Guido Egas Tello es coordinador de la veeduría ciudadana que integra a 478 personas acreditadas para observar el concurso de méritos para la designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado. El pasado jueves, Egas suscribió una comunicación a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) exponiendo su preocupación por una posible falta de transparencia que observaron en la primera etapa del concurso público, que al momento se encuentra en la fase de admisión de 156 postulantes a ser parte de la comisión ciudadana de selección del nuevo contralor. Demandan información y alertan de una falta de uniformidad en la revisión de requisitos de los concursantes, que podrá afectar la siguiente etapa que es la calificación de méritos. Piden correcciones al CPCCS. Egas también informó que al emitir esta alerta, recibió una amenaza.

¿Qué preocupaciones tiene la veeduría en lo que va del desarrollo del concurso?

La veeduría emitió una primera alerta sobre ciertos hechos que dan la impresión de que las cosas no se están llevando con transparencia. Como parte de las obligaciones que tenemos como veedores está precisamente el informar al pleno del Consejo si estamos viendo algo que no está avanzando dentro de un proceso adecuado.

¿Cuál ha sido su participación en la revisión de los expedientes de los postulantes. Han podido presenciar el proceso?

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En la primera etapa que es la conformación de la comisión ciudadana, los ocho funcionarios que integran el equipo técnico revisaban que los postulantes cumplan los requisitos, pero nosotros tuvimos dificultades para ingresar a la oficina en donde se realiza esta actividad. Como son ocho funcionarios, nos permitieron ingresar máximo dos o tres veedores, entonces no era posible realizar una veeduría efectiva porque ocho personas están revisando carpetas y estamos dos o tres veedores y va a haber siempre la posibilidad de que los otros cinco no realicen el proceso de manera adecuada. A pesar de eso, nos organizamos. Pero también, en el momento que pedimos que nos comuniquen cuándo van a reunirse para estar presentes, hubo compañeros que viajaron desde provincias a Quito y el rato que llegan, el equipo técnico suspendía la revisión de los expedientes y nos decían que van a continuar mañana. A última hora nos llamaban para indicarnos que había reunión, pero sabían que es difícil que estemos ahí, porque incluso se quedan hasta altas horas de la noche. Sí nos llama la atención esto porque cuando un proceso es transparente y se maneja dentro de un cronograma, con tiempo y responsabilidades, permite que nosotros también podamos participar.

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¿Qué criterios se tomaron para la revisión de los expedientes?

No había un criterio estandarizado de cómo evaluar ciertos requisitos. Había funcionarios que, por ejemplo, un certificado que le daba probidad notoria a un candidato, unos lo consideraban como válido, otros como no válido. Y como cada uno se encargó de revisar entre 20 y 21 expedientes, para cumplir con el trabajo, no había criterios uniformes. Eso nos deja la duda de que no se esté llevando con transparencia. Hemos ingresado cuatro oficios solicitando información sobre el proceso, pero a ninguno hemos tenido respuesta. Sin embargo, luego de enviar esta alerta, que la discutimos en una reunión con los veedores, hemos visto la curiosidad de la ciudadanía de saber lo que está pasando. Esperamos que después de esta primera alerta nos reciban en el pleno y se tome el camino adecuado. Además, que los consejeros tomen las medidas pertinentes para que estas cosas no se repitan.

En el informe elaborado por el equipo técnico se menciona de criterios subjetivos que tiene la ley del Consejo para admitir a los postulantes, lo que provocó que 63 de ellos fueran inadmitidos. Aunque el pleno pidió ampliar dicho informe. ¿Qué observaron ustedes cuando se hacía esta revisión?

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Vimos que había ciertas dudas de los funcionarios en cuanto a los criterios. Por ejemplo, si presentan un certificado de que se ha hecho un buen manejo de fondos públicos en los últimos cinco años, el criterio de uno era que era válido, y el de otro era que no, porque estaba fuera del plazo establecido. Otro criterio era que los comisionados deben cumplir los mismos requisitos que los consejeros del CPCCS, es decir, deben tener una experiencia de dos años (en trabajo con organizaciones sociales). Pero en los requisitos que se pedían es que sea de cinco años, entonces había esa contradicción. Porque si se deben cumplir los mismos requisitos que un consejero, que señala dos años, ¿por qué en el instructivo se señalan cinco años? Hay una serie de inconsistencias que se están visualizando incluso para la siguiente etapa que es la de la calificación de méritos. También se observó que se hicieron fe de erratas a los reglamentos por errores que se habían presentado. Uno por el tema de la formación académica y otro por la puntuación sobre liderazgo. Pero eso es como que cuando está empezando el partido te cambian las reglas de juego, lo que ha causado malestar en las personas que están participando en el concurso. Los concursantes deben entregar una declaración juramentada que cuesta su notarización hasta $ 200, por lo que vamos a recomendar en nuestros informes que estos costos corran por parte del CPCCS para que se garantice la participación ciudadana.

¿Han conocido alguna denuncia de parte de los postulantes?

Algo grave que conocimos fue que la postulante Alexandra Cevallos nos informó de que su carpeta está desaparecida. Es extraño, porque ella fue veedora, pero renunció para participar como comisionada. Su postulación a la veeduría se ingresó con el número 61 y también fue calificada como comisionada con el número 61. Dijo que ingresó los documentos y están perdidos, no sabe en dónde están. En la reunión que mantuvo la veeduría, ella lloraba de la indignación al ver que fue afectada por este tema.

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¿Y la admitieron o no?

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No le han dado ninguna respuesta. Ella tiene la constancia de que le recibieron la carpeta, pero no le dan información y aparentemente sus documentos están perdidos. Nuestro llamado al pleno del Consejo es que deje cualquier situación de intereses individuales, que parece que están apareciendo; además, que los siete consejeros se unan, porque están divididos y deben pensar en el país. Cuando solicitamos información, no nos dan. La lista de admitidos y no admitidos la conocimos en la sesión del pleno. Nosotros que hemos sido veedores calificados para el proceso no queremos ser invitados de piedra, sino que tenemos el derecho de acceder a información.

¿Han tenido alguna respuesta después de esta alerta que se hizo al Consejo?

Como resultado de esta primera alerta, lo que recibí fue amenazas. Esto es grave, porque vemos intereses que están empezando a jugarse en el proceso. Pero vamos a trabajar para que todo sea transparente. Recibí un mensaje de un número internacional que me dice: ‘Ten cuidado, no sabes con quién te metes’. Le respondí indicándole que son ellos los que no saben con quién se meten, porque la ciudadanía va a estar pendiente de que haya transparencia. (I)