Ante la solicitud de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que Juan José Pons comparezca en la sesión del miércoles 27 de julio y proporcione la información que conozca sobre el caso Danubio, por el cual la justicia procesa a un grupo de personas que supuestamente negociaba cargos en entidades públicas, el exconsejero ad honorem del Gobierno en temas bananeros respondió que acudirá a la mesa legislativa después de que haya colaborado con las investigaciones de la Fiscalía.

El martes, 26 de julio, Pons dirigió una carta al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en la cual apunta que ya existe una instrucción fiscal iniciada contra los presuntos responsables de delitos contra la administración pública.

Con ocho procesados arrancan los 90 días de instrucción fiscal para definir la existencia de una red dedicada a la venta de cargos públicos

Pons apuntó que, según información oficial disponible, se puede concluir que los sospechosos se habrían tomado su nombre, así como el de su hijo Juan José Pons Cruz, con el fin de ofrecer cargos públicos. Además, recordó que la instrucción está siendo sustanciada en la Fiscalía General del Estado.

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“En tal virtud, es prioritario proporcionar la colaboración necesaria y suficiente al ente investigador, por lo que procedería acudir con mucho gusto y muy cordialmente a la sesión ordinaria (de la Comisión de Fiscalización), una vez que haya prestado la colaboración correspondiente”, precisó el exconsejero del presidente Guillermo Lasso.

Añadió que actualmente no posee información relacionada con el caso Danubio. Dijo que su conocimiento sobre el tema es lo que se ha informado a través de medios de comunicación.

Para la sesión prevista a las 15:00 del miércoles, la Comisión de Fiscalización requirió, además de la presencia de Pons, la asistencia de Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), y de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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Por el caso Danubio, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron varios allanamientos la madrugada del 21 de julio en las provincias de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Azuay. Como resultado, ocho personas fueron detenidas y actualmente son procesadas por el presunto delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias en entidades públicas. Además, se dio inicio a una instrucción fiscal de 90 días.

Uno de los inmuebles intervenidos fue la casa de Juan José Pons, de donde los agentes tomaron una computadora y un teléfono celular. El exconsejero del Gobierno no fue arrestado.

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De acuerdo con las investigaciones, los ocho sospechosos forman parte de una red delincuencial que ofertaba puestos en entidades públicas –principalmente en el Senae– a cambio de dinero y favores, para lo cual se valía de supuestos nexos con personajes reconocidos e influyentes en el campo político y social. (I)