Su primer acercamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue hace una década. José Antonio Núñez Chávez fue elegido en 2012 como uno de los ‘comisionados’ que eligieron al defensor Público. Y el año pasado 2022 intentó, sin éxito, ser miembro de la comisión que escogería al nuevo contralor.

“Comencé con un reglamento, pero terminé con otro”, asegura este abogado, de 55 años, al referirse que durante el proceso de selección de los integrantes a la comisión se habrían hecho cambios en los puntajes de la normativa, lo cual –afirma– le perjudicó. Ante ello, interpuso una acción de protección en contra de los vocales del CPCCS para suspender el proceso de designación, pero le negaron la acción.

Núñez, oriundo de Tena (Napo), también ha sido parte de veedurías que, por ejemplo, analizaron una obra de alcantarillado en la ciudad de Puyo, cuyo costo fue $ 23 millones. “Hay plantas de tratamientos que no funcionan (...). Hace cinco años ingresamos el informe final a la secretaría de transparencia del CPCCS y aún no hemos recibido respuesta”, cuestiona este abogado, que aspira llegar a una de las vocalías de este Consejo.

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Su trayectoria de más de 30 años en casos de derechos humanos, justicia indígena y seguridad vial lo impulsaron a participar en estas elecciones, asegura este jurista que en 2016 presentó su última declaración de impuesto a la renta, de $ 0. Desde el 2017 no constan otros reportes, aunque Núñez dice que “siempre he declarado”.

En los últimos seis años (2016-2022) también se ha dedicado a su ejercicio profesional en Núñez & Núñez Abogados. Y entre 1997 y 2016 ocupó varios cargos públicos, entre ellos, asesor de algunos diputados (de Sociedad Patriótica y MPD) en el extinto Congreso, asesor de gobiernos parroquiales de Pastaza y defensor público (2014- 2016).

Núñez asegura que, además, tiene 20 años trabajando en un centro comunitario, llamado Tierra Canela, que se encarga de organizar cada seis meses una feria de ‘trueque’ para que la comunidad intercambie sus frutas y vegetales con alimentos de productores agrícolas de la Costa y la Sierra, en Puyo; y, además, ha dado charlas a las comunidades amazónicas sobre los mecanismos de participación ciudadana.

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Esa labor propone promover más en los jóvenes, grupos vulnerables y personas con discapacidad del país “para que estos derechos no solo queden en la letra de la ley”.

También plantea que las rendiciones de cuentas no sean una reunión de amigos o autoridades: “Que cualquier ciudadano pueda acceder a la documentación, contratos, convenios de cualquier Gobierno Autónomo o de cualquier institución pública”.

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En la lucha contra de la corrupción ofrece impulsar la creación de veedurías y observatorios para fiscalizar si las autoridades están manejando de forma honesta los recursos públicos, y forman convenios internacionales con la Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos para obtener recursos que se destinen en charlas sobre valores, ética y moral para a gente y directivos públicos en las entidades, barrios, colegios y universidades. (I)