El llamado a juicio político en contra de Pablo Celi, excontralor del Estado subrogante, ahondó más la confrontación que viene de semanas atrás entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Durante el procesamiento del juicio a Celi, Llori tildó de negligente al presidente de la mesa de Fiscalización por no pedir oportunamente la prórroga de cinco días para presentar el informe sobre el pedido de juicio al excontralor subrogante. En tanto, Villavicencio reveló una denuncia sobre la orden de compra de cuatro vehículos de alta gama para la Asamblea, en medio de una crisis económica.

El juicio político a Celi fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea, y según Llori, fue notificado este 12 de agosto, y la sesión del pleno para conocer y procesar la interpelación será el lunes 16 de agosto.

Debate sobre juicio político a Pablo Celi terminó interpelando al presidente de la Comisión de Fiscalización

La representante de la legislatura, acompañada por los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los representantes de las bancadas legislativas ID, PSC, UNES, Pachakutik y CREO, salió este 12 de agosto a denunciar que existe un intento de desprestigiar a la Asamblea Nacional con información falsa y malintencionada, generando un ambiente adverso. Ella considera que el desprestigio respondería al hecho de que es una mujer amazónica.

Respecto a la compra de vehículos para las autoridades de la legislatura, Llori afirmó que se discutió el tema porque el parque automotor de la Asamblea es obsoleto, que su reparación y mantenimiento tiene un costo elevado. Pero que nunca decidió comprar y tampoco ordenó que se inicie el proceso de adquisición, por lo tanto quienes denunciaron tenían información falsa, insistió.

Que ella no vino a pelear con el Gobierno ni a confrontar con los asambleístas, pero que presentará una queja ante el CAL en contra del legislador Fernando Villavicencio, “por todas las mentiras que se han dicho en estos días en los medios de comunicación en descrédito a la presidencia de la Asamblea Nacional, y también por esa violencia política en contra de una mujer autoridad, una mujer política”.

Dijo que se investigarán los motivos que ha tenido Villavicencio para desacreditar de esa manera a la Asamblea Nacional, por qué tanto odio, por qué tanta violencia política en contra de una mujer.

Queja de alta gama

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó que si es una queja de alta gama se siente honrado, así como por el linchamiento suscitado en la sesión del pleno del 11 de agosto en que se definió el juicio político al excontralor Pablo Celi.

Si es esa misma mayoría que protegió y encubre a la legisladora que “dice que roben, pero que roben bien” la que pretende poner una queja, se siente honrado y que será un trofeo, anotó.

Cuestionó que la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, pretenda cobijarse bajo supuesta acusación de violencia de género o violencia política, pues aclaró que jamás utilizó una palabra que pueda ser considerada un atentado a los derechos de la mujer, y mucho menos amazónicos.

Indicó que fue un honor haber sido protegido, cuando el correísmo lo perseguía, por las mujeres de Sarayaku como Patricia y Nina Gualinga y la esposa de Marlon Santi, quienes cuestionan muchos procedimientos que los líderes de Pachakutik están adoptando en el Parlamento; pues aquí no hay un problema de género, sino un problema de corrupción, subrayó.

Reveló que Guadalupe Llori lo invitó al despacho para informarle que recibió la visita del prefecto de Pastaza y del legislador Elías Jachero (BAN). Lo cual cuestionó, dijo, porque el prefecto tiene dos resoluciones de destitución por parte de la Contraloría del Estado. Que el pedido de la presidenta fue que Villavicencio no haga nada en contra del prefecto, y de testigo está el asesor Julio Sarango, afirmó.

Expresó que eso no debe hacer un legislador, porque está prohibido por la Ley y la ética, pues un asambleísta no puede gestionar a favor de ninguna autoridad y mucho menos de una autoridad que tiene resoluciones de destitución.

Respecto a la compra de cuatro vehículos para la Asamblea, Fernando Villavicencio acentuó que él no miente porque tiene en sus manos la copia de todo el proceso para abrir la compra de los vehículos, por eso pidió información certificada del caso a la propia presidenta de la Asamblea, porque curiosamente fue bloqueado el acceso a la información.

“Yo no miento”, insistió el legislador, y añadió que desde la Presidencia de la Asamblea se dio la disposición para que se abra un proceso de adquisición de vehículos, que luego ante la reacción de los medios y de los dos asambleístas que denunciaron se haya dispuesto suspender, es otra cosa.

Señaló que existe un odio claro en su contra y que frente al juicio político a Pablo Celi admitió el error de no presentar a tiempo el informe del juicio, pero indicó que al final el pleno enjuiciará políticamente al exfuncionario.

El presidente de la Comisión de Fiscalización denunció que lo quieren fuera de la comisión porque logró presentar en el juicio a Pablo Celi, lo que los correístas nunca querían, y demostrar que esta trama de corrupción no solo se reduce al espacio de Pablo, sino que es una trama mafiosa porque hubo una disputa por el control de la Contraloría General del Estado. Que los contratos que fueron glosados y luego desvanecidos fueron firmados durante el gobierno de Rafael Correa, con soborno y sobreprecios.

Dijo que hay miedo en la Asamblea porque algunos legisladores tienen glosas, incluida la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, cuando era prefecta y con responsabilidad penal.

Anunció que está trabajando un informe y afirmó que hay más de quince legisladores que tienen expedientes en la Contraloría General del Estado, lo cual no significa que sean glosas confirmadas, pero se investiga.

Insistió en que Llori tiene miedo porque la Comisión de Fiscalización recibió información de la Contraloría General del Estado, y que las glosas son desde cuando era prefecta de Orellana.

Además manifestó que la presidenta del Parlamento debe explicar lo que pasa con el fiscal de la provincia de Orellana, Pío Palacios, quien está casado con Alba Sánchez, que a su vez es la directora de Talento Humano de la Asamblea Nacional y que también fue directora de Talento Humano cuando Llori era prefecta de Orellana.

Frente a esa denuncia que reposa en la Comisión de Fiscalización, Llori preguntó qué problema tiene el exasambleísta Tomás Cevallos, quien presentó la denuncia por supuesta delincuencia organizada y tráfico de influencias. “Sabemos que él igualmente hoy está con una boleta de captura, y no sé qué líos tenga con el fiscal, que ahora tratan de involucrarme en este tipo de hechos. Si se ha denunciado, que siga el trámite respectivo, que sabré defenderme como corresponde”, dijo. (I)