Gremios de medios y periodistas exigen al Ejecutivo veto total al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación

El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, aprobado con 75 votos por la Asamblea Nacional este 21 de julio, ha causado un profundo rechazo en los gremios de medios de comunicación y periodistas del país, que exigen al presidente Guillermo Lasso vetarlo totalmente.

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Entre los puntos de las reformas más cuestionados, según la oenegé Fundamedios, están los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 33, y 34 que atribuyen competencias de protección de derechos a la Defensoría del Pueblo; así como el ejercicio de acciones constitucionales que le asistan.

El artículo 35 establece que se conformarán defensores de audiencias, quienes serán parte de la Defensoría del Pueblo y que tendrán por atribuciones realizar acuerdos de conciliación; recibir, conocer y estudiar consultas, reclamos y denuncias de la audiencia y procesarlos, entre otras.

Otros cambios que preocupan son el del artículo 2 que elimina la opinión como parte del contenido comunicacional y los de los artículos 9 y 11 del proyecto que establecen sanciones civiles “o de otra índole” a la libertad de expresión y que estarían yendo en contra de estándares internacionales.

Al igual que lo que se establece en el artículo 10 que amplía la censura previa a privados, lo cual puede afectar el principio de independencia editorial, y el artículo 43, que elimina de los medios comunitarios a las universidades y escuelas politécnicas.

Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), dice que las reformas son una evidente manifestación política y que desde el primer debate pudieron percibir que en la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) y los actores que invitaron a participar surgieron propuestas para el retorno a una “ley mordaza”.

Considera lamentable que el informe de mayoría, que recogía varios de los temas en los que participaron los gremios y comunicadores, no haya sido tratado y aparezca el de minoría con un enfoque reformatorio.

“Cinco o seis artículos dañan toda la Ley, el tema no es cuántos están buenos sino con cuántos intentan limitar”, menciona, y refiere que la nueva composición de la Asamblea y la aprobación de las reformas están demostrando cuál es su visión. “Mientras no exista un buen ambiente democrático, no es correcto cambiar la norma”, manifiesta, y agrega que el país cuenta con la suficiente legislación para el manejo de libertades.

Con lo sucedido, Rocha considera que “la democracia está bajo acecho, hay un mensaje muy fuerte de lo que está dispuesta a hacer esta nueva mayoría en la Asamblea”, apunta, y dice que Lasso debe dejar en claro que lo aprobado no se trata de su proyecto de Ley y que es algo que se ha distorsionado.

Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), cuenta que tomaron con sorpresa e indignación las reformas aprobadas en el Legislativo y que considera que el comunicado emitido por el Gobierno tras la aprobación de las reformas pudo haber sido más claro en que la decisión del Ejecutivo será el veto total y que con lo manifestado al decir “que evaluará las acciones pertinentes” deja abierta la posibilidad de que no lo sea.

“Nos hemos pronunciado para pedir a la presidencia el veto total”, dice, e indica que lo que más le causa preocupación es la creación de la figura de defensores de audiencias porque pasa al plano de subjetividad.

Peñafiel indica que luego del veto total es necesario que todos los gremios afectados se involucren para discutir una ley que no afecte a la libertad de expresión y no controle el pensamiento ni la opinión de las personas. “La mejor ley de comunicación es la que no existe, pero si la Constitución lo dicta pues hay que sentarse para que sea una ley razonable”, apunta.

César Ricaurte, director de Fundamedios, coincide en que con las reformas es evidente la intención de volver al pasado, un pasado que fue criticado por múltiples organismos internacionales y que hizo merecedor al país de una calificación de ser una nación no libre.

Subraya que su pedido al Ejecutivo es también que tenga lugar el veto total a las reformas. “Si hay coherencia, el rechazo que ha manifestado el Gobierno significaría también el veto, porque el presidente Lasso durante su campaña y al enviar un nuevo proyecto, porque esa era la intención original el tener una nueva ley que garantice la libertad de expresión, pero en este caso lo que tenemos es una ley que reforma la ley vigente (...) sería una incoherencia que el presidente apruebe o vete de forma parcial”, añade.

Ricaurte considera clave en estos momentos, además del veto, poder conseguir avances sustanciales en la legislación y cuenta que han solicitado que se extraiga todo lo que corresponde al mecanismo de protección a la prensa que se recogió exitosamente en el informe de mayoría.

“Ese mecanismo era uno de los grandes avances, lo ideal es que se cree vía decreto este mecanismo de protección al trabajo periodístico porque recordemos que la aprobación de estas reformas se da en medio del recrudecimiento de las agresiones, como lo que vivimos en el paro nacional”, refiere.

Según Fundamedios, “solo durante el paro nacional sumaron 164 las agresiones registradas con un saldo de 242 periodistas agredidos y un entorno de permanente y sistemática estigmatización y descalificación del trabajo de la prensa por parte de los sectores políticos que en el pasado reciente impusieron una mordaza a la sociedad ecuatoriana”.

Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), se une al pedido del veto total y expresa que lo que se necesita es que en la ley vigente se realicen ciertos cambios como que se incorpore que los medios digitales tengan las mismas obligaciones de los medios tradicionales ante las diferentes instituciones reguladoras.

Además de las reformas que le preocupan, dice que otro tema a considerar es que la ley vigente no tiene reglamento y que el presidente tiene que promulgar uno nuevo acorde a los derechos y beneficios que tienen los medios de comunicación en general. Cuenta que la ausencia de este reglamento está impidiendo la realización de concursos para la asignación de frecuencias.

Por otra parte, menciona que es urgente que el Ejecutivo apoye al sector de medios radiales, dictando vía decreto la liberación de impuestos de importación de equipos, tal como se ha mencionado para el papel, en el caso de los medios impresos. (I)