al momento en el que se defina existe la nulidad, o por el contrario rechaza esa argumentación y declara la validez procesal de todo lo actuado, pasando así a segunda parte: la fase preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía emitirá su acusación particular, pedirá que se los llame a juicio y anunciará la prueba pericial, documental y testimonial que usará en un eventual juzgamiento. (I)