Una semana después de que el Gobierno anunció que denunciará a jueces corruptos que con sus decisiones han beneficiado a miembros de bandas criminales, la noche del martes el presidente Guillermo Lasso reveló los nombres de cinco jueces a los que calificó de “malos”.

El primero en ser mencionado fue Ángel Harry Lindao Vera, destituido juez multicompetente de La Concordia por manifiesta negligencia.

Lasso señaló que Lindao deberá ser investigado por la Fiscalía. Recordó que en junio de 2022 emitió una acción de protección para devolver bienes incautados al fallecido Leonardo Norero, alias Patrón.

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El exmagistrado también dispuso la liberación del asesino de un concejal cuando apenas había cumplido dos de los 24 años de sentencia. Y ordenó el traslado de Freddy Anchundia, líder de la banda R7, de la cárcel La Roca a la de Santo Domingo.

El segundo nombre que dio Lasso fue el de Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes. Dijo que este “mal juez” revocó la prisión preventiva de cinco presuntos antisociales, a pesar de que las fuerzas del orden los detuvieron con armas y drogas.

Y declaró inocentes a Jacobo Bucaram y a su padre, Abdalá Bucaram, quienes eran procesados por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales.

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El presidente de la República también habló de los jueces Mary Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón Bowen, por haber ratificado la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico.

Este caso le tomó a la Policía Nacional un año de investigaciones e inclusive fue coordinado por la DEA de los Estados Unidos, señaló el primer mandatario.

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Después dio el nombre de Émerson Geovanny Curipallo Ulloa, juez de Santo Domingo, que firmó más de quince boletas de excarcelación, “abusando de la acción de protección”, dijo Lasso.

“Extendió los efectos de medidas cautelares; habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión”, agregó el presidente.

El jefe de Estado dijo que cada uno de los jueces cuestionados “es una amenaza para la justicia y la paz”.

Exponer públicamente las identidades de los cinco magistrados fue una de las tres decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), indicó.

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Las otras dos acciones adoptadas fueron presentar una queja formal ante el Consejo de la Judicatura y formular una denuncia formal en la Fiscalía. De esto se encargará el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

Las otras funciones e instituciones del Estado deben sumarse a esta cruzada por la seguridad, comentó Lasso. (I)