Hasta el martes, Guillermo Lasso debe proponer una terna para dar inicio a la renovación de la autoridad de la Procuraduría del Estado

El procurador del Estado, Íñigo Salvador, se encuentra prorrogado en sus funciones desde el pasado 1 de agosto, en tanto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está a la espera de que el Gobierno nacional remita una terna para iniciar el proceso de renovación de esta autoridad.

El 4 de agosto último, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, solicitó oficialmente al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita la terna para la designación de un nuevo titular de la Procuraduría General del Estado.

El reglamento de designación da un plazo máximo de cinco días para que Lasso remita esta nómina, plazo que vence este 9 de agosto.

Se conoció extraoficialmente la posibilidad de que el mandatario proponga nuevamente el nombre de Salvador para su reelección en este cargo; y también se habría analizado la posibilidad de promover la participación de Álvaro Galindo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas (UDLA), aunque no se habría concretado.

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El periodo de Salvador concluyó el pasado 31 de julio. Fue posesionado por la Asamblea Nacional en el 2018, luego de un proceso de selección que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que presidió Julio César Trujillo (+).

En los registros públicos de la Procuraduría no se observa un pronunciamiento en el que se disponga la prórroga en sus funciones debido a la falta del proceso de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana.

No obstante, Salvador ha mencionado en declaraciones a medios de comunicación que se mantendrá en el cargo hasta ser legalmente remplazado, pues en otros pronunciamientos relacionados con prórroga de funciones —de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del contralor del Estado, Carlos Riofrío— se ha dispuesto que se mantengan en funciones para garantizar la ejecución de los procesos de las instituciones.

El mecanismo de selección de esta autoridad no atraviesa por un concurso público de oposición y méritos, sino que únicamente se hace la revisión de requisitos, impugnación ciudadana y la presentación de un plan de trabajo para aplicarlo a la entidad en el caso de ser nominado.

El reglamento para ejecutar el proceso determina que los tres candidatos que debe enviar el Ejecutivo acreditarán idoneidad, especialidad, experiencia, méritos y que no estén incursos en prohibiciones e inhabilidades.

Respetará la alternabilidad entre hombres y mujeres, y contará con el principio de interculturalidad. En la terna, el jefe de Estado deberá adjuntar las hojas de vida, las copias de cédula de identidad, las papeletas de votación vigentes, los títulos de tercer nivel en Derecho y los documentos originales o copias legalmente certificadas que avalen la hoja de vida, particularmente los que permitan comprobar la preparación académica y experiencia.

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Asimismo, las declaraciones juramentadas de los tres aspirantes deben acreditar el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades. Los respectivos certificados deben permitir verificar que no están inmersos en prohibiciones y deben ser emitidos con un tiempo no mayor a quince días antes de la postulación.

Para la constatación de la veracidad de los documentos, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana conformó un equipo técnico con servidores de la institución, quienes observarán que la documentación de los candidatos no esté incompleta; de estarlo, se solicitará al Gobierno que la complete en un término de dos días.

Una vez que se cuente con la información, se elaborará un informe de admisibilidad en un término de tres días para conocimiento de los consejeros.

Si se concluye que alguno de los integrantes de la terna incumple los requisitos, el CPCCS notificará en un término de dos días al Ejecutivo para que en otro término de cinco días complete la terna.

Concluida esta fase, se convocará a la etapa de impugnación ciudadana, en la que la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil pueden objetar la participación de los candidatos propuestos por incumplir requisitos, falta de idoneidad o probidad.

El Consejo resolvió que, solo si los tres postulantes son descalificados por efecto de las impugnaciones, se solicitará una nueva terna al presidente de la República en un término de cinco días y se dará paso a un nuevo proceso de selección.

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Una de las últimas etapas en este mecanismo es la exposición de los concursantes de un plan de trabajo para la institución respectiva en una audiencia pública, en la que los consejeros podrán hacerles preguntas.

En el término de un día, el pleno deberá resolver a cuál de los candidatos elige, con la debida motivación, y para la designación se contará con el voto de mayoría o por unanimidad.

Por otra parte, el primer mandatario también tiene plazo hasta este 9 de agosto para remitir una terna para designar a la primera autoridad de la recién creada Superintendencia de Protección de Datos.

En tanto que, para dar paso a un nuevo proceso de elección del titular de la Superintendencia de Bancos, Guillermo Lasso debe remitir la terna hasta este lunes, 8 de agosto, cuando concluye el término de cinco días que da el reglamento de selección, tomando en cuenta que Ulloa solicitó la terna el 1 de agosto.

Esto, luego de que una jueza de la Unidad Judicial de Samborondón en Guayas, Larissa Ibarra, nulitó la selección que realizó el CPCCS de Raúl González para esa dignidad y dictó medidas cautelares que impiden a la Asamblea Nacional posesionarlo. (I)