Poco más de 30 días le quedan a la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Las Torres, en el que es procesado como cabeza de una supuesta “estructura delictiva” el ahora excontralor subrogante Pablo Celi y otras doce personas a las que la Fiscalía acusa de ser parte de un esquema de corrupción que solicitaba dinero a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y facilitar pagos de empresas públicas como Petroecuador.

El 14 de abril pasado con la formulación de cargos de la fiscal general, Diana Salazar, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova abrió una etapa de instrucción fiscal de 90 días contra nueve personas. A ese tiempo inicial, el 17 de mayo último, se le sumaron 30 días debido a la vinculación de cinco personas más, entre las que está el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

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Dentro de la primera quincena de agosto próximo se cerraría la instrucción fiscal cuyo expediente al momento llega casi a los 400 cuerpos. Parte de este son versiones, pericias de todo tipo, desmaterializaciones del contenido, como conversaciones de teléfonos celulares, asistencias penales internacionales llegadas desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros elementos que, según la Fiscalía, no solo hacen que la situación procesal de los investigados se mantenga, sino que se agrave, pues la información confirmaría la teoría que maneja Salazar.

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Esta fecha de cierre podría variar debido a que la fiscal general Salazar pidió, el martes último, al juez de la causa, Felipe Córdova, fije fecha y hora para una audiencia en la que se vinculará al proceso penal a Martha Elizabeth Barrezueta y a Daniel Mauricio Orellana. Con estas vinculaciones, el número final de procesados se elevaría a quince, aunque lo que no sufriría cambios es que al instrucción fiscal dure 120 días.

Salazar explicó que al estar dentro del plazo legal establecido de instrucción fiscal y una vez que dentro de la presente investigación han aparecido nuevos datos y suficientes elementos que hacen presumir la participación en el delito investigado de Barrezueta y Orellana, la Fiscalía pide una fecha para una audiencia en la que se formulará cargos y vinculará a ambas personas.

Para la defensa de Celi, Marcelo Ron, la información que presentó en la última audiencia la fiscal Salazar, en especial chats de conversaciones con funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría, para asegurar que hay más elementos en contra de su cliente, son chats de trabajo que no tienen implicaciones legales.

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Según él, se está tratando de sacar de contexto esa información para buscar “una espectacularidad en los mismos”, y así ante la “falta de argumentos jurídicos” se trata de presentar “elementos más mediáticos” para mantener en prisión al excontralor.

Ron tiene claro que con la renuncia al cargo de contralor subrogante, presentada la tarde del lunes último, las presiones políticas sobre la causa judicial no bajarán de ninguna forma.

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La fiscal Diana Salazar investiga una delincuencia organizada que habría ocurrido dentro de la Contraloría General del Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Esta estructura habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación de los dineros de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.

Salazar, durante la audiencia de vinculación en esta causa, explicó que los hechos que se analizaban hasta ese momento revelaban la existencia de una organización para planificar y ejecutar tramas delictivas relacionadas con el lavado de activos, concusión, entre otros delitos. Fiscalía presume que en la CGE se dio el desvanecimiento de seis glosas relacionadas con Nolimit por cerca de $ 13 millones.

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“La Ley establece que la Fiscalía tiene que actuar con objetividad y la objetividad establece que sean hechos reales, unívocos, directos, concordantes entre sí, ... y lo único que se tiene aquí son subjetividades y conjeturas que está sacando la Fiscalía. (...) Al menos en contra de Pablo Celi no existe el tema de delincuencia organizada, no existe la jerarquización, no existe ningún correo, chat o transferencia que revele que él recibió algún dinero o ha pedido dinero. Todas son conjeturas”, apuntó Ron.

Manuela Celi, hija del excontralor, en una entrevista radial aseguró que en este proceso le preocupan tres cosas: la sentencia anticipada a su padre que ha venido acompañada de un linchamiento mediático; que se siga el debido proceso en el caso, pues hay algunas irregularidades y mentiras en el proceso; y la prisión preventiva excesiva y no justificada que se mantiene.

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“A lo largo de este proceso hay una espectacularización del caso. Se ha mediatizado excesivamente y ahora con el tema de los juicios políticos se ha convertido en la plataforma para que quienes están buscando sus escenarios en la política, quienes buscan ir ganando la aceptación popular hagan uso del caso para presentarse como los grandes adalides de la lucha contra la corrupción”, refirió. (I)