Conocida la investigación previa abierta en la Fiscalía por el delito de enriquecimiento privado no justificado contra el excandidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, y la alianza electoral 1-5 Unión por la Esperanza (UNES), la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, sostiene que ese caso se inició con una “noticia falsa” y es parte del “lawfare” que se ha reactivado en el Ecuador.

“A través de una noticia falsa se inició una investigación por un supuesto enriquecimiento privado no justificado contra nuestro excandidato presidencial (Andrés Arauz) y contra más de 54 personas. (...) Una vez más se usan las herramientas judiciales para acallar a quienes pensamos distinto, a quienes creemos que el modelo de Gobierno que representan el señor (Guillermo) Lasso no es el que le conviene al Ecuador”, sostuvo Aguiñaga en una rueda de prensa conjunta con legisladores de la bancada de UNES.

Según la Fiscalía, desde el 30 de junio pasado habría una investigación previa por el delito de enriquecimiento privado no justificado contra Andrés Arauz, como líder de UNES y candidato presidencial a ese entonces, indagación que también incluiría a la alianza que cobijaba esa candidatura. Esta fase preprocesal habría dado inicio luego de la denuncia que presentó el 11 de marzo pasado Carlos Andrés Aguilar, representante de la plataforma político-ciudadana Patria sin Corrupción.

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Justamente Aguilar, mediante un comunicado de prensa, rechazó el que se diga desde el correísmo que esta investigación nació de una “noticia falsa” y calificó de “irreal” que se pretenda establecer que esta investigación es una retaliación del Gobierno ecuatoriano ante el informe de la Asamblea de los Pandora Papers.

El principal de Patria sin Corrupción indicó que dentro de la fase reservada de investigación en el caso contra Arauz la Fiscalía ya habría ordenado diligencias y emitido oficios solicitando información a entidades de control como el Servicio de Rentas Internas, las superintendencias de Compañías y de Bancos, entre otras.

En la cuenta personal de Twitter del expresidente Rafael Correa, él escribió, el miércoles último: “Aparece Pandora Papers y la Fiscalía investiga... ¡a la Alianza 1-5! ¡Ya no guardan ni las formas!”. Al mensaje, que a poco de ser publicado fue borrado, se adjuntaron dos documentos de Fiscalía con los que se buscaba notificar de la investigación previa a Arauz, al representante legal de la Alianza UNES, y a otras 24 personas naturales y jurídicas.

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Por enriquecimiento privado no justificado la Fiscalía notifica de investigación previa contra la Alianza UNES y Andrés Arauz

La tarde del miércoles último, la Fiscalía puntualizó que por el delito de enriquecimiento privado no justificado el directo investigado es Andrés Arauz y que los nombres de las 25 restantes personas naturales y jurídicas (empresas) no eran las investigadas, sino que estaban siendo notificadas para que rindan versión sobre lo que conocen del caso. No se conoce aún de fechas para estas diligencias.

Entre quienes estarían siendo notificados para versionar en la investigación por enriquecimiento privado no justificado están Juan Carlos Monedero, politólogo español que participó como observador en las últimas elecciones en Ecuador; los representantes o gerentes de la compañía mexicana Neurona, la Consultorianeurona Sociedad Anónima, Celag Geopolítica Compañía, Ingeniería de Control IFP Cía. Ltda., Global Business Consultants GBCON C. L. y VIBE Corporation VBCO C. Ltda.

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Desde la Fiscalía se confirmó que existiría además de la investigación previa contra Arauz por enriquecimiento privado no justificado una investigación previa contra Monedero y Neurona. Esta estaría a cargo de un fiscal distinto, aunque aparentemente lo que se analizarían son actos irregulares ocurridos en la última campaña electora en Ecuador, que de alguna forma podrían estar relacionados.

En marzo pasado, el representante de la Plataforma Político-Ciudadana Patria sin Corrupción solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación a los contratos de campaña del entonces candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, con la consultora mexicana Neurona, su filial en Ecuador Consultorianeurona S.A. y Juan Carlos Monedero, quien, a decir de Aguilar, estaría relacionado con la empresa Neurona.

Aguilar, en ese momento, explicó que deberían investigarse delitos como enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada y asociación ilícita.

La denuncia entregada señala que la consultora Neurona estaría siendo investigada en España por sus servicios al partido político Unidas Podemos, durante la campaña electoral del año 2019. Según la plataforma, esa empresa habría formado parte de un contrato en el Ecuador que asciende a $ 20 millones y que según conocieron por el diario Vozpópuli, de España, Neurona ha sido acreedora de al menos $ 10 millones “que el equipo de campaña del candidato presidencial Andrés Arauz ha desembolsado para su propaganda electoral”.

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Plataforma Patria sin Corrupción pide a Fiscalía que investigue contratos de la campaña de Andrés Arauz con consultora mexicana y politólogo español

Entre las personas naturales que se les notifica de manera inmediata para que señalen un domicilio judicial para futuras notificaciones en el caso Arauz están los también españoles Sergio Martín Carrillo, Alfredo Serrano Mancilla; los mexicanos César Hernández y Andrea López; y el argentino Celso Oglietti. Otros doce ecuatorianos también estarían en la lista para rendir versiones.

López y Oglietti constituyeron la empresa Consultorianeurona en Quito en el 2016. La mexicana es accionista de Neurona Consulting en México, mientras que el argentino es accionista de Celag.

Aguiñaga recordó que las cuentas de la organización política que lidera están abiertas para que el Consejo Nacional Electoral, cuando corresponda, proceda a auditarlas y le aclaró a la Fiscalía que en todo momento han presentado los informes de rigor de conformidad con la ley.

A la supuesta persecución que existiría contra miembros del correísmo, el bloque de legisladores de la bancada de UNES le sumó que en este momento están siendo amenazados con acciones legales, dijo Paola Cabezas, coordinadora de la bancada, por haber cumplido la tarea de fiscalizar al presidente Guillermo Lasso.

Los anuncios de acciones legales, indicó Cabezas, habrían llegado públicamente de parte de funcionarios de Gobierno y del coordinador de la bancada oficialista en la Asamblea, Luis Fernando Flores. Este último refirió que presentarán denuncias judiciales ante la Fiscalía para que se investiguen actos enmarcados en un plan para desestabilizar y crear una idea de conmoción social en el país para justificar lo que se pretende hacer: destituir al presidente de la República.

Cabezas y Victoria Desintonio son parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea que investigó y aprobó un informe sobre los denominados Papeles de Pandora en los que ha sido mencionado el presidente Lasso. La asambleísta del correísmo Mónica Palacios también ha empujado la investigación, entregando información sobre el tema conseguida en Panamá.

“Queremos dejar claro que la Fiscalía está siendo presa, está siendo utilizada con fines mediáticos políticos, para pretender acallar y callar los derechos que tienen los legisladores en la atribución de sus funciones de poder fiscalizar las acciones de un gobierno. (...) Esto es tan burdo y tan mediático que pretende utilizarse la Fiscalía para supuestamente buscar destituir a nuestros legisladores”, añadió la presidenta de la Revolución Ciudadana. (I)