Un grupo de activistas de los derechos de las mujeres presentó este 30 de marzo una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC) contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por no acatar lo dispuesto en la sentencia de este organismo, que estableció parámetros bajo los cuales debía elaborarse una ley para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación.

La norma se aprobó en la Asamblea Nacional el 17 de febrero pasado. El Ejecutivo envió un veto parcial el 15 de marzo siguiente, en el que modifica casi el 90 % del proyecto.

El documento ya fue tratado en la Comisión de Justicia de la Asamblea, la cual elaboró un informe no vinculante para el pleno en el que recomienda enviar el veto a la CC para que esta decida si las observaciones son constitucionales o no. Todavía no se ha colocado en el orden del día.

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Las mujeres solicitaron, en primera instancia, medidas cautelares para que se suspenda el trámite legislativo que estaba en curso; y luego, que se ordene a la Asamblea Nacional la devolución del veto parcial enviado por el presidente de la República para que este remita nuevamente sus observaciones en el plazo de 30 días, “las que deben ser alejadas de su interés y creencia personal y, en efecto, observar lo dispuesto por la Corte Constitucional” en la sentencia constitucional cuyo incumplimiento demandan; y que los plazos se suspendan, para que se vuelvan a activar cuando nuevamente sean remitidas las observaciones del presidente de la República respecto al proyecto.

Las demandantes cuestionan algunas de las objeciones planteadas por Lasso en su veto.

Por ejemplo, que se pongan requisitos para que las mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto; o permitir que la objeción de conciencia para dar paso a la interrupción del embarazo sea de forma colectiva o institucional además de personal; o que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los Niños puedan denunciar “infanticidios”.

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Los grupos provida no han previsto acciones legales contra el veto del Ejecutivo; estos habían pedido a Lasso que enviara una objeción total.

Martha Cecilia Villafuerte, una de sus dirigentes, explicó que están conscientes de que saldrá una ley, y que más bien se enfocarán luego en buscar las formas jurídicas de frenar sus efectos. (I)